ORIHUELA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha reconocido este martes en Orihuela que el proyecto del futuro Palacio de Justicia continúa sin calendario definido y condicionado todavía a trámites administrativos previos, especialmente a la cesión de los terrenos necesarios por parte del Ayuntamiento. La responsable autonómica ha realizado estas declaraciones en el marco de su jornada de trabajo en la ciudad, que ha incluido visitas institucionales al Ayuntamiento, las sedes judiciales y el Colegio de Abogados.

Martínez explicó que el objetivo principal de la visita era abordar junto al consistorio las necesidades del partido judicial oriolano y analizar la situación de una infraestructura que calificó como “muy necesaria” para la comarca. Sin embargo, admitió que el proyecto sigue avanzando con lentitud debido a los procedimientos administrativos. “La burocracia quizá es excesivamente lenta y tenemos que hacer el esfuerzo de avanzar en todos los trámites previos para que cuanto antes pueda ser una realidad”, señaló.

La consellera evitó fijar fechas concretas para el inicio de las obras y tampoco confirmó que la actuación vaya a materializarse durante la actual legislatura. En este sentido, se limitó a expresar una expectativa personal, al afirmar que se daría por satisfecha si al final del mandato el proyecto estuviera al menos preparado para su licitación, algo que calificó como una meta “ambiciosa”.

Actualmente, según explicó, la actuación se encuentra pendiente de la cesión de los solares donde se proyecta la futura sede judicial. Martínez indicó que existe contacto permanente entre los técnicos municipales y los de la Conselleria para culminar este proceso, paso imprescindible antes de iniciar cualquier contratación administrativa.

Desde el Ayuntamiento se detalló que la operación afecta a cuatro parcelas situadas en el entorno de los juzgados actuales. Tres de ellas ya han sido adquiridas por el consistorio y la cuarta se encuentra en fase final de tramitación tras un retraso provocado por el fallecimiento de la propietaria antes de la firma notarial, circunstancia que obligó a reiniciar gestiones con los herederos.

Preguntada por la partida de cuatro millones de euros anunciada en 2024 para impulsar el proyecto, la consellera afirmó desconocer el detalle de esa consignación presupuestaria anterior a su etapa al frente del departamento, aunque confirmó la existencia de recursos destinados a iniciar los servicios técnicos necesarios para futuras licitaciones.

Un nuevo juzgado para aliviar la carga judicial

Durante su comparecencia, Martínez también confirmó que Orihuela contará con un nuevo juzgado de Primera Instancia dentro del paquete estatal de nuevas plazas judiciales recientemente aprobado. La consellera aseguró que esta ampliación responde a una reivindicación sostenida por la Generalitat con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Consejo General del Poder Judicial.

La llegada de este nuevo órgano judicial se producirá pese a la falta de espacio existente en las actuales dependencias, una situación que la propia responsable autonómica reconoció como problemática. En este sentido, señaló que la administración autonómica buscará soluciones para habilitar instalaciones que permitan su puesta en marcha cuando el Ministerio concrete los plazos.

La agenda institucional de la consellera incluyó además la visita al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela —uno de los tribunales consuetudinarios existentes en la Comunitat Valenciana—, donde fue nombrada vocal honorífica, así como una reunión con representantes del Ilustre Colegio de Abogados para analizar las necesidades del colectivo profesional en el partido judicial oriolano.