El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, interviene en el pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sobre el sector urbanístico de Pino Ruaya, por la que se conmina a incorporar la planimetría de dichas fincas al Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU). Se trata de un sector con una superficie de 40 hectáreas que colinda con el PAU 3, entre Vistahermosa y Santa Faz. El acuerdo ha prosperado con el voto favorable del equipo de Gobierno, del PP, del PSOE y de Ciudadanos (Cs), la abstención de Compromís y el voto en contra de Guanyar, como sucedió en la comisión informativa de Urbanismo celebrada por urgencia y con carácter extraordinario este miércoles. Por su parte, los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, se han abstenido.
El acuerdo, precisamente, se ha debatido después de superar el trámite de urgencia, gracias a los votos de PP y PSOE. Ciudadanos (Cs) se ha abstenido al considerar que, en un asunto como este que viene de 1992, no se entiende "que se traiga una propuesta por urgencia a un día del pleno y sin tiempo para estudiar su contenido", según ha apuntado su portavoz, Yaneth Giraldo. En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.
En la defensa de la propuesta, la edil de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, ha señalado que se trata de dar cumplimiento a un fallo judicial pendiente y que, en todo caso, el desarrollo concreto sobre las condiciones urbanísticas del sector quedarán supeditadas a la aprobación de la correspondiente modificación del Plan General en el futuro, sin que se reconozca ningún derecho concreto.
Sin embargo, el portavoz de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha insistido en calificar el acuerdo como "una auténtica barbaridad". Ha recalcado que, en la propuesta planteada ahora, se excede de los términos a los que obliga la sentencia, en la medida en que ese fallo sólo prevé "que el sector se clasifique como urbanizable, pero no obliga a que se defina como residencial ni a que se fije su edificabilidad, con una densidad de 50 viviendas por hectárea, como se plantea en el acuerdo". Eso supone, según ha concretado, la posibilidad de que se construyan 2.350 viviendas. Así, ha reiterado que su formación valorará la posibilidad de interponer un contencioso contra el acuerdo, tras acusar al PP de volver al "modelo de urbanismo de promotor, a la carta". "No nos importa volver a quedarnos solos frente a la cultura de los pelotazos, como ya sucedió en el Plan Rabasa, que por cierto quedó anulado en los tribunales", ha apuntado. Además, ha subrayado que, "curiosamente", en este sector también tiene intereses el empresario Enrique Ortiz.
En esta línea, ha recordado que, durante la etapa en la que él ejercía como concejal de Urbanismo, el criterio técnico que regía era el de no ceder a las determinaciones de los promotores y que, ahora, ese criterio se ha cambiado, después de que se haya acordado el relevo de los dos máximos responsables técnicos del departamento durante las etapas de "los dos minigobiernos de PSOE y PP".
La portavoz del PSOE y sucesora de Pavón al frente del área de Urbanismo, Eva Montesinos, ha señalado que el cumplimiento de esa sentencia fue un expediente que se inició durante el periodo en el que ella asumió las competencias de la concejalía y ha justificado el apoyo del grupo socialista en un "ejercicio de responsabilidad", aunque también ha criticado que el acuerdo se plantease por urgencia, "de manera improvisada".
El líder de Compromís, Bellido, ha señalado que su grupo alberga dudas ante las diferencias que se recogen en los informes técnicos actuales y los que se formularon en el pasado. Por ello, ha explicado que en la comisión del miércoles ya solicitó -sin éxito- que se retirase, como mínimo, parte de la propuesta para poder fijar un criterio de consenso respecto a esas aparentes contradicciones.
El alcalde, el popular Luis Barcala, ha intervenido para cerrar el debate sobre la propuesta con el propósito de insistir en que lo que se plantea es únicamente dar cumplimiento a una sentencia "sin condicionar nada, ya que todo queda supeditado al Plan General". Según el primer edil, así se expuso en la comisión de Urbanismo. Además, ha admitido que, en efecto, la propuesta se ha planteado por urgencia, pero ha alegado que de lo que se trataba era de "no demorar más" una decisión pendiente desde hace años, ante la posibilidad de incurrir en un supuesto de desobediencia, tras las reiteradas peticiones por parte de los impulsores del desarrollo del sector que se acumulan en el expediente.
Barcala defiende que el acuerdo supone cumplir una sentencia y que no condiciona nada
En este sentido, ha señalado, en alusiones a Pavón, que, a diferencia de lo que le sucedía a su predecesor en el cargo, el socialista Gabriel Echávarri, "yo no dependo de usted para tomar decisiones, dependo de mi grupo, y no estoy dispuesto a exponerme a esa situación de poder incurrir en responsabilidades penales". Por último, ha animado al líder de Guanyar a "dejarse de bravuconadas y de mezclar unos planes con otros", en respuesta a la alusión que Pavón ha formulado sobre la anulación del Plan Rabasa. Así, le ha invitado a acudir al juzgado si así lo estima oportuno.
En el pleno (que se ha abierto con un minuto de silencio en memoria de la exministra de Cultura, Carmen Alborch, tras el minuto de silencio habitual por las víctimas de la violencia de género acontecidas durante el último mes), también se ha aprobado la concesión de la compatibilidad profesional para Miguel Ángel Cadenas, uno de los asesores municipales del equipo de Gobierno del PP. El punto ha prosperado con el voto favorable de todos los grupos políticos, salvo el de Guanyar, que se ha abstenido.
El portavoz de esa plataforma electoral, Pavón, ha señalado que su formación se decantaba por la "prudencia" a la vista de "los problemas que arrastra el PP con sus asesores" en referencia a los dos cargos de confianza que ya se han visto forzados a dejar sus puestos: Miguel Ángel Redondo (que acompañó a la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en su visita a dependencias municipales y a las sedes de entidades sociales de la ciudad) y Jorge Crespo (con participación en una empresa que se había convertido en preadjudicataria de un contrato municipal de prestación de servicios).
