El mobiliario de las terrazas de la hostelería situadas en el entorno de la calle Castaños de Alicante, en imagen de archivo.ALICANTE. La reducción de horarios para las terrazas de la hostelería contemplada en la actualización de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública de Alicante podría no ser definitiva. Cuando menos, así se puso de manifiesto este jueves en la reunión concertada por las tres asociaciones empresariales mayoritarias del sector (APEHA, ARA y Alroa) con representantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en la que se abrió la puerta a la incorporación de posibles modificaciones, tras el análisis de las alegaciones que pretenden presentar los tres colectivos.
Los portavoces de las tres asociaciones -Gabriela Córdoba (ARA), María del Mar Valera (APEHA) y Javier Galdeano (Alroa)- defendieron en el encuentro las posiciones que consideran inamovibles y que, a su juicio, deben respetarse respecto a las normas de funcionamiento de los veladores, en la línea ya anticipada por este diario. En primer término, que se respete el horario de cierre previsto en la ordenanza de 2014 todavía vigente, sin la reducción contemplada en el nuevo texto aprobado de forma inicial el pasado julio. Con ello, se aspiraría a que las terrazas puedan mantener su funcionamiento hasta la 1:00 horas de domingo a jueves en invierno, y hasta las 2:30 los viernes, sábados, así como los siete días de la semana en el periodo de verano.
En segundo lugar, que no se apliquen medidas generalizadas aplicables a toda la ciudad con el argumento de la existencia de molestias por generación de ruido que, según argumentaron, se registrarían únicamente en determinadas zonas concretas. "La ordenanza actual ya permite la posibilidad de que se adopten medidas específicas en las zonas en las que se detecte que pueda existir una situación problemática, como la aprobación de Zonas de Protección Acústica", explicó la presidenta de ARA al término de la reunión. "Si se detecta un problema, bastaría con que se desarrolle esa opción", añadió. "No tiene sentido que se recorte horarios donde no hay problemas y no hay quejas", recalcó.
Y, por último, los empresarios reclaman que se extienda el horario especial de verano hasta pasado el puente de octubre para que quede "ajustado a la realidad climática de la ciudad", incidió Córdoba. "No es lógico que se hable de la atemporalidad y de la desestacionalización del turismo, y que al tiempo se restrinja el periodo de verano para los veladores cuando lo que debe primar son las temperaturas", sostuvo
Por lo pronto, la receptividad observada en los representantes del equipo de gobierno -el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar; la edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina García (en sustitución de Cristina Cutanda, de baja por su reciente maternidad); y la edil de Hostelería, Lidia López- invitaría a cierto optimismo para las posiciones de los empresarios. "El resumen ha sido que presentemos alegaciones fundamentadas y que las analizarían y las valorarían con la sensación de que podrían admitir las propuestas que resulten razonables", precisó Córdoba.
El plazo para el registro de objeciones permanece abierto hasta finales de septiembre. Y, previsiblemente, su respuesta y resolución podría demorarse alrededor de otros dos meses en los que seguirá aplicándose el régimen actual, sin los cambios (como la reducción horaria) recogidos en la actualización de la ordenanza hasta que pueda elevarse a aprobación definitiva. Por lo pronto, lo cierto es que el equipo de gobierno sigue sin resolver las alegaciones presentadas por empresarios y vecinos respecto a la Ordenanza del Ruido, aprobada de forma inicial en abril de 2023, sin que exista ninguna certeza definitiva sobre la fecha en la que esa regulación concreta pueda comenzar a aplicarse. De ahí que todo parezca indicar que la regulación de los veladores permanecerá inamovible sin las novedades introducidas en la actualización de la ordenanza de Ocupación al menos hasta finales de este año o principios de 2025.
Eso sí, los responsables del equipo de gobierno también manifestaron durante el encuentro que el futuro de la actualización de ese texto, y la posible admisión de las alegaciones que puedan formularse, no solo dependerá de la viabilidad técnica y del criterio político del propio PP. En este sentido, señalaron que la ordenanza prosperó en el pleno de julio gracias a los votos favorables de Compromís (y solo cuatro votos en contra: los de los ediles de Vox, tras el desencuentro generado con el PP en torno a la inclusión de los puntos violeta, y el del edil de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé) por lo que apuntaron que la coalición valencianista tendrá mucho que decir en la aceptación o fecha de las alegaciones que se presenten. De ahí que las tres asociaciones empresariales hayan concertado ya un segundo encuentro bilateral con los concejales de esta formación -Rafa Mas y Sara Llobell- el próximo miércoles con el propósito de trasladarles la misma tesis expuesta ante los representantes del PP.
¿Qué pasará si, finalmente, las sugerencias de las asociaciones empresariales quedan desestimadas? En ese supuesto, se acudirá a la vía del recurso contencioso-administrativo. "No vamos a dejar de defender nuestra postura y recurriremos la ordenanza hasta donde resulte necesario", confirmó Córdoba.
