Los entresijos de la oposición a Policía Local de Alicante: Barcala, ante... ¿un 'caso enchufes'? 

ALICANTE. El proceso de selección de 92 agentes de Policía Local impulsado por el Ayuntamiento de Alicante con la intención de reforzar el cuerpo y la seguridad ciudadana amenaza con convertirse (si no lo es ya) en todo un quebradero de cabeza para el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Y por extensión, para el conjunto del equipo de gobierno: el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Tanto que el propio primer edil tuvo que reaccionar este lunes -con una rapidez nada habitual en episodios que proceden de la publicación de una información basada en fuentes anónimas- para anunciar la apertura de un expediente informativo con el fin de dilucidar si en las pruebas de selección pudo mediar algún tipo de anomalía que diese como resultado una adulteración del proceso por un supuesto nepotismo que, a priori, podría interpretarse hasta cierto punto como generalizado al afectar, presuntamente, a dos tercios de los aspirantes aprobados.

Barcala avanzó que se actuaría con "contundencia" en el supuesto de que ese expediente informativo llegase a certificar que de la información difundida inicialmente por Radio Alicante pudiese desprenderse que algo no se hizo bien. No dijo más ni menos que eso, sin anticipar qué medidas podrían adoptarse en caso de que se demostrase la existencia de irregularidades. En todo caso, su compromiso de contundencia llegó cuando la información ya se había amplificado y había saltado al escenario nacional, después de que el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser se hiciese eco de la noticia desvelada por su emisora en Alicante, en la que se aludía a fuentes que preferían permanecer en la privacidad para evitar posibles represalias. 

Sea como fuere, las palabras de Barcala no apaciguaron a la oposición. Esta vez, los cuatro grupos políticos que la conforman -PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox- salieron en tromba (con más o menos énfasis, según cada caso) a exigir una investigación con transparencia, al margen del proceso interno ya anunciado por Barcala. Unides Podem EU planteó la constitución de una comisión municipal para dilucidar posibles responsabilidades políticas. Y en el caso de Compromís, incluso se planteó la necesidad de que se suspendiese cautelarmente el proceso de incorporación de los agentes seleccionados.

Pero, ¿en qué consistiría exactamente las supuestas anomalías? Por partes. Las pruebas escritas se desarrollaron entre diciembre y febrero, bajo la tutela de un tribunal integrado por el Jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento, y tres vocales más, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal: el propio Conesa.

De acuerdo con la información recabada por Alicante Plaza, a partir de los datos recopilados por los denunciantes, el meollo de las supuestas anomalías es el ya conocido: en torno a 70 de los aspirantes que aprobaron con las notas más altas los tres ejercicios por escrito de los que consistía el proceso (un examen tipo test, la resolución de un supuesto práctico y el examen de valenciano) tendrían algún vínculo familiar con varios mandos policiales (entre ellos, el propio Conesa), con otros agentes, con concejales en activo y con expolíticos de varios partidos (PP, PSOE y Vox), con sindicatos (UGT o CSIF) y con personas vinculadas a empresas que guardan algún tipo de relación con el funcionamiento municipal, o con el propio cuerpo de Policía.

Fuentes municipales rebajan las proporciones respecto a las cifras iniciales: aseguran que a las pruebas solo se presentaron 281 de los 1.500 inscritos y que aprobaron 143

Según los denunciantes, entre esos aspirantes aprobados figurarían sobre todo hijos e hijas, novias, sobrinos, yernos, esposas y amigos de mandos o agentes. Hasta 39. Y, según esa relación recopilada por los denunciantes, los números cobrarían especial trascendencia si se tiene en cuenta que el proceso habría atraído inicialmente a más de 1.500 interesados. A todo ello, se añadiría otro dato adicional también: el hecho de que gran parte de los aspirantes hubiesen sido instruidos en una misma academia de preparación de oposiciones, según los denunciantes.

