La portavoz y el portavoz adjunto de Cs, Yaneth Giraldo y Antonio Manresa, conversan con el edil de Parques y Jardines, el 'popular' Israel Cortés. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los pagos por servicios prestados sin la cobertura legal de un contrato continúan en Alicante, pese a las reiteradas advertencias del interventor municipal y de la contundencia de los informes de la Sindicatura de Comptes sobre esa anomalía. Una vez solventadas las licitaciones de contratas caducadas que se arrastraban desde el pasado mandato, como el mantenimiento del cementerio, la limpieza de colegios o el montaje de infraestructuras festivas, se vuelve a reproducir esa misma situación con el servicio de mantenimiento de zonas verdes, adjudicado en 2012 (bajo el mandato de la popular Sonia Castedo) a Geamur, del grupo Viveros Alicante, por un importe de 14,4 millones.
El contrato tenía una duración inicial de cuatro años ampliable en otros dos, con dos prórrogas de un año cada una. El ya extinto tripartito, compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, concedió esa última ampliación de contrato en junio de 2017, durante la etapa en la que el exedil de Guanyar, Víctor Domínguez, asumía las competencias de Limpieza y Medio Ambiente. En principio, Guanyar seguía planteando entonces la posibilidad de que ese servicio se municipalizase y continuaba realizando estudios en el transcurso de esos dos años de prórroga para tratar de recabar el respaldo de sus socios de gobierno a esa propuesta de prestación directa.
Sin embargo, la última prórroga concedida se extinguió el pasado julio, ya con el PP al frente del Ayuntamiento tras la ruptura del tripartito y la dimisión del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, sin que se hubiese promovido ni la municipalización ni la convocatoria de un nuevo concurso. Es ahora, según confirmaron portavoces oficiales del equipo de Gobierno, del PP, cuando se estaría ultimando la redacción de los pliegos en el departamento de Contratación para convocar el nuevo concurso.
En cualquier caso, como alertó este viernes el grupo municipal de Ciudadanos (Cs), el ayuntamiento lleva cuatro meses pagando por ese servicio por el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito. Su portavoz, Yaneth Giraldo, insistió en que, tras dos años de prórroga, a la concesionaria del servicio se le han pagado ya "veinte millones de euros, cifra nada desdeñable para un servicio que repercute directamente en nuestra tarjeta de visita como ciudad turística y de servicios y de ahí la necesidad de que este servicio se licite cuanto antes".
Cs alerta de que el servicio se adjudicó por 14,4 millones y ya se han pagado 20, por lo que exige celeridad en la nueva licitación
"Desde Intervención ya se ha alertado en varias ocasiones de la anomalía que supone los pagos sin adjudicaciones previas, que es lo que está ocurriendo en estos momentos con el mantenimiento de parques y jardines", señaló. Por ello, anunció que Cs pedirá explicaciones el próximo lunes en la comisión de Vigilancia de la Contratación "tanto de este tema como de todos los contratos caducados que se están pagando mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito".
No será el único punto de debate en esa comisión. Según Giraldo, Cs también pedirá explicaciones al equipo de Gobierno sobre el proceso de venta de la parcela para VPO de Playa de San Juan, después de que se haya acordado su suspensión hasta que se resuelvan los recursos de reposición presentados por Provía y por el gabinete Block Arquitectura. Como informó este diario, en esos recursos se reclamaba que se eliminase la antelación en el orden de registro de las propuestas como criterio para deshacer un posible empate en las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas.
Por último, se cuestionará sobre los avances del proceso para contratar el proyecto de asistencia técnica que resulta necesarios para licitar el servicio de transporte público urbano. Como también ha informado este diario, dicho servicio que ahora opera el grupo Vectalia vence en julio de 2019. Fuentes municipales precisaron que, en la mesa de contratación celebrada este miércoles, se acordó solicitar que la UTE mejor situada para diseñar las bases de ese futuro concurso certificase, precisamente, que no guardaba ningún tipo de vinculación con la concesionaria actual del servicio.
