Las dependencias en las que se hallaba la Clínica Gran Alacant. Foto PEPE OLIVARESSANTA POLA. Una de las causas judiciales que hay abierta contra el ex alcalde de Santa Pola, el popular Miguel Zaragoza, es el denominado caso Gran Alacant: se investiga si el ayuntamiento, en la etapa de Zaragoza como alcalde, alquiló unas dependencias municipales a la Clínica Gran Alacant, que nunca ingresó el cánon, fijado en 10.900 euros cada año, y que además pudo servir para enchufar a militantes del PP y a la hermana del propio primer edil.
Para reclamar el cobro de la deuda total de la empresa, que asciende a 109.371 euros, el ayuntamiento presentó la correspondiente liquidación, que se distribuía de la siguiente manera: 89.751 euros correspondientes al canon; 6.597 euros euros en mejora de las instalaciones, y 13.022 euros por gastos soportados por el consistorio al tener que destinar a una persona ante el incumplimiento de la concesionaria.
La empresa, Clínica Gran Alacant SL, presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa liquidación, y el juez lo ha estimado parcialmente. Sólo le obliga a pagar los 13.022 euros referidos al personal que tuvo que aportar el ayuntamiento. Del canon y las obras nada. ¿La razón? "La propia actitud del ayuntamiento no ha puesto ninguna pega ni ha sancionado a la concesionaria por incumplir lo pactado respecto al pago del cano y la compensación por la prestación del servicio médico de las bajas laborales de los funcionarios del ayuntamiento, según refleja el fallo, que también reconoce que la empresa sí que cumplió su parte, pero no así el ayuntamiento. En cuanto a los 6.597 euros de las obras en las dependencias municipales, el fallo dice el ayuntamiento no puede reclamar esa cantidad porque ha prescrito. Lo pudo hacer entre el 22 de junio de 2007 y el 22 de junio de 2011; es decir, durante cuatro años siguientes a su ejecución.
Y la única cantidad que el juez permite al consistorio reclamar son los 13.00 euros correspondiente al gasto soportado por el ayuntamiento para sustituir al personal que debía poner la Clínica Gran Alacant para llevar el control de las bajas médicas de los funcionarios. En total, que la liquidación de los 109.000 euros queda parcialmente anulada y el consistorio sólo puede exigir 13.000 euros.
Miguel Zaragoza, ex alcalde de Santa Pola. Foto RAFA MOLINAEn el pleno ordinario del pasado 26 de octubre, el ayuntamiento de Santa Pola acordó recurrir en apelación la sentencia recaída en el recurso presentado por la mercantil Clínica Gran Alacant S.L. contra la liquidación. La defensa del consistorio alegará "el consentimiento tácito -el alcalde en ese momento era Miguel Zaragoza- que supuso la actitud de pasividad de los responsables del contrato implica la imposibilidad de exigir la liquidación en el momento en que el Ayuntamiento lo hizo (2016)". A juicio del consistorio, "la sentencia reconoce que los responsables municipales no hicieron nada por exigir el cumplimiento del contrato. El ayuntamiento defenderá en el recurso la inexistencia de prescripción ya que los plazos aplicados son erróneos (cuatro años) y corresponde aplicar el plazo de quince años del Código Civil.
Hay que recordar que en relación con este expediente existe abierta una investigación en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Elche por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales, contra ex cargos del Partido Popular. Además del ex alcalde, Miguel Zaragoza; están imputados el ex concejal de Personal y cuñado del ex primer edil, Jorge Perelló, la hermana del ex alcalde, pareja del ex concejal de Personal y contratada por Clínica Gran Alacant, Pilar Zaragoza; el ex concejal de Sanidad (antes de dicho cargo era personal contratado por la Clínica Gran Alacant), Francisco Martí; Antonio Martínez, personal de la Clínica y miembro de la lista electoral del Partido Popular, y los antiguos socios de la mercantil Clínica Gran Alacant, S.L.
