El bipartito de Alicante 'entra en campaña' y agita la bandera del agravio tras los anuncios del Consell

ALICANTE. Si hay una línea constante en los más de tres años de permanencia del popular Luis Barcala en la Alcaldía de Alicante es el de la reivindicación. La planteó ante el Gobierno central y ante el Consell a partir de abril de 2018, tras ser investido con el voto en blanco de la edil no adscrita Nerea Belmonte, y la mantiene desde junio de 2019, tras su pacto de gobierno con Ciudadanos (Cs). El mensaje que los populares comparten ahora con sus socios es el de la reclamación de inversiones pendientes que no se han ejecutado bajo los sucesivos gobiernos de PSOE y PP en Madrid, o del PP y las dos experiencias del Botànic registradas hasta ahora en el gobierno autonómico. 

Lo cierto es que, por unos o por otros, Alicante no ha contado con el riego de millones e infraestructuras que sí han propiciado la transformación urbanística de la ciudad de València. Y el actual bipartito de Alicante está dispuesto a explotar esa evidencia hasta las últimas consecuencias. Ahora, si cabe, más que nunca, en un contexto en el que se sigue especulando con la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat. Cuando menos, el PPCV ya está en ese escenario. Los carteles promocionales de su nuevo presidente, Carlos Mazón (a la sazón, concejal en Alicante y presidente de la Diputación), ya se dejan ver en las calles de las principales ciudades de la Comunitat. Y hasta la síndica popular en les Corts, María José Catalá, no dudó en reclamar sin tapujos ese anticipo de la cita con las urnas durante su intervención en el Debate de Política General, este lunes, tras asegurar que su partido ya estaba preparado.

Así que ni el PP de Alicante, ni sus aliados de Cs, iban a ser menos. Precisamente, porque en ese mismo foro -el Debate de Política General- el bipartito halló otra coartada perfecta para volver a blandir la bandera del agravio comparativo: el listado de iniciativas enumerado por el presidente del Consell. En su discurso, al margen de reiterar proyectos ya conocidos, Ximo Puig, incluyó la ubicación definitiva del Centro de Envejecimiento junto a las instalaciones de IFA. Es decir, en el término municipal de Elche, pese a que se había anunciado inicialmente en Alicante. La consellera de Innovación, Carolina Pascual, tuvo que precisar este martes que el proyecto se convertiría en un punto de conexión entre los términos municipales de las dos ciudades. Pero para entonces, el bipartito ya había disparado. Primero con la crítica: sus portavoces, Antonio Manresa (Cs) y Manuel Villar (PP), no desperdiciaron la comparecencia semanal para dar cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno para reprochar el "incumplimiento" de Puig por el traslado del Centro de Envejecimiento a Elche. Y, segundo, con el planteamiento de una propuesta alternativa: ambos defendieron que el Ayuntamiento estaba dispuesto a ofrecer suelo alternativo para que pudiese situarse en Alicante el Centro de Tratamiento de Datos promovido por la compañía valenciana Nethits, también anunciado por Puig en les Corts, con ubicación en el entorno de la ciudad de València.

La propuesta no se acompañó de demasiada concreción. Manresa solo apuntó que existía suelo industrial en el Pla de la Vallonga o en el Llano del Espartal, por ejemplo, pero no fue más allá. Tampoco llegó a indicar si ese suelo era de titularidad municipal o de propiedad privada. Y, en su exposición, también se obvió que, en el caso de dicho centro de datos, el papel de la Generalitat se limitaría al de ser un facilitador de los trámites administrativos y de la búsqueda de suelo, pero que habría sido la propia empresa, enraizada originariamente en Albal, y sus socios inversores quienes habrían escogido el emplazamiento para ese proyecto, y no el Consell.

Sea como fuere, en esa misma comparecencia conjunta, los portavoces del bipartito de Alicante se refirieron al retraso en la ejecución de otras infraestructuras que sí dependen directamente de la Generalitat. Así, aludieron al retraso en la construcción de los tres centros de salud anunciados en el Garbinet, en el PAU II y en Playa de San Juan (que ahora se encuentran en fase de licitación), así como el hecho de que tampoco se haya llevado a cabo la construcción de ningún nuevo colegio (esté incluido o no en el Plan Edificant) o instituto después de seis años de mandato de Puig al frente de la Generalitat (los cuatro primeros, en alianza con Compromís, y los dos restantes, también con Unides Podem). 

Con todo, los representantes del bipartito no hicieron mención alguna a los problemas registrados en la tramitación de los acuerdos previos que resultan necesarios para la ejecución de todas esas dotaciones -como la cesión del suelo- en los que se sigue registrando un cruce de comunicaciones entre la Generalitat y el propio Ayuntamiento sobre requerimientos y subsanaciones pendientes, sin que se sepa a ciencia cierta de quién es responsabilidad; ni tampoco si existe intencionalidad en ello, con el fin de postergar o bloquear la ejecución de esas inversiones.

Sea como fuere, en ese listado de infraestructuras pendientes, Manresa y Villar también incluyeron la construcción de la estación del tranvía en Renfe y el tramo de conexión desde la estación de Luceros "anunciada desde el pasado mandato". Y aquí tampoco aludieron a la finalización del túnel del tranvía a su paso por la Serra Grossa, que el PP, con Fabra como jefe del Consell, dejó inacabada por problemas presupuestarios. 

Por último, a todo ese argumentario, también se añadió la propuesta de compra formulada por la Conselleria de Cultura sobre las acciones del Ayuntamiento en la comunidad de bienes propietaria del Teatro Principal. Como también ha informado este diario, el anuncio conocido el pasado jueves ha derivado en una contraoferta por la que sería el Ayuntamiento el que estaría dispuesto a adquirir las participaciones de la Generalitat y, llegado el caso, también las del Sabadell con el objetivo de que el teatro pudiese seguir gestionándose desde Alicante. 

En este caso, el rechazo a la oferta del Consell también se ha acompañado con la crítica a la falta de inversión en acciones culturales en Alicante. Como señaló el propio alcalde este lunes, el equipo de gobierno maneja informes internos en los que se calcula que Cultura solo habría destinado un 7,5% de su presupuesto a la provincia, frente al 15% destinado a la de Castellón o el 77% dedicado a la de Valencia. Así que, lejos de aplacarse, todo parece indicar que la espiral de reivindicaciones tendrá continuidad en el futuro.