ALICANTE. El convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la sociedad estatal Acuamed y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí que debe regular el trasvase Júcar-Vinalopó ya tiene fecha de aprobación: será este lunes, en el Consejo de Ministros de la próxima semana (que se adelanta por el debate de investidura de Núñez Feijóo), según ha avanzado el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina. Se trata una medida muy esperada por el colectivos de regantes del Vinalopó y L'Alacantí. Según Urbina, "un anhelo de esta tierra desde 1420. Hace ni más ni menos que 603 años".
Hasta la llegada al Consejo de Ministros, el convenio ha tenido que superar varios obstáculos administrativos del Estado, como el área de Intervención o Patrimonio. Una vez se apruebe por el órgano ejecutivo, se tiene que realizar la firmar del documento por los representantes de los tres entes implicados. Confederación Hidrográfica del Jucar, Acuamed y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó.
El convenio a diez años prolonga el acuerdo alcanzado el pasado febrero para este verano, que ha permitido trasvasar 16,4 hectómetros a Alicante procedentes de recursos superficiales no asignados aguas abajo del embalse de Tous, a través de la toma situada en el azud de La Marquesa. El acuerdo definitivo, como ha contado este diario, establece inicialmente un precio de 24 céntimos por metro cúbico, aunque con revisión de tarifas año a año en función de lo cerca que se estime la consecución del equilibrio económico.
El Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de interés general del Estado, cuyo objetivo principal es la transferencia de caudales sobrantes desde el río Júcar hasta la cabecera de la cuenca del río Vinalopó, en las inmediaciones del municipio de Villena. Tiene una longitud aproximada de 95 km. Incluye 2 túneles, 4 estaciones de bombeo con un total de 45 MW de potencia instalada y 3 balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m3, entre otras. El presupuesto total superó los 335 millones de euros, de los que la Comisión Europea ha financiado 120 millones de euros.
