El alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, conversa con los portavoces de los grupos de la oposición, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La propuesta de presupuestos trazada por el bipartito de Alicante (Partido Popular y Ciudadanos) para 2022 no tiene, por ahora, los votos que resultan necesarios como garantía de su aprobación. El documento aprobado este lunes en Junta de Gobierno no termina de convencer a los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox), sin que el argumento de su crecimiento (un 14% más respecto a los de 2021) o el de la incorporación de algunas de sus peticiones haya surtido el efecto pretendido: procurar su apoyo, toda vez que PP y Cs solo suman 14 votos en una corporación conformada por 29 ediles.
Tras un primer análisis del contenido definitivo de la propuesta, las tres fuerzas que conforman el eje progresista abundaron este martes en las valoraciones que ya anticiparon el lunes, antes de conocer la letra pequeña que si pudieron comenzar a interpretar 24 horas después. A grandes rasgos, sus representantes volvieron a incidir en que la planificación económica planteada por PP y Cs no atiende las necesidades de la ciudad y, además, no tiene en cuenta la mayoría de sus sugerencias. Compromís incluso llegó a señalar que solo se habían aceptado dos de sus aportaciones, y de manera parcial, entre las 25 propuestas que había formulado: la primera, una dotación de 221.000 euros para finalizar la construcción del Observatorio de Medio Ambiente (se había solicitado 500.000); y la segunda, la reserva de una partida de 100.000 euros para volver a poner en marcha el bono consumo (aunque se había demandado que su consignación se incrementase hasta los 400.000 euros).
De ahí que los tres partidos -PSOE, Unides Podem EU y Compromís- volviesen a reclamar el desarrollo de reuniones con los representantes del bipartito para resolver dudas sobre algunas de las partidas reflejadas en el documento y para calibrar si existe voluntad real de PP y Cs para aceptar algunas de las enmiendas que prevén registrar para su debate en comisión de Hacienda. El plazo para su presentación concluye el 1 de febrero, por lo que el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, no dudó en admitir que existe poco margen para que puedan producirse esos contactos. No obstante, señaló que esa circunstancia no podía ser una excusa y remarcó que "el alcalde no puede inhibirse de la responsabilidad de ser capaz de llegar a un acuerdo por esta ciudad, que para eso es el primer edil". Es más, señaló que, si finalmente, las cuentas no se aprueban, "el fracaso será exclusivamente del Partido Popular". "Por eso vemos necesario ese encuentro, y si no lo hay, confirmaremos que la negociación no ha existido; que ha sido un paripé", concluyó.
En principio, no parece que esos encuentros vayan a producirse. Como mínimo, el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa (Cs), no los contempló este martes, al ser cuestionado al respecto durante la comparecencia ofrecida para informar sobre los asuntos tratados en Junta Local. Básicamente, se limitó a señalar que el documento presupuestario ya incorporaba peticiones de la oposición y que ahora debía producirse el debate de las enmiendas en comisión de Hacienda antes de que la propuesta se eleve a votación inicial en pleno.
Los tres grupos del eje progresista desconfían de promesas a futuro tras los incumplimientos de los acuerdos de 2021 y el partido de Abascal reclama que se abran partidas simbólicas respecto a sus propuestas para que puedan complementarse con los remanentes
Así, salvo que se produzcan esos nuevos encuentros, o que se incorpore un mayor porcentaje de aportaciones en la vía de las enmiendas, todo parece indicar que los tres partidos que conviven en el espacio ideológico de la izquierda se inclinarían inicialmente por rechazar el presupuesto. Máxime, después de que se haya perdido la confianza en el cumplimiento de compromisos a futuro -con la incorporación de los remanentes, prevista para marzo- para atender sus sugerencias, en la medida en que las tres fuerzas (y sobre todo el PSOE) confluyan en que no se atendieron las promesas ni los acuerdos alcanzados durante la negociación de las cuentas de 2021.
La cuestión es que tampoco está despejado el posible apoyo de Vox: el otro partido (junto al PSOE) que favoreció la aprobación del presupuesto del ejercicio pasado. Por lo pronto, su portavoz, Mario Ortolá, señaló este martes que PP y Cs no habían contado con la mayoría de sus aportaciones. Y añadió que las que sí figuran, como el impulso de un programa para combatir la brecha digital, dotado con una partida de un euro, se habrían dotado con cantidades mínimas. Además, aceptó que el bipartito había apostado por "cierta contención" en lo que respecta a las partidas reservadas para Cooperación e Igualdad, aunque insistió en que su objetivo será el de promover que esos fondos se deriven a actuaciones relacionadas con actuaciones de emergencia en España o en el desarrollo de programas dirigidos a las familias, por ejemplo.
