Una de las galerías de la antigua refinería de La Británica, excavada en la ladera de la Serra Grossa de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), escribe un nuevo capítulo en el proceso administrativo iniciado hace más de siete años para que la antigua refinería de La Británica pueda ser transferida bajo gestión municipal con el fin de que pueda acondicionarse y transformarse en un centro cultural polivalente. Salvo cambio de criterio de última hora, el contenido de esa nueva entrega en el intercambio de comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda quedará aprobado, este martes, en la reunión ordinaria de la Junta Local, en forma de aceptación de la cesión de uso del antiguo complejo industrial excavado en las faldas de la Serra Grossa. Eso sí, no será una aceptación incondicional.
La propuesta que los populares pretenden trasladar al ministerio (titular mayoritario del conjunto de las parcelas en las que se ubican las instalaciones) queda supeditada al cumplimiento de dos compromisos que tanto el alcalde, Luis Barcala, como la edil de Urbanismo y Patrimonio, Rocío Gómez, ya han dado a conocer con anterioridad, a la hora de justificar la falta de respuesta respecto a la confirmación de la cesión que Hacienda comunicó en julio de 2022.
La última vez que se refirieron a esas condiciones fue, de hecho, durante el desarrollo del pleno ordinario de febrero, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal de Compromís sobre los trámites pendientes para que se formalizase la cesión del complejo, después de que el Gobierno ratificase la aceptación de la solicitud de transferencia, también sujeta a un último trámite relacionado con la inscripción registral de las fincas que componen el bien, en contestación a una pregunta parlamentaria registrada por el diputado de la coalición valencianista, Alberto Ibáñez.
El primero de esos requisitos consiste, precisamente, en ese mismo trámite de inscripción registral de la propiedad de las fincas sobre las que se asienta el complejo. El equipo de gobierno insiste en que debe ser el ministerio quien complete los pasos necesarios para regularizar la propiedad del conjunto de las parcelas, toda vez que seguiría existiendo al menos una finca que continuaría siendo propiedad privada, al quedar en manos de una particular desde finales del siglo XIX sin que se haya tenido constancia de la existencia de herederos que pudiesen reivindicar su derecho como propietarios.
Sea como fuere, fuentes municipales consultadas indicaron que el Ayuntamiento no puede asumir una cesión de una propiedad sin saber a quién pertenece. De ahí que se insista en apremiar a Hacienda para que disipe cualquier fleco pendiente respecto a la titularidad de las fincas sin transferir esa responsabilidad.
El segundo de los requerimientos a los que se vincula la aceptación de la cesión de La Británica consistiría en su limpieza y descontaminación. En esta línea, el equipo de gobierno incide en que el ministerio debe garantizar que las galerías no presentan elementos potencialmente contaminantes o que entrañasen riesgo, a la vista de que una tesis doctoral elaborada en el marco del programa de Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (IUACA), en el año 2017, alude a la presencia de gas radón en su interior.
A ello se añadiría, además, la posible existencia de restos de combustible ocultos, como los que afloraron tras uno de los últimos episodios de temporal marítimo registrados en la costa de Alicante en el año 2019, generando un vertido desde una red de canalizaciones de las que no se tenía constancia documental hasta entonces, según señalaron las mismas fuentes.
Así, el ayuntamiento mantendría los dos condicionantes antes de aceptar la gestión del antiguo complejo industrial, a pesar de que, como informó este diario, el ministerio daría por descartada la existencia de elementos de riesgo en el interior del recinto industrial, tras mostrar cierta sorpresa sobre el hecho de que no se hubiese aludido a esa posible circunstancia hasta ahora.
¿Qué pasaría si el ministerio no asume esos dos requisitos planteados por el ayuntamiento? Por el momento, no existe una posición definitiva. Con todo, fuentes municipales sí apuntaron que, como mínimo, la solicitud relacionada con la finalización del trámite registral de las parcelas sería irrenunciable. De este modo, las mismas fuentes señalaron que el Ayuntamiento podría valorar la posibilidad de asumir la cesión de uso del espacio en el supuesto de que no se cumpliese la segunda de sus peticiones: la relacionada con la limpieza de las galerías.
En ese caso, se estudiaría si el ayuntamiento tendría la capacidad necesaria para realizar las comprobaciones oportunas respecto a las condiciones de seguridad del inmueble. Y si, en el caso de que se hallasen elementos incompatibles con su apertura al público, se podría llevar a cabo una actuación de limpieza o descontaminación promovida con medios municipales.
Entre tanto, la ejecución de la propuesta diseñada durante el pasado mandato para recuperar ese espacio como centro cultural polivalente sigue bloqueada, sin que tampoco se haya previsto ninguna consignación económica concreta para dar impulso a la transformación que se apuntaba a través del Plan Director que se presentó ante el ministerio, precisamente, como parte del proceso para poder disponer de su cesión.
