Los 'fichajes', el ruido, los contratos y las cuentas lastran el medio año de bipartito de Alicante

ALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) cumplen este domingo, 15 de diciembre, seis meses de trayectoria política en común al frente del Ayuntamiento de Alicante, tras el pacto de investidura y legislatura que ambas fuerzas firmaron el pasado 15 de junio. Ese medio año de gestión compartida se cumple, además, justo dos días antes de que se celebre el Debate sobre el estado de Alicante: una sesión plenaria de carácter extraordinario que se celebra una vez al año en la que los grupos políticos representados en la corporación evalúan los logros y fracasos cosechados y analizan las carencias que todavía deben subsanarse para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

El formato de ese pleno volverá a ser el establecido en los años precedentes: cada uno de los seis partidos (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) dispondrán de dos turnos de palabra de 15 y 10 minutos, respectivamente, para ofrecer su visión y exponer posibles propuestas. Por su parte, el alcalde, Luis Barcala (PP), será el encargado de abrir y de cerrar el debate, con sendas intervenciones en las que, tras hacer balance, facilitará algún adelanto sobre las líneas centrales de la acción de gobierno que el bipartito pretende poner en marcha a corto y medio plazo. 

Nada ha trascendido sobre qué tipo de anuncios podrían producirse, aunque sería esperable que anticipase detalles sobre algunas de las iniciativas que se contemplarán en el presupuesto de 2020 y sobre proyectos estratégicos en diversas fases de desarrollo como el plan para revitalizar y preservar el Castillo de Santa Bárbara, o el programa de reurbanización del área de Las Cigarreras, cofinanciada por la Unión Europea como estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (Edusi). 

Para conocer esos posibles objetivos habrá que esperar al desarrollo de la sesión. No obstante, sí se puede extraer un resumen sobre el bagaje todavía breve (seis meses que en realidad serían cinco, descontado el periodo prácticamente inhábil de agosto) pero sintomático con el que PP y Cs llegan a ese debate en este primer tramo de su andadura conjunta que se ha emborronado desde mediados de noviembre por circunstancias (algunas sobrevenidas) que la oposición (en la que solo repite el líder de Compromís, Natxo Bellido) ha comenzado a explotar ahora. Entre esas circunstancias figura la sentencia que condena al Ayuntamiento a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) las calles del Centro Tradicional, la impugnación de licitaciones de diversos contratos o, la más visible de ellas, el retraso en la instalación del alumbrado navideño.

Por partes. La primera conclusión es que en estos seis meses de luces y sombras los dos partidos han continuado explotando los balances económicos legados por PSOE, Guanyar y Compromís, pero se han dado un baño de realidad sobre los problemas que afectan al funcionamiento de las administraciones municipales. Un baño al que el PP ya quedó sometido en el último año del mandato precedente (desde abril de 2018 a mayo de este año), cuando cogió el testigo al gobierno en solitario del PSOE, por lo que -tras año y medio en el poder- difícilmente puede seguir acogiéndose al argumento de la inacción de sus predecesores.

Entre los logros de estos seis primeros meses de bipartito, podría figurar el impulso de proyectos de reurbanización de barrios a través de las llamadas inversiones financieramente sostenibles con obras por cerca de 28 millones (a ejecutar con el dinero sobrante del presupuesto de 2018). Hasta ahora, se han licitado obras como la conexión ciclista y peatonal de la EUIPO a Urbanova, la reurbanización de la segunda fase de la avenida Padre Esplá, la renovación de alumbrado para mejora de eficiencia energética en barrios y polígonos industriales o la mejora del polígono Llano del Espartal, entre otras. 

El problema es que no todos esos proyectos se van a poder licitar en el plazo requerido: antes de que termine el año en curso. El bipartito ha chocado con los problemas de colapso en el departamento de Contratación que afectaron al tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y a la época del mandato del PSOE en solitario. PP y Cs han sufrido la falta de personal para tramitar expedientes que también lastraron los concursos convocados entre 2015 y 2018. Las complicaciones han llegado hasta la licitación de los proyectos de la Edusi, pese a que, finalmente, se ha conseguido superar la licitación del 22% del programa global.

