La venta de suelo municipal de Playa de San Juan: la "transparencia" y la autoría de las bases

ALICANTE. La polémica arrecia en la operación de venta de la parcela de propiedad municipal de Playa de San Juan puesta en marcha por el equipo de Gobierno del PP por un precio fijo de 6,6 millones. Los recursos de reposición presentados por la asociación de promotores de la provincia de Alicante, Provia, y por el gabinete Block Arquitectura que han motivado la suspensión temporal del proceso, ponen el foco en la idoneidad del pliego de bases por el que se rige la convocatoria hasta el punto de solicitar su modificación. En concreto, se pone el foco en el criterio establecido como fórmula de desempate, en el caso de que las ofertas presentadas pudiesen obtener la misma puntuación técnica sobre las mejoras constructivas comprometidas (al parecer, prácticamente los estándares que rigen en el sector). Como viene informando este diario, ese criterio de desequilibrio es el de la anticipación en el registro de la oferta: es decir, a igual puntuación, la parcela se adjudicará al licitador que hubiese presentado su plica en primer lugar.

En esos recursos se alude a la posible arbitrariedad de ese criterio y a la conveniencia de que se establezcan fórmulas distintas que, por ejemplo, puedan favorecer el interés general o aportar mejoras para los futuros compradores de las 150 viviendas de protección oficial (VPO) a las que se daría cabida en el solar. La decisión está ahora en manos de los Servicios Jurídicos municipales, que deben evaluar el pliego de bases y si los recursos tienen fundamento. Todo en un plazo máximo de un mes desde la fecha en al que se produjo su presentación.

Como viene informando este diario, en la mesa de contratación en la que se abrió el primer sobre de las cinco propuestas presentadas, los técnicos municipales explicaron que la fórmula de la anticipación en el registro está contemplada en la legislación que rige en los procesos de venta de bienes patrimoniales, al margen de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP). Sin embargo, lo cierto es que el desarrollo de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, este lunes, en la que se dio cuenta de las fechas de registro de cada una de las cinco ofertas presentadas, no ha hecho más que acrecentar las dudas en el seno del grupo municipal de Ciudadanos (Cs). Su portavoz adjunto, Antonio Manresa, señaló este martes que "la operación de venta de suelo municipal en Playa San Juan para la construcción de 150 viviendas de protección oficial necesita de la mayor transparencia posible, y tras la Comisión de Vigilancia de la Contratación del pasado lunes hay puntos oscuros que conviene disipar".

En concreto, señaló que, a su juicio, "es bastante insólito que una empresa, en este caso una cooperativa, se presente al concurso al día siguiente de la licitación, y además con una aval bancario, o señal, cuya cuantía se fijaba en las bases de la propia convocatoria", añadió Manresa, a través de un comunicado. "Cabe recordar que la licitación salió el 5 de septiembre, a las 10.15 horas, y la oferta entró en el Ayuntamiento el 6 de septiembre, a las 12.52", prosiguió. "Lo sorprendente es que el aval, o señal, se estableció en las bases publicadas el mismo 5 de septiembre, no antes, por un importe de casi 270.000 euros según figura en la documentación oficial", subrayó el edil.

Cs insiste: "Es insólito que una empresa se presente al día siguiente de la licitación y además con un aval bancario"

Así, insistió en que, en su opinión, "hay que aclarar esta velocidad tan vertiginosa de igual modo que tampoco acabamos de entender la presencia del concejal Carlos Castillo en la Comisión de Vigilancia de la Contratación cuando no forma parte de ella, ni Cs, que es quien reclamó esta comisión, había solicitado su presencia". "Y conviene recordar que este concurso, tasado en 6,6 millones de euros, es la operación de venta de suelo más importante que ha realizado el Ayuntamiento en los diez últimos años", concluyó.

Según fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza, las incógnitas se acrecentarían en la medida en que, entre la documentación de la que se compone el expediente -iniciado bajo la etapa de Gobierno del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y completado ahora por el PP- figura un informe de la jefa del servicio de Contratación, con fecha de junio de este año, en el que la máxima responsable de ese departamento -el que habitualmente suele asumir las licitaciones municipales-, deja constancia expresamente de que "las cláusulas específicas del contrato han sido propuestas por el órgano gestor indicado [en el encabezamiento del informe], así como los medios de solvencia y criterios de adjudicación, siendo por tanto, de su responsabilidad". Ese órgano gestor es el Servicio de Gestión Patrimonial, que coordina el edil de Hacienda y Patrimonio, Carlos Castillo. 

En cualquier caso, no consta que la Asesoría Jurídica y el departamento de Intervención apreciasen algún inconveniente legal en la tramitación del expediente. Y no es menos cierto, respecto a la rapidez en el registro de la primera propuesta (un día después de la apertura del plazo, el 5 y el 6 de septiembre, respectivamente), que la convocatoria se había anunciado ya en junio, por lo que cualquier empresa interesada en presentar propuesta había tenido dos meses para prepararla. Por lo pronto, todo sigue a expensas del criterio de la asesoría jurídica municipal sobre los recursos ya mencionados.