Los ediles de la corporación actual en el pleno de toma de posesión. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Este 26 de mayo se cumple un año desde la última cita con las urnas para elegir a los representantes políticos de los ayuntamientos. En el caso de la ciudad de Alicante, esa convocatoria deparó la victoria de la candidatura presentada por el Partido Popular (PP) encabezada por Luis Barcala como lista más votada. Los populares lograron 39.477 votos (el 29,34%) que se tradujeron en la consecución de nueve actas de concejal: las mismas que las obtenidas por la segunda candidatura más votada, la del PSPV-PSOE, a la que superó por 2.303 papeletas.
En esa misma noche electoral, Barcala tendió la mano a Ciudadanos (Cs) para formar gobierno, cerrando el paso a Vox, que entró en la corporación con dos concejales. El pacto entre PP y Cs acabó fraguando el 14 de junio, tras un periodo de incertidumbre en el que se produjeron varios tanteos para formar un alianza alternativa basada en el eje PSPV-PSOE-Cs. Esos contactos acabaron fracasando ante la apuesta nacional de Cs por sumarse al PP, con algunas contadas excepciones territoriales.
Así, el mandato echó a andar el 15 de junio con Barcala investido nuevo alcalde, tras el año precedente en el que ya asumió las riendas del Ayuntamiento con un gobierno compuesto por solo ocho concejales. En esta nueva etapa, su gabinete tampoco dispone de mayoría absoluta pero sí cuenta con una nómina más amplia de concejales con los que compartir el peso y la responsabilidad de la gestión. Ambos forman el primer bipartito de centro-derecha registrado en la ciudad a lo largo del actual periodo democrático, cuatro años después de la formación de un tripartito progresista que acabó naufragando.
El reparto de funciones en ese nuevo bipartito es sobradamente conocido: el PP asumió Hacienda, Recursos Humanos, Infraestructuras, Contratación, Limpieza, Medio Ambiente, Empleo, Educación, Sanidad, Acción Social, Comercio, Ocupación de Vía Pública, Partidas Rurales, Tráfico, Transportes, Coordinación de Proyectos, Modernización y Fiestas; mientras que Cs pasó a desempeñar las competencias de Urbanismo, Turismo, Cultura, Deportes, Juventud e Igualdad.
Desde entonces, ambas formaciones han tratado de sentar las bases del mandato con una apuesta fundamental, a corto y medio plazo, por renovar las infraestructuras urbanas de la ciudad, con cuestiones como la repavimentación de viales o la renovación de alumbrado. También se ha tratado de poner el foco en el desarrollo del proyecto de reurbanización de barrios del área de Las Cigarreras, cofinanciado por la UE como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), del que se acaba de reactivar uno de sus proyectos esenciales: la definición del plan director del complejo de la antigua fábrica de tabacos.
La parcela de contratación ha sido, posiblemente, la que más trabas ha tenido que afrontar hasta ahora, ante el cúmulo de procesos a tramitar: las llamadas inversiones financieramente sostenibles (que debían licitarse antes del cierre de 2019); los proyectos de la EDUSI (en el que se debía superar el 30% de propuestas licitadas a 31 de diciembre) y los múltiples recursos presentados por los licitadores frente a concursos de obra o de prestación de servicios. Entre ellos, el de la contrata de zonas verdes (por ahora, con su adjudicación anulada por el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales) podría ser el caso paradigmático. Todo ello ha contribuido a retrasar otras licitaciones complejas, como la del servicio de transporte público en autobús (ahora prorrogado y que volverá a licitarse una vez descartada la municipalización); la del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales (con contrato extinguido desde febrero), y otras que, a priori, no lo serían tanto, como la de la instalación del alumbrado navideño.
PP y Cs han superado este primer cuarto de su primera experiencia política en común con algunas fricciones internas, fruto de disfunciones a la hora de comunicar y adoptar ciertos acuerdos. Entre ellas, la decisión de recurrir la sentencia que obliga a declarar el centro Zona Acústica Saturada (ZAS), por ejemplo. Con todo, ha conseguido capear esas diferencias sin excesivas estridencias (al menos, no tan sonadas como las que se produjeron entre los tres socios de gobierno en el mandato precedente) tras centrar sus esfuerzos en transmitir que se dispone de un proyecto de ciudad, como trataron de poner de manifiesto en el último debate sobre el estado de Alicante.
Aun así, las dos fuerzas suman 14 concejales en una corporación de 29 ediles, lo que les ha expuesto a tener que depender de la posición de Vox para superar aquellas votaciones con resultado más ajustado en el salón de plenos. Lo cierto es que, hasta el momento, la posición de Vox solo ha sido determinante sobre tres asuntos de relevancia (aunque en un grado no comparable) al margen de varias propuestas sobre posicionamientos políticos: el aumento de las retribuciones de los concejales, para restituir parte de la reducción acordada por el tripartito en 2015, la apuesta por el modelo concesional de transporte público, y la aprobación del presupuesto de 2020, que podrá comenzar a ejecutarse con solo seis meses por delante. En esos tres acuerdos, Vox ha permitido que el bipartito sacase adelante sus propuestas bien votando a favor o bien absteniéndose (como sucedió con las cuentas).
Mientras, los tres grupos de la oposición del eje progresista se mantienen en un papel discreto, en ocasiones rivalizando por el liderazgo, pero tratando de poner el acento en lo que consideran una desatención del bipartito respecto a las necesidades de las personas, como ha sucedido respecto a la respuesta municipal frente a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Además, en su labor de fiscalización a la acción del gobierno mantienen la denuncia permanente de la exclusión a las que les estaría sometiendo el bipartito a la hora de tomar decisiones sobre la gestión de la ciudad. Como mínimo, esa falta de participación y de espacio para la negociación sí se ha dado por lo que respecta a la confección de los presupuestos de este año.
Ahora, un año después de la cita con las urnas, Alicante Plaza analiza la evolución del periodo junto a los líderes de los seis grupos políticos representados en la corporación (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox), a partir de un mismo cuestionario común con cinco preguntas básicas. Todo en un momento en el que la pandemia del coronavirus ha impactado de lleno sobre el conjunto de la sociedad, con la consiguiente reformulación de prioridades. Y el reto de tener que darles cobertura desde el Ayuntamiento, con las modificaciones presupuestarias a consensuar que puedan resultar necesarias.
Estas son las preguntas trasladadas a los seis líderes municipales:
1.¿Cuáles son las luces y las sombras (si encuentra alguna de ambas categorías) en este primer año del mandato desde las municipales del 26 de mayo?
2.¿Qué queda por hacer entre los objetivos prioritarios que su candidatura se marcó al concurrir a las urnas?
3.¿Entre todos esos objetivos, cuáles considera que podrán llegar aejecutarse antes de las próximas municipales?
4.¿Cuáles son las prioridades no contempladas hasta ahora que se deben tener en cuenta tras la crisis sanitaria generada por el coronavirus?
5.¿Cree posible y necesario que se produzca un cambio de gobierno al frente del Ayuntamiento antes de 2023?
Y en los siguientes enlaces se encuentran sus respectivas respuestas.
