El cartel que informa sobre la prohibición del baño en la Playa de San Gabriel de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Nuevo pronunciamiento favorable a la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur de Alicante. El titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 ha resuelto acordar la ejecución provisional de la sentencia previa, dictada el pasado mes de junio, por la que conminaba al Ayuntamiento a retirar el cartel de prohibición al baño situado sobre la arena de la Playa de San Gabriel. En esa sentencia, el juzgado entendía que la administración local había colocado "en la playa San Gabriel unos carteles de prohibición del baño sin seguir ningún procedimiento y sin citar la relación de preceptos normativos que pudiesen resultar de aplicación".
Además, concretaba que si el Ayuntamiento entendía "que la playa se tiene que clasificar de uso prohibido debe poner en marcha el procedimiento legalmente establecido y aplicar la normativa que resulta de aplicación a partir del contenido de los informes técnicos que contengan las razones o motivos por los que la playa puede ser clasificada como libre, peligrosa o de uso prohibido".
Ahora, cerca de tres meses después, el auto por el que se acuerda la ejecución de dicha sentencia, insta al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), a suprimir dicho panel informativo sin esperar a que se dirima el recurso de apelación presentado por la representación legal municipal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Como informó este diario, los servicios jurídicos municipales acudieron al alto tribunal autonómico al discrepar de la argumentación del Juzgado de lo Contencioso en la medida en que sí existiría "un expediente para adoptar el acto impugnado, que es la simple colocación de un cartel advirtiendo que el baño ahí esta prohibido, y que ha sido adoptado tras informes que constan en el expediente, todos los cuales el Juzgador ha ignorado por completo".
Además, en ese recurso, los letrados del servicio jurídico municipal detallaban que existe otra sentencia paralela, dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 que "conoció previamente del asunto, y adoptó una resolución homologando la adopción por parte del Ayuntamiento de la colocación del cartel".
En esta línea, el escrito de apelación municipal argumentaba que, de dicho expediente administrativo, se deducía que el Ayuntamiento, previamente a dictar la resolución de prohibición del baño y colocar el cartel informativo, "sí que realizó actuaciones e informes que justificaban debidamente la colocación de dicho cartel, justificando suficientemente las razones por las cuales tal playa no reúne las condiciones para que sea considerada playa abierta al público en general". Esas razones, según el recurso, quedaban plasmadas en un informe elaborado por la jefa del servicio de Turismo y Playas en el que, según el recurso, se hace "un exhaustivo examen de la playa de San Gabriel, la cual no esta conceptuada como tal y la Ordenanza de Playas del Ayuntamiento". "Solo esta falta de catalogación como tal a efectos municipales es motivo suficiente para que el ayuntamiento pueda colocar un cartel de prohibición del baño", añadía el recurso.
Sea como fuere, el Juzgado de lo Contencioso número 2 se limita a acordar la ejecución provisional de su propia sentencia sin analizar los nuevos argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento, tras considerar que el cumplimiento de la sentencia "no crea ninguna situación irreversible ni perjuicio de imposible reparación". Además, en ese auto, el juzgado también rechaza que se proceda a solicitar una fianza o caución a la asociación vecinal demandante para resarcir esos hipotéticos perjuicios, como solicitaba la representación legal del Ayuntamiento en su escrito de oposición a la solicitud de ejecución de la sentencia. En concreto, en ese escrito planteaba que se requiriese a la asociación el depósito de un aval de 100.000 euros.
De ahí que portavoces del colectivo de residentes señalase este viernes, a través de un comunicado, que el auto confirma " la obligación del Ayuntamiento de Alicante y la Concejalía de Playas de cumplir los términos de la sentencia ratificada, es decir, retirar inmediatamente la cartelería de la prohibición del baño y la aceptación de la condición de playa urbana de la playa de San Gabriel con la misma catalogación que la Playa del Postiguet".
En este sentido, la asociación ratificó su pretensión de "exigir por tanto al Ayuntamiento de Alicante, al señor alcalde y a la señora concejala de Playas, que cumplan con la Ordenanza Municipal de Playas y dote a la playa de San Gabriel" y procure "todos los equipamientos y servicios propios de toda playa urbana: limpieza, instalación de papeleras y lavapiés, así como velar por la seguridad de los bañistas instalando un puesto de socorrista y sobre todo garantizar que las aguas cumplen los objetivos de calidad establecidos por ley realizando las analíticas y controles exigibles, que deberá hacer públicos y accesibles a la ciudadanía".
Vista del arenal, desde la pasarela de acceso. Foto: RAFA MOLINAAdemás, el colectivo incidió en que este último extremo "no les supondrá ningún problema, ya que el propio Ayuntamiento aseguró en sede judicial, y así lo refleja la sentencia, que las instalaciones de saneamiento y depuración situadas en el entorno de la playa no vierten aguas residuales, sino 'aguas depuradas que no son contaminantes'".
Al margen de ello, la asociación añadió que "llama la atención la sorprendente e indignante argumentación utilizada por el Ayuntamiento alicantino (y no admitida por el Juzgado) al considerar que la ejecución de la sentencia, o sea reconocer la playa (como es su obligación en cumplimiento del PATIVEL) y levantar la prohibición del baño, supondría un perjuicio para el Ayuntamiento 'de imposible reparación', valorando ese perjuicio en 100.000 euros que solicita al Juzgado sean depositados por esta Asociación vecinal en términos de caución o garantías para dar respuesta a estos 'perjuicios', con un claro ánimo vengativo y disuasorio contra una asociación que solo pretende el reconocimiento, los servicios y el cuidado legítimos de un bien de interés público para nuestra ciudad".
Así, sus portavoces consideraron que resulta "incomprensible que el equipo gobernante del Ayuntamiento de un municipio costero como es Alicante considere un perjuicio de difícil reparación contar con una playa más para sus vecinos y vecinas y que complemente la oferta turística de Alicante".
Por su parte, fuentes municipales consultadas señalaron que el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir con la legalidad y que asumirá la ejecución de sentencia en sus propios términos (lo que conllevaría la retirada del cartel de prohibición) a la espera de que pueda existir un pronunciamiento definitivo al recurso de apelación planteado ante el TSJCV. Además, las mismas fuentes incidieron en que, hasta el momento, el Ayuntamiento se ha limitado a seguir las indicaciones de la justicia, ya que existe una sentencia previa en la que se conminaba a ordenar el cierre de la playa acordando la prohibición al baño en respuesta a otra demanda presentada por otro colectivo de residentes, la Asociación de Consumidores José María Mena.
