Teresa Ribera y Ximo Puig, durante un acto en Alicante en septiembre de 2021. Foto: EPALICANTE/MURCIA. En el terreno de los grandes debates hídricos que afectan a la Comunitat Valenciana, y específicamente a la provincia de Alicante, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene la costumbre de llegar tarde y a contrapié. Le pasó con la declaración de sobrexplotación del Vinalopó con el trasvase del Júcar por resolver (siguen en ello, con un convenio que debía firmarse en julio de 2022 y del que aún no se sabe nada). Le pasó con el trasvase Tajo-Segura, con un plan de cuenca del Tajo que lo complica y mucho. Y le ha pasado con la supresión por sorpresa de la subvención que Acuamed venía aplicando al agua desalada para compensar los menores recursos trasvasados.
La decisión del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera de mandar al Consejo de Estado el plan del Tajo sin la disposición adicional que permitía revisar en 2026 los caudales ecológicos del río cedente (en función de cómo mejorase Madrid la depuración del agua que devuelve al cauce), y al mismo tiempo no prorrogar el precio pactado del agua desalada (0,45 euros el metro cúbico) que venía del decreto anticrisis por Ucrania, parece condenar al campo alicantino y murciano, principales damnificados: menos posibilidades de que llegue el agua trasvasada que sí pueden pagar, y un precio prohibitivo para el agua desalada que debe compensar los menores trasvases. Sin contar con las continuas subidas de precio al suministro doméstico que tienen que aplicar los ayuntamientos que beben del Taibilla.
A Puig le ha pasado factura su estrategia de no confrontación en el terreno del agua, entendible si se tiene en cuenta que tanto en el Gobierno central como en la otra comunidad en discordia, Castilla-La Mancha, gobierna su mismo partido. Este martes, tras desayunarse con ambas decisiones, el Consell y el PSPV ponían el grito en el cielo y a través de distintos portavoces (incluido el propio Puig) exigían, reclamaban, y amenazaban. Pero la realidad es que llegan tarde, que el momento para presentar argumentos pasó, y que ahora todo depende de una decisión política en la que pesará, y mucho, que en menos de cinco meses hay elecciones municipales y autonómicas. Lo mismo aplica para Murcia, que sí hizo los deberes y será oída por el Consejo de Estado (que no suele cambiar los textos que le llegan). Pero allí, además, gobierna el PP, lo cual parece alejar del todo esa 'decisión política'.
En el actual escenario, que pinta negro para el campo alicantino y murciano y que puede disparar la intención de voto a Carlos Mazón, líder del PPCV, en su provincia (no es solo que Puig no se haya mostrado contundente en este asunto, es que cuando ha logrado arrancar un acuerdo de mínimos, no se lo han respetado), tiene mucho que ver el cálculo electoral que se hace en Ferraz. Y el económico que se hace en Moncloa. Acuamed estaba pagando de su bolsillo cerca de un euro por metro cúbico de agua desalada (con el precio de la electricidad, el coste se va a los 1,3 euros a pie de planta), y al mismo tiempo, las reservas de Entrepeñas y Buendía están muy próximas al nivel que automatiza los trasvases Tajo-Segura de máximos (38 hectómetros cúbicos) para abastecimiento y regadío.
Canal del trasvase Tajo-Segura, en una imagen de archivo. Foto: EPA estas dos variables, solo falta añadir el horizonte electoral, en el que Ferraz calcula que el 'voto del agua' le haría más daño en Castilla-La Mancha que en la Comunitat Valenciana (a partir de Elche hacia el norte, el Tajo-Segura se ve como algo ajeno), y con Murcia como feudo inexpugnable del PP que se da por perdido. Así las cosas, el Gobierno y el PSOE han decidido jugársela a la carta del trasvase 'obligatorio' (mientras no entre en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo) que probablemente tenga que aprobar en enero y quizá en febrero, para acercarse a las elecciones autonómicas y municipales ahorrándole millones de euros a Acuamed. Una sociedad estatal que, por cierto, responde de su gestión ante Patrimonio del Estado, no ante el Ministerio para el que trabaja, lo que explica que sea tan complicado arrancar una 'subvención' para el agua desalada que, además, está prohibida por Europa (cuya Directiva Marco del Agua obliga a recuperar el dinero invertido en las desaladoras).
En todo caso, sorprende la tibieza exhibida por el PSPV y el Consell de Puig hasta esta misma semana. Ya el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, tuvo que llamarle la atención en la Noche de la Economía por no alegar al plan del Tajo y abstenerse en su votación. Un movimiento que podría entenderse como una contrapartida a las inversiones del Ministerio en el Júcar y la interconexión de las desaladoras, dos proyectos de los que se beneficiará la Comunitat. Pero de momento, el Consell ya llega tarde a alegar o defender su postura ante el Consejo de Estado, donde sí está Murcia.
El Gobierno murciano envió un escrito al Consejo de Estado ante los cambios para el futuro del trasvase y el órgano consultivo concedió audiencia a la Comunidad, y le dio de plazo hasta el jueves para presentar toda la información que se estime oportuno. En estos momentos, según fuentes de Agricultura, se está elaborando el escrito pertinente en el que se recopilarán todos los argumentos necesarios para demostrar la necesidad del mantenimiento del trasvase tal como está, y que no existen criterios técnicos que indiquen lo contrario.
La clave que abre un resquicio de esperanza es que el Consejo de Estado ha remitido a la Región de Murcia el borrador del Real Decreto que debe aprobar el Consejo de ministros, de manera definitiva, próximamente. Y ese borrador cuenta con cambios de calado respecto al texto debatido y aprobado en el Consejo Nacional del Agua: se modifica la disposición adicional novena (la victoria pírrica de Puig), lo que implica que los recortes propuestos ya no están condicionados al estado ambiental del Tajo. En un principio ese recorte (al elevar el caudal ecológico) se vinculaba a un plan de seguimiento ambiental, y así venía recogido en el texto del que ahora se ha eliminado.
El consejero murciano, Antonio Luengo, señalaba este martes que "el pasado viernes se nos notificó que el plazo para las alegaciones terminaba el 5 de enero. Seguiremos advirtiendo sobre la arbitrariedad durante todo el proceso, y que la excusa que se había puesto para la reducción del trasvase en base a los caudales ecológicos era sólo eso, una excusa. Llegaremos al Supremo si es necesario". Antes, el próximo día 11 hay prevista una movilización masiva convocada por el Gobierno regional y los agricultores en Madrid.
