Puig y otros dirigentes socialistas en Aspe, para la llegada del agua del Júcar en mayo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Al fin una buena noticia, desde la óptica de los usuarios de agua de regadío en las comarcas del Vinalopó y l'Alacantí, en relación al trasvase del Júcar. Mientras por un lado el Gobierno cierra por sobreexplotados los acuíferos sin vincular los derechos 'expropiados' a la transferencia, a la vez que pacta un convenio provisional a nueve años para vender agua a los afectados a 26 céntimos, por fin se ha dado un paso adelante para aplicar la energía solar al trasvase.
Una propuesta de la que se ha hablado mucho en los dos últimos años, pero que aún no ha cobrado forma más allá de las declaraciones de turno de los dirigentes políticos implicados defendiendo esta apuesta por la energía verde para la transferencia, que además permitirá (o para eso se planteó) reducir el coste energético y, por tanto, el precio del metro cúbico. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí hizo llegar la propuesta al Ministerio en 2020, durante las alegaciones al Esquema de Temas Importantes (ETI) del plan de cuenca del Júcar, en fase de aprobación en el Consejo del Agua, y ahora por fin el Gobierno mueve ficha.
La sociedad estatal Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), heredera de la desaparecida Aguas del Júcar (creada para impulsar el trasvase) tras absorberla, ha sacado a licitación un contrato de más de un millón de euros para encargar un estudio de ingeniería sobre la aplicación de energía solar fotovoltaica a las estaciones de bombeo que toman parte en los envíos de agua entre València y Alicante. El estudio, muy preliminar, pretende arrojar algo de luz sobre dónde y de qué manera se podría instalar esa potencia fotovoltaica, y sobre todo, cuánta se necesita.
Estación de bombeo en el río Júcar, en una imagen de archivo. Foto: CHJEn el pliego de condiciones técnicas se especifica que las empresas de ingeniería que presenten sus ofertas al contrato con Acuamed deben aportar un estudio de alternativas (teniendo en cuenta todos los condicionantes en torno a la construcción de centrales fotovoltaicas), calcular la potencia necesaria para satisfacer la demanda energética de las estaciones de bombeo y proponer cómo adecuar dichas estaciones para aprovechar la energía solar de las nuevas plantas. Es decir, arrojar luz sobre la idea, de momento vaga, del Gobierno de alimentar el Júcar-Vinalopó con energías renovables.
El plazo de recepción de ofertas está abierto hasta el 20 de septiembre, y la apertura de plicas se ha fijado inicialmente para principios de octubre. Es decir, el Ministerio debería tener el estudio de alternativas y el anteproyecto de las instalaciones fotovoltaicas en la primera mitad de 2024, dado el plazo de ejecución de 21 meses. A partir de entonces, podría plantearse la forma de llevar la energía solar al trasvase, y cuánta, y por tanto se podría calcular el impacto económico del autoconsumo en el precio final del agua.
Paradójicamente, el Gobierno y los regantes han cerrado un principio de acuerdo para firmar un convenio a nueve años a partir de 2023 que ofrece un precio estimado para el metro cúbico de agua sin conocer aún el impacto de la energía solar en los costes de la transferencia. De hecho, el anteproyecto encargado ahora por Acuamed llegará en el segundo año de aplicación de dicho convenio, según el calendario previsto.
En todo caso, un informe encargado por la Junta Central a la Universidad Politécnica de València (UPV) en 2020 estimaba en hasta 17 céntimos de euro por metro cúbico la reducción de costes energéticos en la transferencia (el Ministerio ofrece ahora el metro cúbico a 26 céntimos a partir de 2023, y este año se está pagando a 29,5 céntimos). Para alcanzar dicho impacto, la UPV estimaba la inversión necesaria en 62 millones de euros, que se habrían amortizado en 10 años. Con este escenario, se podrían trasvasar hasta 35 hectómetros anuales a un precio asumible para los regantes, y se evitarían 30.600 toneladas de emisiones de CO2 al año. El informe, que es público, forma parte de las alegaciones presentadas al ETI en 2020, como se decía al principio de este texto.
Mientras, a la espera de que se avance en la idea de usar energía solar en el trasvase, y de que se firme el acuerdo para los próximos nueve años (aún sin conocer el potencial impacto de dicha energía), lo que sigue adelante es la batalla judicial abierta por la CHJ al aprobar los planes de actuación para los seis acuíferos del Vinalopó que se han declarado sobreexplotados. Dichos planes, como se ha explicado, consisten en reducir un 90% el caudal disponible para regadío hasta 2027, y con su aprobación y publicación en el BOE se abre la veda para que cada afectado a título particular presente contenciosos o reclamaciones patrimoniales, al margen del recurso que presentará la Junta Central.