Pero, además, el bipartito ha tenido que lidiar con los recursos y las impugnaciones presentadas por los licitadores en muchos de esos procesos de contratación. Basta citar ejemplos como el del servicio de transporte urbano en autobús, que ha tenido que prorrogarse provisionalmente a tras el fin de la concesión en vigor al no poder licitarse a tiempo; el concurso para contratar la asistencia técnica para la redacción del Plan Local de Residuos y Proyecto de Gestión; la licitación del servicio de telecomunicaciones, anulada tras un recurso de Vodafone; o la contrata de mantenimiento de zonas verdes, cuyo concurso también quedó anulado y ha tenido que repetirse. 

Mención aparte merece el contrato para la instalación del alumbrado navideño, que se licitó en octubre y se demoró por el retraso de la única empresa que concurrió al concurso en la entrega de documentación requerida para que se pudiese aprobar la adjudicación. El problema no es nuevo. Ya le pasó al PSOE en las navidades de 2017 y el PP hizo los deberes en las de 2018 licitando el concurso con antelación para no repetir el error. Sin embargo, esa rectificación no se ha dado este 2019 y la gran mayoría de calles sigue sin alumbrado ornamental. 

El bipartito ha tratado de salvar la crisis pidiendo perdón por el retraso (lo hizo el propio alcalde) y acordando el cambio del técnico que asumía el control de ese contrato. Pero el resultado es que los colectivos de comerciantes y los grupos de la oposición han exigido el cese del concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, además de su comparecencia ante el pleno para ofrecer explicaciones. Y no solo por el alumbrado, sino por el escaso éxito que se atribuye a la programación de actos relacionados con la Navidad: desde las colas para visitar la casa de Papa Noel, hasta el encendido del árbol de la plaza del Ayuntamiento que se celebra finalmente este sábado, por ejemplo. Lo cierto es que, hasta el momento, Jiménez -cuyo fichaje se anunció como una de las principales incorporaciones a la lista del PP, procedente de la Federació de Fogueres- no ha podido o no ha sabido sacar rédito al inicio de su primera experiencia en la gestión pública municipal.

Tampoco lo ha conseguido la edil de Educación y Acción Social, Julia Llopis, que pasó de presidir Concapa en la provincia de Alicante a convertirse en número 3 de la candidatura del PP. Por lo pronto, no se ha conseguido iniciar las obras de ninguna de las seis actuaciones en colegios incluidas en el Plan Edificant, que debe licitar el Ayuntamiento con fondos de la Generalitat, pese a que sí se han iniciado obras en otros municipios próximos provistos con menos funcionarios (aunque también con menos carga de trabajo que atender). Como mínimo, este lunes sí se prevé aprobar la solicitud de inclusión de otra nueva actuación en el programa: la prevista para la construcción del nuevo colegio de educación especial de El Somni.

Respecto a la prestación de servicios con contratos en vigor, sí se ha intensificado el control sobre la limpieza viaria y recogida de la basura con un refuerzo de la inspección municipal que ha permitido establecer las primeras penalizaciones en los pagos mensuales a la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica). Desde pasado el verano, ese control ha permitido que se hayan rebajado las críticas vertidas por vecinos y hoteleros respecto a la imagen de suciedad de la escena urbana, para sonrojo de PP y sobre todo de Cs, que tuvo que pasar de denunciar que Alicante estaba llena de "mugre" a guardar silencio y pedir más tiempo para que se registrasen mejoras.

Sin embargo, no consta que esa misma labor se haya reproducido por lo que respecta a otra contrata millonaria: la de la limpieza de colegios y edificios públicos municipales. Máxime, después de que se haya conocido la existencia de hasta dos informes municipales emitidos en marzo de este año en los que se alertaba de falta de servicio. Por el momento, como viene denunciando el PSPV-PSOE solo se conoce el sucesivo relevo de los técnicos responsables del control de ese servicio. 