Así, señaló que "nuestra predisposición es la de procurar que los presupuestos se aprueben para no perjudicar al funcionamiento de la ciudad, pero vamos a reclamar a través de la vía de enmiendas que como mínimo se puedan abrir algunas partidas con dotaciones simbólicas para que después puedan complementarse con las cantidades adecuadas en cuanto se pueda contar con el remanente del presupuesto de 2021", recalcó.
Por lo que respecta al contenido concreto del presupuesto, lo cierto es que sus ejes centrales ya se dieron a conocer el lunes tras su aprobación en Junta de Gobierno. Además de su crecimiento en un 14%, destaca el mantenimiento de las bonificaciones fiscales que comenzaron a aplicarse a partir de 2019 y la provisión de 37 millones para la ejecución de inversiones. Ahora bien, al menos 7,1 de ellos corresponden a obras del Plan Edificant para la ejecución de actuaciones en colegios financiadas por la Generalitat. Es decir, que el Ayuntamiento anticipa su abono y las refleja en su contabilidad, aunque su coste será reintegrado después por la administración autonómica.
Entre otros datos no precisados el lunes, se incluye también la dotación de 2,2 millones para la concesión de ayudas sociales de emergencia, además de otros 695.000 euros para prestaciones económicas individualizadas. Por lo demás, PP y Cs vuelven a recurrir a la fórmula de la incorporación de partidas dotadas con presupuestos simbólicos (en muchos casos de un solo euro, como en el caso del programa para la reducción de la brecha digital, ya citado) con la intención de abrir paso a la ejecución de múltiples proyectos. Para su desarrollo, eso sí, se requerirá de que dichas partidas se complementen con la aprobación de una modificación de crédito que se debería abordar en los próximos meses, en cuanto se pueda disponer de los fondos presupuestados pero no gastados en 2021.
Por lo que concierne al informe de fiscalización del interventor municipal, tan solo formula algunas apreciaciones recurrentes como la conveniencia de que se concrete con mayor detalle las partidas destinadas a gastos para facilitar su interpretación y el seguimiento de su ejecución. Además, también conmina a regularizar la situación de la plantilla vinculada al Patronato Municipal de Vivienda, tras reseñar que ninguno de sus trabajadores son funcionarios. Igualmente, llama la atención sobre el incremento del 30,5% a las subvenciones a las entidades festeras, después del aumento del 5,43% que ya se aplicó en 2021 y apunta que las previsiones sobre el pago de la subvención para cubrir el déficit del servicio de transporte público en autobús no se cumplirán en la medida en que todavía no se ha licitado el nuevo concurso.
El alto funcionario llama la atención sobre el incremento del 30,5% en las subvenciones a entidades festeras y recrimina la imprecisión respecto a la simulación utilizada para calcular la reducción de la recaudación por las plusvalías
De igual modo, alude a la falta de concreción de las funciones de la Concejalía de Acción Social por lo que respecta al desarrollo competencias que "son propias de la Administración autonómica" y, por tanto, también "en relación con los recursos humanos municipales destinados a la prestación de los servicios sociales en colaboración con la Generalitat, tanto en lo relativo al número de efectivos como a su coste". En esta línea, también alude a esa falta de concreción pese a la firma del contrato programa con el que se financian los gastos laborales de la contratación de un centenar de trabajadores adscritos a Acción Social: los que, pese a la firma de ese convenio, el pasado noviembre, tendrán que volver a ser recontratados tras el correspondiente proceso de selección, tras la extinción de sus contratos el pasado 31 de diciembre. Por el momento, la cobertura de esas plaza sigue pendiente de un nuevo informe del interventor, según precisó Manresa este martes, después de que el alto funcionario requiriese información adicional a los departamentos de Recursos Humanos y de Acción Social.
Por último, entre los apuntes de relevancia, el informe del interventor también alude a la previsión de ingresos por la recaudación del impuesto de la plusvalía para señalar que "la previsión del IIVTNU es de 9.700.000,00€, lo que supone una disminución del 5.631.801,00€ respecto al ejercicio anterior (un 36,73%)", como consecuencia de la aplicación del nuevo método de cálculo doble aprobado por el Ejecutivo central tras la anulación de la fórmula precedente. La cuestión es que, a juicio del interventor municipal, dicha previsión de ingresos "se sustenta en una simulación informática que no consta en el expediente, ni los criterios para su confección, lo que pone de manifiesto un déficit de rigor en la previsión".
