El Consell activa la exhumación de represaliados en Alicante y busca sede al Instituto de la Memoria

ALICANTE. La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática pone en marcha la primera actuación centrada en el rescate de la memoria en la ciudad de Alicante con el inicio de la exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Alicante, de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. Fuentes del departamento autonómico que coordina Rosa Pérez precisaron que la entidad contratada por la Generalitat para acometer los trabajos arqueológicos, la Asociación Científica ArqueoAntro, prevé abordar la tarea desde mediados de la próxima semana con la intención de certificar la presencia de once primeros represaliados en la denominada Fosa X.

La búsqueda responde a la petición formulada por tres familias de once primeros represaliados con el propósito de que se pudiese recuperar sus cuerpos. Según la información recopilada durante la fase previa de investigación, que se recoge en el expediente, los restos de esas once personas se encontrarían inhumadas en esa fosa común. 

Las mismas fuentes indicaron que ya se dispone de los permisos requeridos para el inicio de la exhumación y que también se ha concertado con el Ayuntamiento de Alicante la cesión de un espacio en el propio cementerio en el que se pueda realizar los análisis forenses sobre los restos hallados y confirmar su identificación, mediante la realización de pruebas de ADN, como informó este diario el pasado diciembre.

La exhumación en el cementerio de Alicante se suma a las que ya se ha desarrollado en otros municipios de la provincia como Monóvar, Orihuela y Benissa. Además, Participación también llevó a cabo una prospección en el término de San Isidro para concretar los límites del campo de concentración documentado entre ese municipio y el de Albatera. En todo caso, no será la única actuación prevista en la capital. La conselleria prevé desarrollar, en el futuro, nuevas exhumaciones en el cementerio de la capital, toda vez que se tiene documentada la existencia de otras 400 personas que fueron inhumadas en la misma fosa común en la que se centra la primera prospección.

Sea como fuere, el desarrollo de esas exhumaciones no es la única intervención prevista por el departamento autonómico en Alicante en este 2021. Antes de que concluya este ejercicio, Participación también pretende poner en funcionamiento el llamado Instituto de Memoria Democrática, un ente de carácter autonómico previsto en la propia Ley 14/2017 que tendrá sede estable en Alicante, como la Sindicatura de Greuges. En función de lo previsto en la propia Ley, su cometido es promover el cumplimiento de las medidas previstas en esa normativa, así como de desarrollar la labor de estudio e investigación sobre la memoria.

El departamento autonómico debe aprobar ahora los estatutos de su constitución y concretar el cuerpo de funcionarios del que podría disponer. En el momento de su creación, entonces bajo el paraguas de la Conselleria de Justicia, se barajó la posibilidad de que contase con una plantilla mínima de 20 funcionarios. Por lo pronto, Participación ya busca una sede física en la que poder situar su ubicación, para la que se ha llegado a plantear tanto las dependencias de la dirección territorial de la Conselleria de Obras Públicas, como la propia sede de la Delegación del Consell. 

Participación sondea varios emplazamientos para situar el ente autonómico como el Palacio del Portalet o el edificio de Sanidad Marítima del Puerto

No obstante, se estarían sondeando otros emplazamientos distintos entre al menos cuatro edificios alternativos, para los que ya se habría pedido parecer al Ayuntamiento de Alicante, ante la posibilidad de que pudiese abordarse la rehabilitación de algún edificio emblemático de su titularidad. Así se planteó de hecho este lunes en un encuentro de trabajo celebrado entre Rosa Pérez y el alcalde, Luis Barcala (PP).

Entre esos posibles emplazamientos figura el Palacio del Portalet, en el edificio de la calle Labradores, número 15, de titularidad municipal, cuya rehabilitación concluyó durante 2017, con la intervención de la Conselleria de Obras Públicas. También se estaría evaluando la posibilidad de compartir con la Conselleria de Cultura el edificio de Sanidad Marítima del Puerto de Alicante, en el caso de que finalmente el departamento de Vicent Marzà llegase a solicitar su concesión.

En ese sondeo, también se habría incluido la posibilidad de ubicar la sede del Instituto en las instalaciones del Centro 14, sede de la Concejalía de Juventud, en cuanto finalice su ampliación en el edificio contiguo, aunque no se trataría de la primera preferencia de Participación en la medida en que la mera hipótesis de su uso ya ha motivado la queja de asociaciones juveniles.

En todo caso, otra de las opciones que estaría sobre la mesa sería la posibilidad de situar la sede del Instituto en las dependencias del Palacio de Justicia de Benalúa, en cuanto pueda liberarse parte de los órganos judiciales que alberga en la actualidad, en la medida en que -según fuentes de la conselleria- esa ubicación dotaría al ente autonómico de un carácter simbólico, ya que el edificio fue la cárcel en la que se produjo el fallecimiento de Miguel Hernández.