VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ordenó este martes abrir juicio oral contra la que fuera vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y otros 12 miembros de su departamento por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la dirigente de Compromís. La sección cuarta de la Audiencia, de esta manera, estimaba los recursos de las acusaciones -Vox, Gobierna-Te -la plataforma impulsada por Cristina Seguí- y la representación de la víctima, dirigida por el líder de España 2000 José Luis Roberto, contra la decisión del juzgado de instrucción de archivar el caso. A partir de ahora, deberá ser precisamente la Audiencia la que fije la fecha de la apertura del juicio.

Una decisión que provocó este martes todo un torrente de reacciones de apoyo a la exvicepresidenta desde distintas formaciones de la izquierda en el ámbito nacional. Así, miembros del Gobierno de España como Yolanda Díaz o el ministro Pablo Bustinduy (Sumar), mostraron su respaldo a Oltra, además de otros como Rita Maestre o Manuela Bergerac (Más Madrid). El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también manifestó días atrás en València su deseo de que la referente de Compromís pudiera regresar a la primera línea política.

Además de estas palabras de aliento, dirigentes de Compromís como el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, o los parlamentarios nacionales Àgueda Micó o Alberto Ibáñez, entre otros, calificaron de "cacería política" y "persecución judicial" este proceso que, cabe recordar, causó la dimisión de Oltra como vicepresidenta del Consell en junio de 2022. Más aún, Baldoví aseguró este martes que ponía "la mano en el fuego" por ella, además de asegurar que "siempre" tendría "las puertas abiertas" en la coalición valencianista "al margen de cualquier tipo" de proceso judicial.

Unas manifestaciones que resultan relevantes en el actual clima de la coalición valencianista, donde ha tomado fuerza en los últimos meses la posibilidad de que Oltra pudiera regresar a la primera línea política, quizá como candidata a la Alcaldía de València. El argumento de que la exvicepresidenta sufre un caso de 'lawfare' -guerra judicial instrumental- "de manual" es esgrimido de forma continuada en Compromís desde tiempo atrás y las palabras de Baldoví parecen contemplar que Oltra pudiera regresar incluso pese a tener que pasar por el banquillo.

En este sentido, los tiempos judiciales son difíciles de concretar, pero hay posibilidades de que el proceso pudiera concluir antes de las próximas elecciones locales y autonómicas de 2027. En caso de ser absuelta antes de los comicios, tal y como creen mayoritariamente en Compromís, Oltra se situaría, aunque fuera de forma involuntaria y accidental, en una mejor posición para su regreso a la primera línea si entrara en sus planes ser candidata.

Un aspecto que, las fuentes consultadas de su entorno, rechazan valorar a día de hoy, aunque mantienen que este proceso judicial no condicionará la reflexión política que pueda realizar la exvicepresidenta en el futuro. En este sentido, consideran que el caso no tiene recorrido y se apoyan en uno de los párrafos del auto emitido este martes: "Si existe una probabilidad, (mayor o menor), dentro del rango de distribución normal de la misma y no aberrante o inexistente, es que dicha probabilidad existe y es razonablemente probable. Y si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta, por acción u omisión, valorable razonablemente por las partes acusadoras como delictiva, aún cuando el Magistrado instructor no comparta tal valoración, no puede negar a las acusaciones, que han formulado formal escrito de acusación conforme lo dispuesto en el artículo 781 de la Lecrim, la apertura del juicio oral, porque es lo que procede en Derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 783 de dicha Ley Rituaria".

Por su parte, Gobierna-te solicita seis años de cárcel para Oltra, mientras que Vox pide tres años y medio, ambas acusaciones populares, mientras que la acusación particular, representada por José Luis Roberto, solicita también tres años y medio de prisión.