ALICANTE. La batida de inspecciones desplegada por la Policía Local en las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 permite detectar presuntas anomalías en buena parte de los 140 pisos construidos. Como mínimo, así lo han sostenido este martes los portavoces del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), Cristina Cutanda y Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, al dar a conocer los resultados del informe elaborado tras la campaña de comprobaciones ejecutada por los agentes en el residencial situado en el centro de la polémica, entre la tarde del martes y el viernes pasado, después de que se hubiese informado, durante la mañana del martes, sobre la intención de realizar esas visitas.

En concreto, Cutanda ha detallado que ese informe habría permitido constatar la existencia de "datos llamativos" en "el perfil de cooperativistas aceptados" por Residencial Les Naus que compraron las viviendas, como el hecho de que "cinco integrantes de una familia, tres hermanos y dos primos" hubiesen adquirido esos pisos. "Es un dato muy revelador", ha subrayado Cutanda. Sobre todo, según ha añadido, si se tiene en cuenta su edad. "Lo que más ha llamado la atención son las edades" de esos cinco socios cooperativistas compradores de los pisos, puesto que, según ha detallado, se trata de "jóvenes de 18 a 24 años" que tendrían una vivienda cada uno.

"La cooperativa adjudicó una vivienda a familiares desde la mayoría de edad a los 24 años", ha insistido Cutanda, por lo que se ha cuestionado "cuándo se inscribieron" esos socios en la cooperativa, "¿a los 14 o 15 años?". Así, también se ha cuestionado si "la normativa permite que se opte" a una VPP con esas edades, aunque ha apuntado que, cuando menos, lo que está claro es que "la han conseguido".

Al tiempo, Cutanda ha destacado que en 89 de los 140 inmuebles figura un solo residente, a pesar de que la Policía Local tendría constancia de que en 20 de esos pisos viven más personas, según ha detallado. "Éste es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales, y esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas", ha abundado, para volver a señalar la participación o responsabilidad de Residencial Les Naus en las presuntas irregularidades observadas hasta el momento. De igual modo, ha indicado que también se habría podido constatar más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios de viviendas y que, igualmente, se había podido constatar la presencia de 26 inmuebles en los que se acumula la correspondencia y la publicidad en los buzones y seis pisos en los que residen personas distintas de sus respectivos propietarios, según se ha detallado a través de un comunicado posterior. 

A ese cúmulo de circunstancias, se sumaría, además, la existencia de unas 46 viviendas que no contaban con nadie empadronado en el momento en el que se produjo las visitas de los agentes, "aunque eso no significa que no lo puedan hacer próximamente", ha agregado, toda vez que los propietarios disponen de un plazo de seis meses para registrar su empadronamiento desde la fecha en la que se produjo la firma de las escrituras. En principio, según la información trasladada hasta ahora por representantes de la cooperativa, la mayor parte de los pisos se escrituró a partir de agosto de 2025, aunque algunas de las últimas escrituras se firmaron a finales de año. Sea como fuere, Cutanda también ha apuntado que en algunas de las viviendas con personas empadronadas "no se ha logrado verificar que viva nadie".

El PP insiste en apuntar a la cooperativa

En esta línea, tras agradecer el "gran trabajo" desarrollado por la Policía Local en esa batida de comprobaciones, Cutanda ha mantenido la línea defendida por el alcalde, Luis Barcala, durante la comparecencia pública ofrecida el pasado martes, en la que apuntó a la supuesta responsabilidad de la cooperativa en los hechos. En esa misma línea, Cutanda ha insistido este martes en que "esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas", ha abundado la portavoz del equipo de gobierno.

En principio, responsables de la cooperativa consultados por este diario han precisado que el decreto regulador de las condiciones de acceso a una VPP permite que cualquier persona que haya cumplido 18 años pueda adquirir un piso con esa calificación. Es más, apuntan que incluso está contemplado que pueda comprarlas un menor de edad que esté legalmente emancipado. Además, las mismas fuentes han apuntado que el artículo 91 de la Ley de Cooperativas también contempla la posibilidad de que un socio cooperativista pueda transmitir sus derechos sobre la propiedad de una vivienda a un ascendiente, descendiente o cónyuge, como se habría producido en algunos de los compradores de los 140 pisos de la promoción en los que se habrían registrado transmisiones de padres a hijos.

Sea como fuere, la gestión y compra de esas viviendas ya son objeto de investigación judicial, a partir de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias ante el juzgado de guardia, días después de que trascendiese la identidad de algunos de los compradores de pisos en el residencial, entre los que figura la ya exconcejal de Urbaniso, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, ahora de nuevo en su plaza como jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman; dos arquitectos municipales; otros nueve funcionarios municipales y la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación y Turismo, Miguel Ángel Sánchez.