Con todo, fuentes municipales también consultadas por Alicante Plaza rebajaron el alcance de esas cifras iniciales. En concreto, dichas fuentes ligadas al Ayuntamiento precisaron que, en realidad, la cifra de 1.500 corresponde al volumen de inscritos registrados en la convocatoria, aunque no todos acabaron presentándose a las pruebas. De hecho, según las mismas fuentes, de ese cómputo global, solo 914 presentaron el certificado médico que resulta pertinente aportar con carácter previo. Y, además, fueron únicamente 573 los que que llegaron a presentar el test psicotécnico, cuyo resultados evalúa una maquina de la Universidad de Alicante (UA).

Así, según las mismas fuentes, al primer examen se habrían presentado finalmente 281 candidatos de los que aprobaron 144 para el total de las 92 plazas en disputa incluidas en la oferta de empleo público de 2017 y, por acumulación, las de 2019, 2020 y 2021. De acuerdo con esos datos, habrían aprobado la prueba 25 de los 57 hijos de agentes de Policía Local que participaron en el proceso, lo que reduciría su proporción al 27% de los 92 puestos. Y, además, las mismas fuentes añadieron que muchos de los aspirantes aprobados ya ejercían como agentes interinos desde hacía años. De hecho, recalcaron que a la convocatoria concurrieron 104 interinos de los que 53 habrían conseguido la plaza: el 50,9%.

¿Cuál de las dos versiones se ajusta a la realidad del proceso? En principio, habrá que esperar al resultado del expediente informativo anunciado por el alcalde para conocer al menos un dato oficial capaz de disipar las discrepancias y dilucidar si alguien pudo beneficiar a los aspirantes por un supuesto nepotismo. Por lo pronto, ese es el único cauce oficial habilitado hasta ahora para esclarecer los hechos, ya que -hasta este lunes- no existía constancia del registro de ninguna denuncia que solicitase la apertura de una investigación a la Fiscalía (que no está facultada para realizar indagaciones prospectivas, sin base documental sólida). Por ahora, tampoco resulta posible conocer si existe una investigación en curso que haya emprendido la Agencia Valenciana Antifraude (el organismo autonómico solo informa de los procedimientos concluidos).

Bravo reclama informes al Ayuntamiento para esclarecer lo sucedido y garantizar el respeto a los principios de mérito y capacidad  

No obstante, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias, sí solicitó un informe al ayuntamiento emitido "por parte  del órgano técnico de selección". De hecho, la responsable del departamento autonómico, Gabriela Bravo, mostró este lunes su preocupación por la información publicada sobre las oposiciones y expresó su confianza en que se abriese una investigación "por parte del ayuntamiento, para esclarecer lo ocurrido". Así, solicitó al Ayuntamiento de Alicante que abra una investigación en torno a las posibles irregularidades en torno a las oposiciones a la policía local y que dé cuenta de todo el procedimiento seguido, desde la tipología de las preguntas a los listados de aprobados y suspensos, según expresó en declaraciones recogidas por Efe tras su visita al centro temporal de acogida de ucranianos en el recinto Ciudad de la Luz de Alicante.

Bravo afirmó que es responsabilidad del consistorio ese proceso selectivo aunque es competencia de la Generalitat fijar las bases y, además, la Administración autonómica también tiene representantes en el órgano técnico. "Nos ha preocupado mucho" lo conocido, según la consellera, quien ha continuado que por eso se ha pedido al ayuntamiento "una investigación e información sobre todo el procedimiento". Bravo recalcó que en las oposiciones hay que ser "transparentes y rigurosos" bajo los principios de "mérito y capacidad" en un proceso de selección para "puestos tan importantes como defender y trabajar en el servicio público como policía local". Así, añadió que es "totalmente inadmisible que tuviéramos la más mínima sospecha de que estas pruebas no miden las capacidades, el mérito y la profesionalidad de quien tiene que realizar una labor tan importante al servicio de la ciudadanía".