Los edificios de los platós del complejo de Ciudad de la Luz. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. El Consell vuelve a cambiar el rumbo sobre el futuro del complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz. La nueva orientación llega en forma de desestimiento del concurso que se había convocado durante la pasada legislatura para disponer de un equipo gestor profesionalizado encargado de asumir la gestión de los estudios, situados en la partida de Aguamarga de Alicante. En su lugar, la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) opta por convocar otro nuevo proceso de licitación que, en realidad parte con el mismo objetivo, pero ajustado a las nuevas necesidades que se habrían detectado ahora, en los primeros meses de reactivación de su funcionamiento en los que los platós han acogido sus primeros rodajes tras el fin anticipado de la sanción impuesta por la Unión Europea (UE) por vulneración de las normas de competencia.
Ese futuro concurso se pretende promover, además, con un particularidad añadida: la aspiración de conseguir un ahorro de cerca de 300.000 euros anuales, lo que conllevaría una reducción del gasto público de más unos 1,6 millones al fin del periodo de cinco años por el que se había convocado esta última licitación. Esa reducción de costes derivaría de un ajuste en cuanto a las necesidades de personal que se había previsto en el pliego anterior, de forma que, de las once personas previstas hasta ahora, se pasaría a requerir solo cuatro: las que se consideran necesarias para dar cobertura a las exigencias detectadas.
Es más, entre los argumentos considerados para justificar el desestimiento, se incluiría la posibilidad de subcontratar otros servicios para ganar flexibilidad en la disposición de una red de agentes comerciales extendida en el ámbito internacional encargada de promocionar las prestaciones de los estudios y captar nuevos rodajes.
Por partes. La decisión sobre el desestimiento, que ya se habría comunicado a los licitadores que participaron en la convocatoria, se produce siete meses después de que se acordase adjudicar el contrato a la empresa MBS Ciudad de la Luz: la propuesta que había conseguido la mayor puntuación. No obstante, ese acuerdo no llegó a formalizarse con la firma del contrato, a la vista de que otra de las empresas que concurrió a la licitación (el grupo Secuoya) había recurrido el acuerdo de adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) al advertir supuestos errores en la valoración de la oferta de la propuesta seleccionada.
Y lo cierto es que ese recurso tuvo éxito, ya que el órgano adscrito al Ministerio de Hacienda admitió parcialmente esa impugnación en una resolución en la que acordó excluir la propuesta de MBS Ciudad de la Luz al concluir que había concurrido a la licitación sin disponer de la solvencia técnica propia que se requería. El TACRC concluía que la empresa solo había aportado un acuerdo con MBS Group por el que esta le cedía sus medios, lo que resultaba motivo suficiente para que quedase apartada del concurso, como informó este diario.
La resolución del TACRC abría la puerta a que MBS Ciudad de la Luz defendiera la adjudicación del contrato mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Y esa posibilidad se habría acabado materializando ahora, con la interposición efectiva de ese recurso ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), cuya resolución podría demorarse cerca de un año (siempre que, después, no se diese el paso de acudir a la instancia superior, con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo).
Hasta el momento, la SPTD se había decantado por medir los tiempos sin adoptar ninguna resolución expresa desde que, en marzo, tuvo conocimiento de la decisión del TACRC. En ese escenario, podía haber mantenido la vigencia de la licitación promoviendo una nueva propuesta de adjudicación del contrato en favor del segundo mejor clasificado en el concurso: precisamente, el Grupo Secuoya. Sin embargo, tras analizar alternativas, ha acabado decantándose por desistir del concurso para convocar otro ajustado a los recursos que se consideran realmente indispensables tras el bagaje acumulado en los primeros meses de gestión directa, en los que las riendas del complejo han quedado a cargo del personal propio de la SPTD.
Por el momento, no han trascendido ni la fecha para la nueva convocatoria, ni sus condiciones o su presupuesto concreto. A priori, no podrá convocarse hasta que se complete toda la fase administrativa para que el desestimiento cobre eficacia, ya que los seis licitadores que concurrieron al concurso tienen la posibilidad de presentar recurso contencioso-administrativo contra esa decisión.
En la hipótesis de que la renuncia acabe consolidándose, la SPTD acabaría promoviendo el tercer concurso con el mismo fin, después de que se renunciase, primero, a contratar los servicios de un director, y de que, después, se optase por un equipo gestor, en un procedimiento que la nueva administración autonómica bajo el gobierno PP-Vox sometió a revisión y acabó validando casi con las mismas condiciones que había previsto el Consell del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem EU): todas, salvo la incorporación de profesionales del sector audiovisual en la comisión de valoración de las ofertas.
Entre tanto, el complejo continúa acogiendo el rodaje de nuevas producciones tras el paso de la tercera entrega de la saga Venom, de Mala influencia, o de El cautivo -entre otras- en un calendario en el que habrían compromisos concertados hasta final de año, sujetos a cláusulas de confidencialidad en la mayoría de los casos, según fuentes consultadas.