Otro conflicto irresuelto heredado desde hace cerca de una década es el de la pretendida convivencia entre la actividad hostelera y el respeto al descanso vecinal en barrios como el Centro Tradicional y el Casco Antiguo. Lo cierto es que el bipartito anunció una batería de medidas -que el PSOE no contempló durante su etapa de mandato en solitario- para tratar de conciliar ambos puntos mientras se dirimía el juicio por vulneración de derechos fundamentales a instancias del contencioso presentado por los vecinos. Pero el recurso interpuesto frente a la sentencia que les da la razón ha sido interpretado por los propios residentes como muestra de nula voluntad de resolver el problema, después de que el propio bipartito anunciasen que se iba a acatar el fallo de manera inmediata sin que se contemplase la posibilidad de recurrir. Ahora, parte de las soluciones propuestas para aplicar esa ZAS se anuncian de manera gradual, tras efectuar comprobaciones y estudios técnicos fundamentados, según representantes del bipartito.

Y el ruido, que fue otro de los errores atribuidos al tripartito que se pretendía evitar en el momento en el que se firmó el pacto de gobierno, también ha acabado emergiendo en estos primeros meses de alianza entre PP y Cs. Pese a que prima la coordinación entre las dos fuerzas en la mayoría de los ámbitos, lo cierto es que las fricciones -quizá no tan evidentes como en la última etapa del pacto entre PSOE, Guanyar y Compromís- también han sido varias. Se han puesto de manifiesto, por ejemplo, en la disputa sobre cómo comunicar la propuesta para nombrar al director del Teatro Principal; la toma de decisiones sin consenso previo como la de interponer el recurso frente a la sentencia de la ZAS; las reticencias del PP a pactar una declaración institucional conjunta para condenar la violencia de género, pese a la insistencia de Cs; la diferente perspectiva entre los dos partidos por lo que respecta a la oficina de información turística de La Explanada; y las discrepancias surgidas en la elaboración del presupuesto de 2020, todavía sin resolver, después de conseguir un acuerdo de refuerzo de personal en las áreas en las que fuese posible.

La aprobación del presupuesto es, precisamente, otro de los objetivos pendientes que difícilmente va a poder conseguirse en el plazo anunciado: antes de fin de año. Ya no solo por esas diferencias a la hora de cuadrar las últimas cifras de determinadas partidas, sino también por la necesidad de encajar la devolución de 2,4 millones reclamados por el Ministerio de Hacienda tras la liquidación de las transferencias estatales correspondientes a 2017. Todo parece indicar que la negociación se alargará hasta enero: primero entre PP y Cs, y después, entre el bipartito y los cuatro grupos de la oposición. Y está por ver si los 14 ediles que suman los dos partidos aliados recabarán el apoyo o la abstención de otro concejal más que resulta necesario para que el presupuesto pueda aprobarse. 

Por lo que respecta a las áreas gestionadas por concejales de Cs, lo cierto es que en Urbanismo -coordinada por el edil Adrián Santos Pérez- tampoco se ha dado ningún paso para impulsar la redacción del nuevo Plan General que PP y Cs consideraron prioritaria en campaña, aunque se anuncia la contratación de un equipo redactor a través de los presupuestos; se ha tenido que aplazar la propuesta de catálogo de protecciones que también se preveía aprobar antes de fin de año; y tampoco se ha avanzado en la creación de más suelo industrial, pese a que sí se sigue dando pasos en su planificación y en la implicación de otras administraciones, como el Ministerio de Fomento, a través de la entidad estatal Sepes, en colaboración con la Concejalía de Empleo, que dirige Mari Carmen de España (PP), en la línea de los intentos que también llevó a cabo el tripartito. Eso sí, como en la última etapa del pasado mandato, ahora también se han acallado las críticas por el retraso en la concesión de licencias por parte de los promotores.

En Turismo, bajo la responsabilidad de la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, se trata de afianzar la apuesta por los congresos y los eventos deportivos (como la nueva media maratón impulsada desde Deportes por José Luis Berenguer), puesta en marcha durante la etapa del tripartito, aunque se sigue sin cubrir la plaza del gerente del Patronato. Y en Cultura, bajo la batuta de Antonio Manresa, fundamentalmente se intenta poner el foco en la promoción, protección y uso del Castillo de Santa Bárbara, junto a la concejalía de Coordinación de Proyectos, que dirige Toño Peral (PP). El resto de áreas coordinadas por Cs han tenido un rédito discreto. Y ese es el principal temor al que se enfrenta el partido, que puede alentar las tensiones en el bipartito: el riesgo de quedar invisibilizado entre el PP.