ALICANTE. La instrucción judicial sobre las supuestas irregularidades en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en una parcela de suelo público del distrito de Playa de San Juan de Alicante no cierra el proceso de supervisión administrativa a cargo de la Conselleria de Vivienda. Fuentes del departamento autonómico concretaron este viernes, a consulta de Alicante Plaza, que se mantiene el seguimiento respecto a la comprobación de los requisitos legales que están obligados a cumplir los socios cooperativistas que adquirieron los 140 pisos de la promoción.

Esa supervisión no se limita, en consecuencia, al cumplimiento de los límites económicos y patrimoniales establecidas en el decreto 180/2024 en el que se regulan las condiciones de acceso a una VPP. Es decir, no contar con ingresos anuales de más de 54.600 euros (6,5 veces el IPREM en 14 pagas, que pueden ampliarse por encima de los 60.000 en determinados supuestos como tener hijos o mayores a cargo) y no disponer de otra vivienda en propiedad. Entre esas otras exigencias figura la de usar esos pisos como residencia habitual (lo que, en el caso de Les Naus, ya se ha tratado de verificar con una primera batida de inspecciones giradas por la Policía Local de Alicante) y, en consecuencia, registrar el empadronamiento en esos domicilios.

En esta línea, fuentes de Vivienda indicaron que se continúa recopilando información de los empadronamientos, en comunicación directa con el departamento de Estadística del Ayuntamiento de Alicante, desde el que se remite la información de cuantas inscripciones se han producido hasta la fecha en la urbanización objeto de la controversia. Con todo, añadieron que todavía no ha vencido el plazo máximo de seis meses para que se produzcan esos empadronamientos. En este sentido, señalaron que, a pesar de que la compra de la mayor parte de las viviendas se comenzó a escriturar entre los meses de agosto y septiembre, el proceso se alargó hasta noviembre e incluso diciembre (un número muy reducido de casos).

Desfase temporal

Pero, además, recalcaron que el empadronamiento no es automático (como sí lo es la expedición de un certificado de empadronamiento ya realizado con anterioridad), sino que existe cierto decalaje entre el momento en el que se produce la solicitud de empadronamiento y el momento en el que se produce la inscripción. Ese desfase temporal puede llegar a los dos meses, según precisaron fuentes de conselleria, así como representantes de la cooperativa que promovió la construcción de las viviendas, a partir de las experiencias comunicadas por parte de los compradores que ya habían solicitado su inscripción y seguían sin estar empadronados de forma oficial en sus domicilios.

En todo caso, representantes de Vivienda insistieron en que la fiscalización de ese requisito formal será "implacable" en cuanto se cierre el plazo para el conjunto de los adquirientes, de forma que se instruirán los expedientes de infracción que resulten preceptivos y se determinará si se ha incurrido en una falta muy grave -como lo es no destinar la VPP adquirida como residencia permanente- sancionable con multa de entre 3.000 hasta 30.000 euros, según concreta el artículo 71 de la Ley de Vivienda de 2004 de la Comunitat Valenciana.

Por el momento, no se ha llegado a abrir ningún expediente relacionado con el plazo de empadronamiento (con el que se considera probado el uso del piso como domicilio habitual). Y tampoco se ha cursado ninguna sanción respecto a los seis casos en los que se ha determinado que los adquirientes de los pisos de Les Naus no cumplían los requisitos económicos para comprar una VPP, ni respecto a los tres que no aportaron la documentación adicional que se les requirió para verificar que se ajustaban a esos requisitos. Vivienda dio traslado de esa situación en los informes aportados al juzgado que instruye la causa, por lo que no procede aplicar ninguna posible sanción puesto que concurre la prelación de la jurisdicción penal. Así, no habrá resoluciones administrativas hasta que no exista un pronunciamiento judicial respecto a esas diligencias que todavía siguen en fase inicial.

A la espera de las comisiones

Entre tanto, no se ha producido ningún avance respecto a las dos comisiones promovidas en las Cortes y en el Ayuntamiento de Alicante para tratar de esclarecer las presuntas irregularidades registradas en relación a las VPP de Residencial Les Naus y en cuantas otros procesos de compra de VPP similares se hayan podido registrar en el conjunto de la Comunitat (en el caso de la comisión del parlamento autonómico). La comisión de investigación de Les Corts sí ha celebrado ya su reunión constitutiva, pero continúa sin contar con un plan de trabajo y un calendario de sesiones en las que puedan solicitarse comparecencias de los participantes en los acuerdos vinculados con esas VPP. 

La comisión de fiscalización municipal todavía no se ha constituido, a la espera de que se cierren los expedientes informativos de averiguación interna promovidos por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto a la posible participación de los funcionarios en los acuerdos de enajenación del solar municipal en el que se construyeron las viviendas o en la concesión de la licencia de obra. En principio, el equipo de gobierno ha anticipado que la comisión podría constituirse esta próxima semana. Entre tanto, el alcalde, Luis Barcala, volvió a defender, este jueves, en una entrevista concedida a Alacantí TV, la actuación municipal en cuanto se tuvo conocimiento "del escándalo" y de quiénes figuraban entre los compradores de las viviendas: la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como dos arquitectos municipales y familiares de la ya exdirectora general de Organización Interna, que ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación.

En esta línea, el primer edil reiteró que, al tener constancia del informe del Servicio de Patrimonio en el que se apuntaba un supuesto conflicto de interés, ordenó la apertura de un primer expediente para conocer si pudo haberse registrado alguna compatibilidad y, además, se presentó una denuncia en Fiscalía. Al tiempo, defendió que se habían asumido responsabilidades políticas con la dimisión de Gómez y la renuncia de la directora general. E insistió en que él no era conocedor de que la ya exconcejal había comprado uno de los pisos de la promoción hasta que se le dio traslado del informe de Patrimonio. Por último, recalcó que trabajaría para evitar que los adquirientes que hubiesen comprado los pisos en fraude puedan seguir disponiendo de ellos y aseguró que el equipo de gobierno continuará impulsando la promoción de vivienda protegida de forma directa o con fórmulas de enajenación de suelo, como las de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, o las cinco parcelas incorporadas al Plan Vive, aunque endureciendo los requisitos y condiciones de control para evitar "que se puedan hacer trampas", dijo.