Recreación virtual del proyecto de los depósitos del Puerto con el desarrollo de dos de las tres fases previstas por XC Business.ALICANTE. Era uno de los puntos de debate contemplados en el orden del día del pleno del Ayuntamiento de Alicante de este jueves con carácter previo, que ha cobrado una mayor trascendencia, después de que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) conocida este miércoles haya reconocido la licencia ambiental a la empresa XC Business para el desarrollo de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías el Puerto.
Sin embargo, la propuesta presentada por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem en sí misma no ha deparado ninguna sorpresa respecto a los planteamientos políticos esbozados hasta ahora, más allá de que se haya escenificado la división respecto al acuerdo concreto que se trataba de defender: que el Ayuntamiento instase a la Autoridad Portuaria a revocar la modificación de la concesión a la empresa XC Business 90 para la construcción de esos tanques de almacenaje.
Por partes, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha instado a adoptar medidas para "evitar esta barbaridad". "Es que esto no merece más explicaciones, esto es una auténtica barbaridad que se plantea al lado de la terminal de cruceros y del proyecto del centro de congresos", ha argumentado. En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha recriminado al alcalde y al equipo de gobierno que no hubiesen tomado la iniciativa para negociar un acuerdo similar al que se concertó en 1995 bajo la Alcaldía de Ángel Luna. "Pero usted no es Ángel Luna, señor Barcala", ha señalado. En todo caso, ha instado al primer edil a solicitar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que aplique el límite de distancia de seguridad que, según ha sostenido, sigue en vigor en la Ley de Calidad Ambiental para evitar el desarrollo de ese proyecto.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha manifestado el rechazo de su partido a la instalación de los depósitos, aunque ha apuntado que no se podía dar falsas esperanzas a los vecinos tras considerar que lo que se plantea en la declaración institucional es "que la Autoridad Portuaria prevarique para retirar la modificación de la concesión". Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha reconocido la dificultad de que pueda promoverse la retirada de ese acuerdo adoptado hace cinco años, pero sí ha insistido en que "lo que veníamos pidiendo era que se hablase, que se dialogase y que se negociase" para buscar una posible reubicación de ese proyecto en otro emplazamiento alejado de núcleo habitado. No obstante, ha recriminado que no se haya dado ningún paso en ese sentido. "Se lo pedimos a la Generalitat y el señor Mazón se puso de perfil", ha recalcado. Y ha lamentado que el alcalde no lo haya exigido ante el presidente de la Generalitat. "Usted ante el señor Mazón claudica", ha añadido.
Los ediles del pleno de la corporación, en una votación.Por último, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha intervenido en representación del equipo de gobierno para señalar que "hemos defendido siempre la posición de rechazo a los macrodepósitos", pero ha apuntado que "la sentencia que conocimos ayer va en contra de la tesis que mantenía este ayuntamiento, en contra de la improcedencia de la licencia solicitada". "En estos momentos, los servicios jurídicos municipales están estudiando la sentencia y las posibles alternativas existentes", ha apuntado, en la línea manifestada por el mismo alcalde, el miércoles. De ahí que haya señalado que "por pura responsabilidad, el ayuntamiento no puede ni debe manifestarse en este tema". "Lo que ustedes traen es una acusación a otra administración, lo que no es de recibo; nosotros pedimos tiempo para poder estudiar alternativas y abrir la puerta a las negociaciones que propone el PSOE", ha explicado.
Barcala confirma una próxima reunión con la Generalitat para abordar posibles decisiones respecto al proyecto
En esta línea, ha avanzado que "ya hemos pedido una reunión a tres bandas entre la Generalitat, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento y necesitamos tiempo para poder minimizar el impacto de la citada sentencia", ha recalcado. "Consideramos inoportuna y extemporánea esta declaración", ha concluido. Así, a la postre, en el turno de la votación, la propuesta ha quedado rechazada con 11 votos a favor (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) frente a los 14 votos del PP y los 4 de los representantes de Vox. Al término del debate, el mismo Barcala ha anticipado que ya se había acordado "fecha y hora" para el desarrollo de esa reunión de trabajo con la Generalitat y la Autoridad Portuaria con el fin de valorar posibles pasos de futuro respecto al proyecto de XC Business.
El debate de la propuesta ha estado precedida por la intervención de una de las portavoces de la Plataforma por un Puerto Sostenible, Sol Garcín, que ha abogado, precisamente, por "atacar" contra la raíz del problema al reivindicar que se revoque o se rescate la modificación de la concesión aprobada por la Autoridad Portuaria en 2019, como había anticipado este diario.
Entre tanto, al margen del debate político municipal, el grupo de Compromís-Sumar en el Congreso ha registrado este mismo jueves una nueva iniciativa por la que insta al Gobierno central a precisar si se piense adoptar algún tipo de medida que evite el desarrollo de plantas de almacenaje de carburantes en las proximidades de zona residencial.
En concreto, la pregunta, formulada por el diputado Alberto Ibáñez, hace referencia a una respuesta parlamentaria previa, con fecha de 10 de octubre, en la que según incide "se indicaba que 'en estos momentos no existe ninguna solicitud de concesión de macrodepósitos tal y como se indica en la pregunta'". Sin embargo, añade que "el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha resuelto estimar el recurso de apelación presentado por la compañía XC Business para instalar macrodepósitos en el Puerto de Alicante, frente a la sentencia de primera instancia en el que se descarta el derecho de la mercantil a que se le concediese licencia de obra por silencio administrativo, ante el retraso de la administración local en la resolución de su solicitud de permiso".
Compromís pregunta al Gobierno si prevé regular límites de distancia para la instalación de depósitos de almacenaje de combustibles respecto a zona residencial
La pregunta parlamentaria detalla que "la Generalitat Valenciana aprobó un decreto, recurrido por el Gobierno de España, para regular la ubicación de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos combustibles de más de 5.000 metros cúbicos en el interior de recintos portuarios, cuya actividad no tenga interrelación de servicio con instalaciones estratégicas estatales. Dichas instalaciones deberían situarse al menos a 1.000 metros de distancia", sin llegar a mencionar que, finalmente, esa disposición quedó revocada en sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) tras resolver el recurso presentado por el Gobierno y concluir que la medida autonómica suponía una invasión de competencias estatales.
En todo caso, ante el nuevo escenario deparado por la sentencia del TSJ que reconoce el permiso a la promotora de la planta de carburantes, Compromís-Sumar cuestiona al Gobierno para que concrete Si tiene previsto "modificar la gobernanza de los puertos, así como de regular la colocación de macrodepósitos de almacenaje de combustibles y de ampliar a mínimo 1.000 metros su ubicación del suelo residencial, de equipamientos comunitarios o de uso terciario especial, como es el caso del Puerto de Alicante".
A partir de ahora, está por ver cuál puede ser el futuro desenlace del proyecto de XC Business, a la espera de que el Ayuntamiento decida si interpone recurso ante el Tribunal Supremo (TS) o de que se confirme si existe la posibilidad de que la empresa promotora solicite la ejecución provisional de la sentencia y que pueda solicitar una compensación por responsabilidad patrimonial de la administración por el retraso en la resolución de la licencia solicitada.
Sea como fuere, el debate sobre el futuro de los depósitos no ha sido el único asunto tratado a lo largo de la sesión plenaria. También se ha debatido sobre la extensión de la red del sistema de tranvía y sobre el conflicto del ruido, entre otros puntos.
