Antifraude traslada a Fiscalía la inacción de dos alcaldes de Benidorm frente al bar de la isla

BENIDORM. La Agencia Valenciana Antifraude actúa frente al controvertido bar de la isla de Benidorm y traslada a la Fiscalía las conclusiones sobre las irregularidades apreciadas en su funcionamiento. En concreto, en un informe adelantado por eldiario.es, considera que al menos los dos últimos alcaldes del municipio, el socialista Agustín Navarro, y el popular Toni Pérez, no han intervenido a lo largo de sus años de mandato para tratar de atajar la situación de dicho negocio, pese a ser conocedores de que el establecimiento no dispone de los permisos requeridos para ejercer la actividad desde hace cerca de cincuenta años, al situarse sobre dominio público protegido.

Así, según el informe publicado por eldiario.es, el organismo adscrito a las Cortes encargado de combatir el fraude y la corrupción en la Comunitat estima que el comportamiento de los dos políticos benidormenses "induce a pensar en un designio, una consciencia y voluntariedad de infringir el derecho torciendo los intereses generales" al no haber adoptado la decisión de clausurar el negocio. 

En esta línea, el dictamen añade que ni Navarro ni Pérez no guiaron su actuación hacia "lo que la ley exige y que sería ordenar el cese de la actividad supuestamente clandestina que se está ejerciendo en la isla de Benidorm desconociéndose, por parte de esta Agencia, cuál es la finalidad pretendida permitiendo la continuación de una actividad con estas características". Y añade que "resulta del todo injustificable que no se realicen las acciones necesarias para hacer cumplir la legalidad en lo que a la actividad de restauración desarrollada en esas instalaciones se refiere, pareciendo existir algún tipo de voluntad en los regidores del Ayuntamiento de Benidorm más allá del estricto cumplimiento de la ley dando lugar, de esta manera, a todo tipo de acciones que permiten la continuidad de la actividad ilegal desarrollada".

Con esas apreciaciones, la agencia presidida por Joan Antoni Llinares, resuelve remitir su dictamen a la Fiscalía para que dilucide si los hechos descritos (la permisividad por parte de los respectivos gobiernos de Navarro y Pérez) pueden ser o no constitutivos de delito.

Como publicó Alicante Plaza, el bar de la isla volvió a abrir una nueva temporada más el pasado mes de junio pese a la polémica sobre su situación administrativa. En la actualidad, la licencia de apertura está rechazada por parte del Ayuntamiento de Benidorm, a pesar de que sus propietarios manifiestan tener un permiso concedido hace años y haber pagado al consistorio algunas tasas por tener abierto el local. La última orden que pesaba sobre el restaurante era la de cierre, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica.

No obstante, según fuentes municipales, dicha orden estaría en suspensión como medida cautelar solicitada por parte del Ayuntamiento. La administración local reclamó a Costas que paralizará su derribo y que estudiase la viabilidad de conservar el edificio tras su reconversión en un centro medioambiental provisto de un pequeño bar.