Entre tanto, las denuncias sobre las molestias generadas por el funcionamiento de los locales de ocio y hostelería no dejan de multiplicarse fundamentalmente en zonas como el Centro Tradicional y el Casco Antiguo. La última manifestación de esas quejas llegó este mismo jueves por parte de la Asociación Laderas del Benacantil, que agrupa a vecinos y comerciantes del Casco Antiguo, al referir la presencia concentraciones de personas a diario hasta las 2:00 horas de la madrugada tanto en los veladores de establecimientos hosteleros como en el entorno de los accesos de determinados locales de ocio. "Llevamos desde antes de las elecciones del 2023 escuchando promesas de que iba a haber soluciones a corto plazo, pero desgraciadamente casi un año y medio después nos encontramos en la misma situación", apuntó el presidente del colectivo, Joaquín Gangoso a través de un comunicado.
"En diciembre del año pasado se hicieron mediciones acústicas por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, durante tres semanas seguidas y las 24 horas, en tres puntos específicos del Casco Antiguo y el resultado fue demoledor: cada semana hubo un mínimo de 3 días al menos que se superaba en más de 20 decibelios el máximo permitido por ley y así durante las tres semanas", incidió.
"Queremos recordar, una vez más, que desde el año 2018 el Casco Antiguo de Alicante tiene la denominación ZPAE (Zona Protegida Acústica Especial), la única zona en toda la ciudad de Alicante; es decir, hubo una revisión del Plan Especial del Casco Antiguo, aprobado en el Pleno en 13 de agosto de 2018, publicado en el BOP el 20 de agosto de 2018 y en el DOGV el 21 de agosto de 2018 donde se especificaba el problema de los que aquí residen con el ruido y se daba un plazo de 6 meses para tomar medidas encaminadas a reducir dicha contaminación", prosiguió el representante de la asociación de residentes del Casco Antiguo.
Imagen de la concentración de personas a las puertas de un local del Casco Antiguo, en la madrugada del jueves."Ahora se nos informa que se está tramitando que pasemos a ser una ZAS (Zona Acústica Saturada), pero si no se han tomado medidas de ningún tipo en el pasado (es más la Concejalía de Ocupación Vía Pública sigue dando mesas a pubs pese a que el mismo Síndic de Greuges instaba al Ayuntamiento a no aumentar la contaminación acústica en una zona protegida acústicamente), ¿porqué ahora sí?", se cuestionó.
"Necesitamos una reducción de horarios; es la única medida constatable que logra solucionar el problema, ni las inspecciones, ni más policía han logrado mitigarlo (aunque son necesarios, no han servido para el propósito), además con una normativa del año 1991 que tiene multas ridículas para las infracciones (otra normativa que se prometió actualizar y seguimos esperando)", recalcó. De ahí que exigiese voluntad política al conjunto del equipo de gobierno para adoptar medidas concretas "ya", sin más retrasos.
En principio, esas medidas deberían comenzar a implantarse en cuestión de semanas, de acuerdo con el compromiso adquirido hasta ahora por el equipo de gobierno. De hecho, el PP albergaba la posibilidad de dar a conocer un avance de esas medidas a los representantes de los hosteleros en el encuentro de este mismo jueves, aunque, finalmente, se concertó una nueva reunión para mediados de la próxima semana con el fin de tratar de forma específica sobre la implantación de las dos ZAS previstas en el Centro Tradicional y Casco Antiguo, según confirmaron portavoces de los tres colectivos empresariales.
En paralelo, este mismo jueves trascendió una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la que se declaran nulas las restricciones a la autorización de nuevos establecimientos de ocio contenidas en dos apartados del artículo 60 de la ordenanza reguladora de la protección contra la contaminación acústica aprobada por el Ayuntamiento de València. En esa resolución, el alto tribunal autonómico, estima el recurso interpuesto por dos asociaciones empresariales contra dichas normas, aprobadas el 30 de marzo de 2023 y publicadas en el BOP el 25 abril de ese año.
Los apartados del artículo 60 de la ordenanza declarados ahora nulos de pleno derecho son el 1 y el 3, que establecían que en zonas de uso dominante residencial no se autorizaría la implantación de nuevos cafés teatro, cafés concierto, salas de fiestas, salas de baile, pubs o salones de banquetes, entre otros, si distasen un radio inferior a 30 metros de otra actividad de este tipo que contara ya con "la solicitud del preceptivo título habilitante para la ejecución de las obras de cara a su instalación", según reseñaron fuentes del TSJ.
Aunque el tribunal entiende que el Ayuntamiento de València contaba con cobertura jurídica para acordar estas limitaciones a fin de evitar la contaminación acústica, las declara nulas porque en su opinión no cumplen los principios de necesidad y proporcionalidad. En cuanto al primero, señala que el informe de la asesoría jurídica municipal aportado en el procedimiento es un "elemento interpretativo" de la norma pero no justifica la necesidad de la implantación de ésta. Respecto al principio de proporcionalidad, los magistrados señalan que no aprecian un motivo que justifique "el porqué de la fijación de al menos 30 metros como límite entre los establecimientos".
"Entendemos que la forma de controlar o evitar la contaminación acústica no es estableciendo limitaciones desproporcionadas a través de distancias entre los establecimientos sin ambientación musical como es el caso, sino lo proporcional sería hacer cumplir el uso del ruido por los mismos hosteleros mediante los instrumentos de los que dispone el Ayuntamiento y en el ejercicio de sus competencias", precisa la resolución. Eso sí, la sentencia, fechada el 30 de julio, no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS).
