El nuevo sistema de fiscalización de ayudas a municipios trastoca (de nuevo) la unidad en la Diputación

ALICANTE. En la Diputación de Alicante, la unidad que se intenta transmitir en la gestión y respuesta a las medidas que se deben dar a los municipios va por semanas. De vez en cuando, el PSPV quiere marcar perfil político con la renuncia a la ayuda que percibe el grupo, cuestiona medidas estrella del presidente Mazón, o propone un presupuesto nuevo; otra veces, es Compromís quién se revuelve contra las medidas de PP en las que esperaba contar con el respado de Cs. No hay semana que alguna de las medidas del PP reciba alegaciones y respuestas de la oposición, cuando posiblemente lo que se intenta exhibir es todo lo contrario. O ese es el deseo.

Y es lo que ha pasado este miércoles. En principio, se ha transmitido de la institución que  los grupos políticos de la Diputación de Alicante, el PSPV-PSOE, PP, Cs y Compromís, han acordado celebrar la próxima semana un pleno 'online' sin mociones de contenido político o de partido con el objetivo de propiciar la coordinación y unión frente a las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus.

La decisión se ha adoptado esta mañana en una reunión telemática de la Junta de Portavoces en la que han participado el presidente, Carlos Mazón, la vicepresidenta primera, Julia Parra, el portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester, y los portavoces del grupo popular, Eduardo Dolón, Ciudadanos (Cs), Javier Gutiérrez, PSPV-PSOE, Toni Francés, y Compromís, Gerard Fullana, así como el diputado provincial Miguel Ángel Sánchez.

Todos han establecido no incluir en la sesión plenaria, que tendrá lugar el próximo viernes 17 de abril, mociones con contenido de partido para evitar posicionamientos que puedan romper la unidad de acción frente a la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

En estos momentos, la Diputación de Alicante trabaja de forma conjunta en una primera reestructuración presupuestaria para dotar a los ayuntamientos de más medidas e inyección económica que permita a los consistorios hacer frente a la emergencia social provocada por el virus, así como propuestas financieras que ayuden a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a afrontar las pérdidas de sus negocios.

Pero antes de que se diera luz a ese mensaje, se ha vuelto a producir el encontronazo, entre Compromís y PP, como lo fue la semana pasada con el PSOE. Esta vez ha sido a cuenta el cambio del sistema de cómo debe ser tratadas las ayudas de la Diputación a los ayuntamientos en las comisiones, que se celebran semanas antes del pleno. Con anterioridad, cada expediente, cada ayuda, se planteaba en la comisión y si se aprobaba, pasaba al pleno ordinario de cada mes. Ahora, el sistema ha cambiado: será una comisión técnica quien autorizará cada proyecto de acuerdo con las bases aprobadas inicialmente. Y posteriormente, el presidente de la institución lo autorizará a través de un decreto, del que se dará cuenta en el pleno. La cuestión es que esa comisión, inicialmente, técnica, tendrá representantes políticos, de PP y Cs, y no de PSPV y Compromís.

El PSPV admite que el nuevo sistema es legal, pero que priva de participación política a la oposición a la hora de revisar proyectos o aportar mejoras. "En el anterior mandato ya detectamos errores y sugerimos cambios; ahora no lo podremos hacer", ha dicho Toni Francés.  Compromís ha sido más contundente en una dura nota de prensa y ha acusado al PP de censurar el trabajo de fiscalización de la oposición a las ayudas a los municipios. "Por primera vez en la historia de la institución Mazón pretende que las bases de convocatoria y la resolución de subvenciones de la totalidad de subvenciones no tengan que pasar el filtro de ningún órgano donde esté representada la oposición, esto es, ni el plenario ni las comisiones informativas", ha denunciado la formación valencianista.

El equipo de gobierno quita hierro

El portavoz del PP, Adrián Ballester, ha asegurado que la oposición tendrá acceso a cualquier expediente o documento de la institución y por ello, ha justificado que con el nuevo sistema se intenta agilizar la actividad administrativa de la Diputación. "No debemos crear más burocracia; lo que quieren los ayuntamientos es que cuanto antes se le dé el dinero", ha dicho Ballester quien ha insistido en el compromiso del equipo de gobierno por la transparencia.

Por su parte, el portavoz de Cs en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, ha explicado que la acusación de Compromís es infundada y va en contra de la ley. Por otro lado, sorprende que Compromís critique en la Diputación de Alicante los mismos procedimientos que se llevan a cabo en corporaciones donde gobierna, como la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València. Gutiérrez ha explicado que una comisión informativa no puede actuar como un órgano resolutivo, está fuera de sus competencias, sólo tienen atribuidas funciones de estudio, informe o consulta. Es el diputado del área el que tiene atribuciones resolutorias, según la normativa vigente actual que impera en todo el Estado.

La propuesta de Compromís, por tanto, contradice el Reglamento de Organización funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales. La propia ley prevé la necesidad de un informe previo, ha insistido Gutiérrez. "Todas las bases de las convocatorias de las subvenciones deben ser conformes con la ley, por tanto, la modificación introducida es una adaptación a la normativa en vigor", ha indicado.

Gutiérrez ha asegurado además desde Cs siempre se ha tendido la mano a los portavoces de los grupos de la Diputación para informar de todos los asuntos con total transparencia y hacer realidad aquellas propuestas que sean buenas para los alicantinos, vengan de donde vengan. "Lo que hacen falta en estos momentos son propuestas y no ruido que no lleva a nada", ha concluido.