Alicante cede ante las empresas del sector y sube los costes de personal en la contrata de la limpieza

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante introduce un nuevo ajuste en su planificación para poder licitar la contrata de limpieza viaria y recogida de la basura. Lo hace, además, en respuesta a las alegaciones formuladas por la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) en uno de los documentos clave del proceso a la hora de determinar el importe de la licitación y, en consecuencia, el precio del servicio: la estructura de costes.

En concreto, Aselip había objetado que el porcentaje de gastos relacionados con los costes de personal previstos por la Concejalía de Limpieza, de un 50,23%, quedaba "muy por debajo del resultante de la media aportado por los operadores" del sector a los que se solicitó informes para elaborar la propuesta. Según Aselip, esa media quedaba en el 64,30%. Además, incidía en que esa diferencia era relevante en la medida en que podía dificultar la recuperación de inversiones "y el mantenimiento del equilibrio financiero" en la prestación del servicio, al tener influencia directa sobre la fórmula a aplicar para la revisión de precios durante la ejecución del contrato.

Los técnicos del departamento municipal que coordina el edil Manuel Villar (PP) estudiaron esa alegación de la asociación empresarial y consideraron razonable, al menos, resituar ese porcentaje para fijarlo en el promedio entre los dos datos: el previsto de partida por el Ayuntamiento y el resultante de todos los propuestos por los operadores consultados. Así se fija ahora en el 57%, en función de la propuesta de modificación aprobada este martes en Junta de Gobierno. Y todo pese a subrayar que, en el caso de la estructura de costes inicial se había considerado que la mayor parte del peso del contrato que se pretende licitar recae en la mecanización y en los medios tecnológicos, más que en el personal. 

No obstante, los técnicos rechazan la segunda alegación planteada por la asociación y descartan que pueda considerarse la fecha de adjudicación como momento de inicio para el cómputo de los plazos de revisión de precios del contrato. Así, se mantiene que ese cálculo comenzará a contabilizarse a partir de la fecha de la formalización del contrato.

¿Qué implicaciones tiene esas dos decisiones? La primera, ya apuntada, es el previsible incremento del precio de licitación del contrato y, en consecuencia, de su coste anual. Antes de incrementar el porcentaje asignado al coste de personal, se preveía que el concurso sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos pudiese convocarse por un precio de 346,2 millones por los ocho años de duración. O lo que es lo mismo, 43,2 millones al año, como informó este diario.

Y la segunda consecuencia es que, ahora sí, se cubre una nueva etapa del proceso administrativo para poder plantear ese concurso. Fuentes municipales consultadas indicaron que la revisión de la estructura de costes se remitirá ahora a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana para que se produzca su evaluación y su previsible aprobación.

La revisión supone un incremento en el futuro coste del servicio, estimado hasta ahora en 43,2 millones anuales

De este modo, salvo contratiempo inesperado, se estima que el pliego del concurso pueda dejarse en manos del departamento de Contratación en el mes de diciembre para que la convocatoria pueda lanzarse, si es posible, antes de que finalice el año. Por el momento, el servicio continúa en manos de la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica tras la prórroga por un máximo de dos años de duración que se concedió el pasado agosto.

Además, el recorrido de ese primer contrato es el que también cabe esperar para también puedan licitarse los otros dos servicios asociados a la gestión de residuos: el de la explotación del centro de tratamiento situado en la partida de Fontcalent, cuyo proyecto de gestión permanece en fase de alegaciones, y el de la construcción de los tres nuevos ecoparques, para los que todavía se debe delimitar posibles espacios compatibles desde el punto de vista de su calificación urbanística para aceptar una instalación de depósito de enseres. Sobre todo, por lo que respecta al que debería dar servicio a los barrios situados al norte del término municipal, al tratarse del ámbito con menos emplazamientos adaptados a ese uso. En principio, está previsto que pueda producirse un primer pronunciamiento al respecto el próximo 8 de noviembre, cuando se ha convocado el Consejo de Participación Ciudadana sobre Residuos.