Uno de los vehículos de Geamur, en el Portal de Elche.ALICANTE. Relevo de calado en el megacontrato por el servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante. La empresa Gestión Ambiental Urbana (Geamur) -filial de Viveros Alicante y, a su vez, desgajada de su antecesora, Viveros Albatera- se queda finalmente sin la prestación del servicio que venía asumiendo desde hace más de una década a través de esas denominaciones precedentes. Ahora, salvo cambio inesperado, será la empresa STV Gestión quien asumirá las riendas del servicio al convertirse en preadjudicataria con una oferta de 17,6 millones.
Geamur había conseguido la concesión por última vez en el concurso convocado en 2012. El contrato, por 17 millones, tenía una duración de 4 años más dos posibles prórrogas de un año cada una, que expiró en julio de 2018. Desde entonces, mantenía la prestación ya sin la cobertura legal de un contrato en vigor, percibiendo pagos a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito (por cantidades no reflejadas en presupuestos).
Lo cierto es que, en esta última convocatoria, Geamur también había llegado a posicionarse como la empresa mejor clasificada en el proceso de licitación. Su oferta había sido considerada la más ventajosa para los intereses municipales al plantear el precio más económico (16,6 millones) de los propuestos entre otros 10 licitadores. Y, además, la suya también había sido la plica mejor puntuada por los técnicos municipales en los parámetros que dependen de juicios de valor.
No obstante, el importe de su oferta fue proporcionalmente tan bajo respecto al planteado por el resto de competidores, que fue requerida para que lo justificase, junto a otros cinco licitadores que también habían ofrecido precios demasiado reducidos por lo que respecta al Lote 2 del mismo concurso (el que atañe al mantenimiento y conservación de las zonas forestales urbanas y periurbanas).
Geamur atendió a ese requerimiento y presentó documentación adicional para acreditar la corrección de esos precios. Sin embargo, el informe de evaluación formulado por los técnicos municipales concluye que en esa nueva información incorporada no queda justificada su baja anormalmente desproporcionada, lo que acabó motivando su exclusión del proceso en la mesa de contratación celebrada este miércoles.
En concreto, en ese dictamen se subraya tres circunstancias concretas. La primera, que la oferta de Geamur incluía desajustes salariales para el pago de sus trabajadores en la medida en no preveía los incrementos retributivos previstos por convenio para 2020 y los años sucesivos. La segunda, que no se reflejaban "costes de propiedad" que se derivarían, como mínimo, por la amortización de la maquinaria que ya obrase en su poder. Y tercero, que se planteaban mejoras en el servicio sin que se cuantificase su coste.
La empresa no había previsto los incrementos retributivos de su plantilla establecidos por convenio, ni los costes de las mejoras ofertadas
Lo cierto es que, además, su desclasificación en el concurso se produce justo después de que los representantes de sus trabajadores, del sindicato SEP, hayan registrado un escrito dirigido al alcalde, el popular Luis Barcala, en el que reflejan lo que consideran "irregularidades" en la prestación del servicio actual. En esta línea, esa comunicación (fechada el 9 de enero) se traslada la existencia de "falta de personal" y ausencia de cobertura de bajas; el uso de "maquinaria y vehículos obsoletos, lo que supone un riesgo para las personas que trabajan con dicha maquinaria y vehículos"; una "falta de mantenimiento en zonas verdes de la periferia"; el "incumplimiento del convenio estatal de jardinería en algunos puntos, como es la peligrosidad y la prevención", lo que podría conllevar la percepción de salarios inferiores a los previstos; o el desempeño de trabajos por parte de algunos operarios "que están fuera de su contrato y que nada tiene que ver con el servicio que debe prestar, de acuerdo al pliego del Ayuntamiento".
Ese escrito de denuncia del sindicato SEP-CV ya provocó este mismo miércoles la reacción política del principal grupo de la oposición: el PSPV-PSOE. Su portavoz municipal, Paco Sanguino, afirmó, a través de un comunicado, que "nos encontramos con otra contrata 'bajo sospecha' que demuestra la nefasta gestión que está llevando a cabo el equipo de Gobierno del señor Barcala". "El descontento de la plantilla de esta empresa por el supuesto incumplimiento del pliego de condiciones de la contrata nos indica un mal endémico, mal que al final sufre la ciudadanía, por lo que pedimos al PP una solución urgente. No podemos consentir lo que los trabajadores denuncian, que se realizan trabajos que no tienen que ver con el pliego. ¿Es que los alicantinos y alicantinas están pagando trabajos privados?", se preguntó.
Según el líder socialista, esta vez ha sido el SEPCV quien ha enviado una carta a la Alcaldía que tiene como objeto denunciar una serie de irregularidades. "Irregularidades que para el PSOE son muy graves", según Sanguino.
Por su parte, la edil socialista Llanos Cano, instó al equipo de Gobierno (PP y Cs) a investigar "estas presuntas irregularidades y dé una solución urgente a un colectivo de trabajadores que está sufriendo una deficitaria gestión; otra más en el debe del PP". "Vamos a pedir toda la documentación sobre este servicio y solicitar las responsabilidades pertinentes tras salir a la luz estas irregularidades denunciadas por el SEP-CV", concluyó.
