El edificio histórico del Ayuntamiento de Alicante, en la plaza de su mismo nombre. Foto: RAFA MOLINAEl tripartito prepara el traslado de la Concejalía de Urbanismo al antiguo edificio de la Cámara de Comercio en marzo, lo que permitirá reubicar otras dependencias repartidas en locales arrendados del Centro. El gasto mensual en oficinas supera los 90.000 euros, 43.000 de ellos por el inmueble del antiguo Hotel Palas. La ampliación de la Casa de la Festa podría implicar la renuncia a ese espacio en algo más de un año
ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante activa un ambicioso plan de mudanzas con el reto de ahorrar algo más de un millón de euros anual en alquileres, tras haberse pertrechado de nuevos edificios públicos en los que poder reubicar las dependencias de todas las concejalías. Tras la construcción del edificio anexo al Ayuntamiento histórico y, después de haber rehabilitado el inmueble de Porta Ferrisa, en la calle Jorge Juan, ya se trabaja en el estreno de las nuevas oficinas habilitadas en el antiguo emplazamiento de la Cámara de Comercio, en la calle San Fernando. Las obras de rehabilitación están en su última fase de ejecución y, según fuentes municipales, podrán asumir a todo el personal adscrito a la Concejalía de Urbanismo en el mes de marzo.
Ese movimiento, abrirá el baile de traslados. La mudanza de los servicios de Urbanismo permitirá liberar al menos una planta del antiguo Hotel Palas, en la Plaza del Mar, rehabilitado como sede de la Cámara de Comercio y alquilado en su totalidad al Ayuntamiento desde 2014. El espacio vacante servirá para reorganizar otros servicios que ahora comparten ese mismo edificio (las concejalías de Turismo, Comercio y Recursos Humanos) y, además, para acoger otras oficinas repartidas en locales arrendados por todo el Centro. La Concejalía de Hacienda prevé que esa primera fase de traslados supongan ya un primer ahorro de 7.000 euros entre la sangría que supone la partida reservada para alquileres: hasta 90.352 euros mensuales, 1.084.224 euros al cabo del año.
La mayor parte de ese presupuesto se la lleva, precisamente, el alquiler del edificio de la Cámara. El contrato firmado bajo el mandato del PP de Sonia Castedo fija una cuota mensual de 43.618 euros, casi el 50% del gasto mensual en arrendamientos. Ese contrato seguirá en vigor al menos hasta finales de 2017. El actual tripartito deberá decidir, entonces, si negocia su renovación o si -como parece probable- prescinde de ocupar el inmueble. Según las fuentes consultadas, todo dependerá de en qué estado de ejecución se encuentre la segunda gran actuación pendiente para ganar oficinas municipales: la ampliación de la Casa de la Festa, en la Rambla. Se trata de una de las inversiones que el tripartito prevé financiar con cargo al crédito de 9 millones suscrito a principios de 2016. El proyecto, aprobado en agosto, tiene un presupuesto de 4,2 millones y un plazo de ejecución de un año. Se confía en que las obras salgan a licitación de manera inminente, de manera que podrían estar terminadas a principios de 2018.
El consejo social de la ciudad, por otra parte, aprobó este jueves por unanimidad, a propuesta del vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, la creación de una comisión de trabajo que elabore proyectos de informe tanto sobre el catálogo de protecciones de Alicante como sobre el plan general estructural. El pasado 25 de noviembre el consejo de sostenibilidad acordó crear una comisión de trabajo similar en el ámbito de las funciones de dicho consejo, acordándose ahora, a propuesta del miembro del consejo y concejal del PP, Luis Barcala, que ambas comisiones puedan trabajar de forma coordinada.
Durante la reunión del consejo el vicealcalde ha defendido la creación de la comisión por el carácter estratégico que tienen tanto el catálogo de protecciones como el plan general estructural y ha explicado que el documento del catálogo de protecciones sobre el que deberá elaborarse el proyecto de informe será la versión del catálogo que el equipo de gobierno prevé someter nuevamente a información pública a partir de enero de 2017 tras analizarse y resolverse las cerca de 200 alegaciones que ha recibido en su primer periodo de información pública, que concluyó a mediados del pasado mes de septiembre.
Los miembros del consejo social de la ciudad, en su reunión de este jueves. Foto: AP El proyecto de informe tendrá que ser elevado al pleno del consejo social para su aprobación e incorporación al expediente del catálogo antes de su aprobación provisional. Una aprobación provisional que el equipo de Gobierno ha situado entre marzo y abril de 2017, de modo que la Generalitat lo pueda aprobar definitivamente a principios de junio de 2017 para que no decaiga la suspensión de licencias que aprobó el anterior equipo de gobierno del PP, al final de la anterior legislatura, para evitar la desprotección de cientos de edificios protegibles de la ciudad tras el desistimiento municipal de la tramitación de la revisión del Plan General y de su catálogo de bienes y espacios protegidos.
Urbanismo confía en aprobar el nuevo catálogo de protecciones de forma definitiva en junio de 2017 para que no decaiga la suspensión de licencias que acordó el PP
Durante la reunión del consejo ha tenido también lugar la última sesión informativa de las once sesiones previstas en el plan de participación pública del estudio de paisaje de la ciudad tras celebrarse durante octubre y noviembre sesiones con los grupos políticos municipales, con los cinco distritos de la ciudad, con la ciudadanía, con agentes sociales relevantes desde el punto de vista técnico y empresarial, con la comisión de patrimonio del consejo local de cultura y con el consejo de sostenibilidad. El estudio de paisaje, cuya información pública termina el próximo 19 de diciembre, volverá a someterse a información pública a partir de enero de 2017 junto con el resto de documentos del catálogo de protecciones tras analizarse y resolverse las alegaciones que reciba y tras incorporar el resultado de las encuestas que la ciudadanía cumplimente sobre la valoración del paisaje de la ciudad.
En la reunión del consejo participaron 19 de sus 27 miembros, asistiendo por la parte social el sindicato CCOO, la Universidad de Alicante, la Cámara de Comercio, tres de los cinco distritos de la ciudad y los tres profesionales de reconocido prestigio que forman parte del consejo. Por la parte política, asistieron representantes de los cinco grupos municipales, entre ellos, por parte del equipo de Gobierno, la concejala de Empleo y Sanidad, Sonia Tirado, en calidad de vicepresidenta, el concejal de Presidencia Natxo Bellido, la concejala de Acción Social, Julia Angulo, la concejala de Hacienda Sofía Morales y el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez.
Pavón explicó a los miembros del consejo social que los trabajos del plan general estructural van a comenzar en enero de 2017 con la elaboración de un diagnóstico actualizado en coordinación con los trabajos del plan de ciudad. Posteriormente se elaborará un documento inicial de líneas estratégicas que, junto al diagnóstico, serán los documentos en base a los que se implemente un amplio plan de participación pública previo a la redacción del documento inicial estratégico del plan general estructural.
