Ortiz cierra un pacto con Fiscalía y asume dos años por el 'amaño' del PGOU de 'Brugal'

ALICANTE. Vuelco hasta cierto punto inesperado en el proceso sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante: una de las veinte piezas en las que se desgajó el llamado caso Brugal. Uno de los principales protagonistas de la presunta trama, el empresario Enrique Ortiz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta el grueso de los hechos recogido en su escrito de acusación inicial. Básicamente, que negoció cambios en el planeamiento urbanístico de la ciudad de Alicante que se estaba redactando entre los años 2007 y 2008 con la intención de lograr un beneficio en terrenos de su propiedad a cambio de la entrega de diversas dádivas (entre ellas, dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper o viajes a Creta, Ibiza y Andorra) a los dos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Según fuentes consultadas por Alicante Plaza, en virtud de ese pacto, Ortiz asume una pena de dos años de prisión, en lugar de los ocho que el acusador público solicitaba para él hasta ahora. Por su parte, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Alicante pedía una condena de 5 años, mientras que la agrupación local de Esquerra Unida (EU), que ejerce la acusación popular, solicitaba 13 años.

En concreto, Ortiz se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad. Además, admite responder como cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación. Así, se concierta la imposición de una año y seis meses por el primero de esos delitos, además de multa de 356.528 euros; otros seis meses por el segundo, además de otra multa de 526.261 euros; y otros dos años y un mes de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público por el tercero. Además, el conocido promotor deberá indemnizar al Ayuntamiento con 713.057 euros por los costes derivados de la tramitación del Plan General de la ciudad.

Con este acuerdo de conformidad, el conocido promotor se aseguraría eludir el ingreso en un centro penitenciario, pese a que ya fue condenado en 2018 a un año y tres meses de prisión (sustituidos por multa) en la pieza del 'Caso Gürtel' sobre la financiación irregular del PPCV. En este caso, la conformidad también conlleva el pago de una suma económica que asciende a 1,6 millones de euros.

El acuerdo, que se habría concretado en los últimos días en una negociación coordinada por Anticorrupción a la que se habrían adherido el resto de las acusaciones, sigue la estela del suscrito por el constructor ilicitano Ramón Salvador, también procesado por los mismos hechos. En su caso, Salvador asumió una pena de tres meses de prisión. Según las fuentes consultadas, el pacto se extendería a los trabajadores de sus empresas también procesados: el hermano del constructor, Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez. El exresponsable de las empresas de Ortiz también procesado, Pablo Rico, por el momento queda fuera del acuerdo.

En todo caso, el pacto resulta especialmente relevante por lo que supone al resto de procesados que todavía no han suscrito acuerdos similares. Se trata de Alperi y Castedo, además de los letrados del bufete Salvetti Abogados, José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y Javier Gutiérrez, quienes supuestamente tramitaron las alegaciones para que se recogiesen las modificaciones en la redacción del nuevo PGOU: un documento que no llegó a entrar en vigor (el PP desistió de su tramitación a principios de 2015), pero que, según el juez instructor de la causa, Manrique Tejada, sí permitió que Ortiz obtuviese plusvalías, a partir de las conclusiones que se recogen en el denominado informe Bankia, elaborado por la consultora KPMG..

Con las conformidades de Salvador y Ortiz, la estrategia de defensa del resto de los procesados queda ahora más debilitada, después de que los empresarios supuestamente beneficiados por el planeamiento hayan reconocido que negociaron a cambio de la recalificación de sus suelos. En principio, según las fuentes consultadas, no se descarta que pueda promoverse nuevos acuerdos de conformidad con el resto de los acusados antes de que dé inicio la celebración del juicio. Su desarrollo se había señalado hasta ahora para el próximo otoño, después de dos sesiones iniciales previstas para finales de junio. Esa programación, no obstante, podría quedar sujeta ahora a modificaciones.