Algunos de los bloquesELCHE. La semana pasada la Junta de Gobierno aprobó la relación definitiva de bienes y derechos afectados por las expropiaciones de San Antón, de cara a que el Ayuntamiento pueda hacerse con ellos para seguir con la Fase 1 del Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana) del barrio, y que supondrá la demolición de los primeros cuatro bloques. La relación consta de veinte pisos y 24 locales comerciales. Mientras tanto, Pimesa, empresa municipal promotora del proyecto, sigue trabajando para el realojo de varias vecinos aún en los antiguos pisos, con distintas casuísticas por resolver.
Este proceso paulatino de expropiación sigue después de que en mayo 2023 se aprobara un primer expediente inicial en el que la relación era distinta, entonces de 55 fincas (una treintena de viviendas y el resto bajos comerciales), que ahora se reduce a 44 (19 viviendas, 24 locales comerciales y una finca sin determinar). Algunas de ellas de casos de vecinos que ya están en los nuevos pisos, y otras fincas que aún mantienen cargas hipotecarias. Según la cifra aportada por los servicios técnicos el año pasado, la valoración total de las viviendas y locales afectados llegaba a los 604.146,43 euros.
Ahora que se ha publicado la relación definitiva después de un largo trámite (se empezó a trabajar en él en 2022) es cuando arranca el procedimiento expropiatorio. El Ayuntamiento ya aprobó nombrar a Pimesa como beneficiaria de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, ya que es quien está promoviendo todo el Arru desde hace años. Una fórmula que se utiliza para aquellos propietarios o familias que no tienen recursos suficientes para entregar su vivienda a la empresa municipal y pagar la diferencia entre el valor de la vieja y la nueva. Asimismo, ahora hay opción no solo de derechos de compra, también hay pisos reservados para alquiler asequible, modalidad en la que ya ha ido entrando vecinos desde el año pasado.
Respecto a la tipología de situaciones que hay ahora con los vecinos que quedan, se dividen en tres tipos de caso. Por un lado gente que tiene viviendas pero que no tiene interés en los nuevos, por lo que van a la expropiación y simplemente cobrarán la indemnización, pasando sus derechos a titularidad municipal. Después hay un segundo grupo de unas tres personas que aún no han tomado la decisión de entrar en los nuevos pisos, son los que no quieren irse, aunque tienen vivienda reservada. "Estamos gestionando con alguna de ellas que puedan entrar si quieren, y si no quieren, la propia expropiación les obligará a entrar en las nuevas o a otra solución", explicaba este martes el gerente de Pimesa, Antonio Martínez.
Y por último hay tres o cuatro okupaciones y que no tienen derecho a vivienda nueva. Se están tratando en Servicios Sociales del Ayuntamiento para darles una solución. "Lo que está claro es que el interés general primar sobre el particular en estas circunstancias, en las que tenemos que derribar los edificios porque si no afectará a las siguientes fases", indica el gerente. Y que las subvenciones están vinculadas al derribo, como estimula el acuerdo. Martínez explica que la gente que queda está en situación de riesgo porque las casas están declaradas en ruina y están deterioradas (como fue uno de los casos del bloque 11, cuyo propietario ya está en uno de los pisos nuevos). "Sin asustar, pero son conscientes de la realidad", aclara Martínez.
Los casos más problemáticos han sido los de las ocupaciones, "algunas las hemos podido frenar, gestionado situaciones para sacarles de allí". El gerente de la empresa municipal explica también que algunos casos son ocupaciones antiguas, de inquilinos que no han pagado el arrendamiento y se han quedado. "No hay una okupación masiva, de 288 viviendas, son unas 4 las de estos casos y la mayoría de los pisos están vacíos", finaliza.
Por último, cabe resaltar que alguno de los pisos sigue siendo propiedad de una empresa, y no tiene derecho a subvención ni compra. Como no lo ha vendido, se le dará un justiprecio con el valor del suelo y ya está. En alguna de ellas la Generalitat ejerció el Derecho de Tanteo y Retracto. Hasta que no finalice la expropiación, que afecta a los inmuebles entre las calles Pintor Benedito, Alingasa, Aladia y Marchena, no es podrá demoler, algo que desde el Consistorio se espera que pueda tener lugar en algún momento de 2024.
Respecto al nuevo inmueble que se está construyendo, el cuarto, a priori está en ciernes de finalizar (en enero estaba a más del 80%), porque el equipo de gobierno lo visitará este viernes.
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