De hecho, el portavoz adjunto, vicealcalde y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha señalado que el ayuntamiento estaba ultimando la labor de recopilación de la información requerida por el juzgado relacionada con los expedientes de compra de la parcela municipal y con el seguimiento de ese contrato para poder remitirla "previsiblemente" este miércoles, así como la totalidad de la documentación vinculada con esos hechos. Así, ha reafirmado la voluntad de "máxima colaboración" con la jueza instructora y ha sostenido que el equipo de gobierno mantiene la pretensión de personarse en el procedimiento para ejercer la acusación particular como parte afectada, como había informado este diario.

La izquierda, insiste en el equipo de gobierno

Los datos sobre las inspecciones de la Policía Local dados a conocer por Cutanda y Villar ha propiciado las consiguientes valoraciones por parte de los representantes de los grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento. Por un lado, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha recriminado al alcalde, Luis Barcala, que pretenda "ahora presentarse como un perjudicado en la estafa en la adjudicación de la vivienda pública en el residencial Les Naus". "El alcalde no puede presentarse como un espectador, como un comentarista y mucho menos como una víctima. Las verdaderas víctimas de esta gran estafa son las familias de Alicante que han visto vulnerado su derecho a la vivienda", ha señalado.

"El alcalde es el responsable político de toda esta trama porque no ha puesto ningún tipo de control en las adjudicaciones. Dice que ha ido a la Fiscalía y que ha abierto expedientes, pero lo cierto es que a día de hoy mantiene en sus puestos a la jefa de Contratación y al arquitecto que está participando en la enajenación de las parcelas del Plan Vive. Barcala no tiene otra salida que dimitir por el escándalo que salpica de lleno a los amigachos del PP", ha añadido.

Barceló ha resaltado que ni Barcala ni el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pueden señalar como únicos responsables a la propia cooperativa y a un funcionario. "Alguien licitó, adjudicó la venta de la parcela y no controló los procedimientos en la adjudicación de las viviendas que han acabado en manos de altos cargos del PP, amigachos y familiares. Ahora no pueden lavarse las manos. Hay cientos de familias que no pueden ni siquiera pagar los casi 1.000 euros que cuesta un alquiler en Alicante y esas son las verdaderas víctimas de todo este escándalo", ha abundado. En ese sentido, ha señalado que el PSOE llegará hasta el final para dirimir responsabilidades en todo este asunto y ha vuelto a exigir la dimisión del primer edil.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también se ha referido a la polémica de las VPP, a la vista de los nuevos datos facilitados por los dos portavoces del equipo de gobierno. En primer término, ha considerado al alcalde como "el responsable político de esta trama corrupta que está tramando con nuestro suelo" y, al igual que Barceló, ha expresado su desconfianza en la investigación que ha llevado a cabo el equipo de gobierno para tratar de desentrañar posibles anomalías. "No cotejaron el padrón dos días después de que saltara el escándalo cuando se lo pedimos", ha puesto como ejemplo Mas, quien ha lamentado también que el ayuntamiento hiciera público por adelantado que la Policía Local iba a personarse en el residencial para hacer las pesquisas oportunas ya que cree que esto pudo provocar que a los adjudicatarios "les diera tiempo a hacer las mudanzas". Además, ha vuelto a insistir en la necesidad de que se aparte de sus funciones a los empleados municipales sobre los que se ha abierto expedientes informativos. "¿Por qué no apartan a (la ya exdirectora general municipal María) Pérez-Hickman de Contratación?", ha cuestionado el portavoz de Compromís.

Al margen de ello, también ha apuntado sus dudas sobre la respuesta por parte de la edil de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de un posible caso de incompatibilidades o conflicto de interés, a partir de la información que le trasladó la jefa del área de Patrimonio. "¿Por qué la concejala de Hacienda y Patrimonio Nayma Beldjilali, cuando su jefa de servicio frena el cierre del expediente, lo ve y sabe que hay nombre de cargos políticos todos vinculados al PP, paraliza y directamente ese expediente va dirigido al alcalde, tal y como dijo en el pleno?", se ha cuestionado.

"¿Por qué la concejala de Hacienda no dijo nada?¿Por qué no emitió informe? ¿No colaboró con la jefa de servicio? ¿Por qué el informe que sale de Patrimonio, de la jefa de servicio que paraliza estas adjudicaciones definitivas, le llega directamente al alcalde?", ha insistido. En esta línea, ha apuntado que Beldjilali "tiene que dar muchas explicaciones" y ha anticipado que, después de que se produjese la solicitud de comparecencia del alcalde, Compromís también prevé forzar a que Beldjilali ofrezca explicaciones ante el pleno.