Un operario del servicio, en las zonas ajardinadas de la Plaza Ruperto Chapí.ALICANTE. Nuevo revés (el enésimo) para el Ayuntamiento de Alicante a cuenta del servicio municipal de mantenimiento y conservación de zonas verdes: un contrato de 17,6 millones adjudicado por el equipo de Gobierno (PP y Cs) hace dos semanas a la empresa STV Gestión. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dependiente del Ministerio de Hacienda acaba de aceptar ahora el primero de los recursos presentados por Geamur (la heredera de la antigua Viveros Albatera) en una resolución en la que anula el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación el pasado 22 de enero de 2020. Es decir, el acuerdo por el que se excluyó su oferta del concurso.
En concreto, como informó Alicante Plaza, los técnicos del departamento municipal decidieron apartar a la compañía del proceso al considerar que había incurrido en una baja anormalmente desproporcionada que no había podido justificar de forma conveniente. En esencia, se había apreciado esa baja anormal en lo que respecta a los costes salariales de la plantilla.
No obstante, Geamur impugnó esa decisión y solicitó la suspensión cautelar del procedimiento de contratación hasta que se resolviese el fondo del asunto. En ese momento, el TACRC rechazó la paralización del concurso, aunque -como también ha publicado este diario- sí dictó esa suspensión en un recurso posterior: el también presentado por Geamur frente al acuerdo posterior (la clasificación de las ofertas aprobada por el bipartito en Junta de Gobierno, ya sin que se computase la propuesta de Geamur).
No obstante, en una resolución fechada el pasado 8 de abril, el TACRC corrige la apreciación del Ayuntamiento de Alicante y considera que Geamur sí justificó de manera pormenorizada el importe de su propuesta económica, por lo que no correspondía su exclusión del concurso. En concreto, el organismo adscrito a Hacienda concluye que "la justificación aportada por la recurrente es muy exhaustiva, adjuntando la documentación acreditativa de los extremos alegados, habiendo sido considerados como justificados la inmensa mayoría de los ahorros propuestos" por parte de los propios técnicos municipales.
En consecuencia, el TACRC entiende que la empresa recurrente "con la información suministrada y documentación aportada, ha justificado suficiente y razonablemente el bajo precio ofertado". De ahí que conmine al Ayuntamiento a "retrotraer el procedimiento al momento anterior a dicha exclusión para que sea admitida la oferta de la empresa recurrente, continuando el procedimiento por sus trámites". Es decir, que la adjudicación a STV Gestión debería quedar anulada para que se volviese a aprobar una nueva clasificación de las ofertas en la que sí se aceptase la oferta de Geamur.
¿Procede revocar esa adjudicación y acordar un nuevo concesionario? En principio sí, aunque el equipo de Gobierno se aferra a dos salvedades. La primera, que la resolución del TACRC omite el escrito de alegaciones formulado en tiempo y forma por el Ayuntamiento frente al recurso de Geamur, según precisan fuentes del bipartito consultadas por este diario. De hecho, este mismo jueves se comunicará esa circunstancia al TACRC para que se tenga en consideración, lo que supondría que la resolución adoptada ahora no tendría validez.
En segundo término, las mismas fuentes apuntan que, en el supuesto de que el TACRC mantuviese sus mismas conclusiones una vez valoradas las objeciones municipales, siempre se podría acudir a la jurisdicción Contencioso-administrativa para que fuese el TSJCV quien decidiese el devenir del concurso.
¿Qué alegaba Geamur? En su recurso, ahora aceptado, la compañía que ha asumido la prestación del servicio en la ciudad durante la última década (inicialmente, a través de Viveros Albatera) exponía que su oferta, por 16.639.143,55 euros, representaba una baja del 1,94%, por lo que no superaba el umbral del 5% establecido para que pudiese quedar descartada. Además, incidía en que esa reducción de precios respecto a la de las compañías competidoras se justificaba en "los ahorros en las compras de materiales, productos y demás elementos que conforman las partidas de ejecución del servicio". Así, en su recurso argumenta el "ahorro en combustibles, mantillos y otros productos procedentes de viveros y plantaciones propios".
E igualmente también trató de acreditar "ahorros en los alquileres por disponibilidad en propiedad de naves, instalaciones y solares". Además, Gamur alegaba que no resultaba coherente su exclusión con el argumento de que no se había tenido en cuenta "los precios de la mano de obra de 2020, si el Ayuntamiento no había previsto en su anteproyecto económico los precios de la mano de obra de ese año, sino los de 2018". Pero, en todo caso, Geamur subraya que "el pliego incluye el listado de personal a subrogar, actualizado, el cual había sido facilitado por Geamur". Y añade que en dicho listado ya se había incluido la subida salarial del 2% para 2020. Así, la compañía estima que en su oferta, "aun cuando se titulan tablas salariales de 2019, en realidad son importes salariales actualizados a 2020".
Es más, Geamur también alegó que el propio informe de valoración municipal había aceptado "como justificados ahorros por un importe de 633.839,10 euros, siendo 450.435,75 euros de carácter anual y 183.403,38 euros para el primer año".
Por lo pronto, la resolución del TACRC ha motivado ya la reacción del grupo municipal de Compromís. Su portavoz municipal, Natxo Bellido, ha apuntado que "volvemos a estar preocupados, a pesar de no saber todavía como acabará este tema, porque el bipartito está siendo absolutamente incapaz de sacar en tiempo y forma ninguna gran concesión municipal. Y la situación de la alerta sanitaria no va a ayudar a resolver eso".
"Podemos pasarnos la mayor parte de la legislatura con las grandes concesiones sin haber renovado sus contratos, lo que volverá a mostrar la mala gestión de la derecha alicantina, que ahora se vuelve a confirmar con el señor Barcala y su bipartito", ha concluido.
