SANTA POLA. El Ayuntamiento de Santa Pola libra una batalla judicial contra todas las decisiones que afecta al aspirante a inspector de la Policía Local, Iñaki Cantonet, que ganó la oposición en junio de 2019, pero que con el cambio de signo político del equipo de gobierno, la decisión quedó en suspenso por el recurso de otro aspirante. Desde entonces ha recurrido todas las decisiones favorables a Cantonet e, incluso, ha intentado apartar a la juez que ha dictado las resoluciones sobre la cuestión; la última, la decisión de permitir que Cantonet fuera inscrito en el curso del Ivaspe y que pudiera seguir con la formación para ser inspector, independientemente de que la resolución de la plaza no estuviera definitiva.
La última decisión del Ayuntamiento de Santa Pola fue plantear un conflicto de competencias ante las últimas resoluciones del juzgado número tres de Elche. Y ahora, meses después, el Supremo ha resuelto ese conflicto y le ha dado la razón al juzgado ilicitano y también de la Audiencia de Alicante, que avaló los fallos de la primera instancia. Considera el Supremo que el consistorio santapolero "no tiene razón en cuanto al conflicto jurisdiccional suscitado, pues en ningún caso dicha medida cautelar va a determinar en último término ni la validez de la inscripción en el curso del querellante ni su eventual nombramiento como policía local".
Y que en todo caso -añade la resolución del Supremo- está la vía contencioso administrativa para dilucidar la validez del procedimiento. "Tanto la inscripción (del aspirante a inspector) en el citado curso como su superación y posterior nombramiento como funcionario de carrera, de llegar a producirse, serán finalmente declarados válidos o no en los procedimientos contencioso-administrativos de que se ha dado cuenta. Hasta ese momento, toda la prosecución del proceso selectivo es cautelar, no definitiva, y dependiente del desarrollo de los procesos en ambas jurisdicciones y, en último término, de la resolución de los procedimientos contenciosos administrativos incoados".
Considera por tanto el Supremo que las decisiones del juzgado de Elche y de la Audiencia, de validar la inscripción del querellante en el curso del IVASPE como funcionario en prácticas "no invade las competencias municipales sobre el nombramiento de sus funcionarios dada la naturaleza cautelar de dicha inscripción que impide que tanto la inscripción como los resultados del curso tengan asegurada su validez".
El origen del conflicto es un decreto del Ayuntamiento de Santa Pola por el que se deniega la inscripción del aspirante a inspector al curso del Ivaspe. Entonces, el afectado recurrió al juzgado y éste dijo que era la vía contenciosa-administrativa para resolver el conflicto. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante, en su sede de Elche, sí que concedió la medida cautelar al afectado y permitió que fuera inscrito en el curso. El Ayuntamiento de Santa Pola, por su parte, había defendido que el proceso selectivo estaba suspendido por la medida cautelar adoptada por el Juzgado contencioso en el procedimiento contra el Decreto 2704/2019 y por lo tanto, resultaba coherente que denegase al aspirante a policía municipal la inscripción en el curso del IVASPE que había solicitado.
