El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Limpieza, Manuel Villar, en la presentación de parte de la última maquinaria incorporada al servicio.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante retoma la fiscalización de los flujos económicos del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos. Lo hace mediante la contratación de las auditorías previstas en el pliego del contrato para poder evaluar las cifras que atañen a su prestación en aspectos como los costes laborales, los costes energéticos, las inversiones en mantenimiento y renovación de maquinaria y el saldo obtenido a final de cada ejercicio.
El equipo de gobierno, conformado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), aprobó este martes, en Junta Local, la convocatoria del concurso por el que se externaliza la elaboración de dichos estudios financieros correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022: los ejercicios pendientes de auditar (y, en realidad, los últimos del contrato), después de que se cumplimentase el trámite por lo que respecta al ejercicio de 2018, a través de una licitación promovida por el Ayuntamiento. En ese momento, el acuerdo no estuvo exento de controversia, ya que la UTE concesionaria del servicio (compuesta por FCC, Cespa, Inusa y Grupo Cívica) alegó que el contrato le confería la potestad de seleccionar al auditor de manera directa.
De hecho, la UTE interpuso un contencioso frente al procedimiento de contratación del estudio correspondiente a ese año, impulsado a instancias del departamento de Intervención. Sin embargo, el juzgado acabó avalando la actuación municipal tras confirmar que la competencia de la contratación de esa auditoría correspondía a la administración, mientras que su coste debía quedar asumido por la UTE, como se establece en la cláusula 6.10 del pliego de prescripciones técnicas, en la que se recoge expresamente que la selección del auditor externo "se efectuará por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante".
El estudio debe abarcar el análisis económico de la prestación en los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022, aunque se deja abierta la posibilidad de que se extienda hasta septiembre de 2023
Ahora, la licitación de los informes de fiscalización de los cuatro años pendientes parte con un presupuesto de 69.792 euros, que deberá sufragar la concesionaria de manera fraccionada en el momento en el que el auditor que resulte seleccionado entregue cada uno de los análisis previstos por cada uno de los cuatro años. El plazo establecido para la entrega de esos cuatro estudios es de 16 meses (a contar desde la adjudicación del contrato). No obstante, se contempla una prórroga de cuatro meses adicionales para que se pueda auditar también el ejercicio de 2023, al menos hasta el 1 de septiembre (fecha de finalización de la última prórroga concedida), en el caso de que el servicio siguiese entonces a cargo de la misma UTE.
La hoja de ruta que mantiene el equipo de gobierno es que el servicio pueda contar un adjudicatario renovado antes de esa fecha límite de septiembre de 2023. Por el momento, el departamento de Limpieza ya ha completado la redacción del pliego para poder licitar el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura (separado del servicio de tratamiento y eliminación), que queda pendiente de recabar informe de la Asesoría Jurídica y del departamento de Intervención Municipal. La nueva licitación se plantea por un periodo de 8 años de duración con un presupuesto estimado superior a los 43,2 millones anuales. O si se prefiere, de más de 346 millones por el conjunto de ese periodo.
En principio, todo parece indicar que la convocatoria del concurso podría aprobarse entre los meses de abril y mayo, toda vez que ya ha quedado ratificado el presupuesto municipal de este año en el que se recoge la consignación de crédito necesaria para cubrir sus costes.
