La jueza cita a De España y Santos Pérez como investigados en la causa por el CIA de Alicante

ALICANTE. La primera ronda de declaraciones en la causa por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia se amplía -tras conocerse la comparecencia de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, como testigo- con la citación de una decena de investigados. Entre ellos figura la actual concejal de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo Económico, la popular Mari Carmen de España, y quien fuera concejal de Urbanismo durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ahora apartado de la gestión municipal, después de que su partido no lograse representación en las elecciones de mayo de 2023. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante ha fijado las comparecencias de ambos para el mes de noviembre, según confirman fuentes consultadas por Alicante Plaza. Para entonces, también deberán declarar bajo la misma condición de investigados (la figura que sustituye a la antigua imputación) los jefes del servicio jurídico de Urbanismo y del servicio de Obras, responsables de la empresa Aguas Municipales de Alicante y representantes de la constructora que llevó a cabo las obras de reforma de la planta baja del edificio, de titularidad municipal, para que pudiese acoger la sede del Centro de Inteligencia del Agua (CIA).

Las citaciones responden a la solicitud registrada por la Fiscalía Anticorrupción después de que, el pasado mes de mayo, decidiese cerrar las diligencias de averiguación preprocesal que inició a partir del escrito de manifestaciones presentado por el grupo municipal del PSOE y acordase la presentación de denuncia en los juzgados para que se dilucidasen los hechos. 

En esa denuncia, la Fiscalía advertía indicios de un delito de prevaricación administrativa por el hecho de que se hubiese acordado la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos para que pudiese desarrollarse el proyecto del CIA en el marco de la estrategia municipal Alicante Futura (con la que se aspira a promover la diversificación de la economía) a pesar de que la parcela en la que se ubica dicho inmueble está destinada a albergar un uso docente, según las delimitaciones recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, aprobado en 1987. 

Es decir, que esa pastilla de suelo comprendida entre las calles Italia, Portugal y Arzobispo Loaces, con fachada en Plaza Séneca, queda reservada para la construcción de un centro educativo, a pesar de que ha venido teniendo otros usos distintos a esa finalidad hasta ahora: desde el Parque de Bomberos, hasta acoger las dependencias de Protección Civil, pasando por el centro de interpretación de la memoria de la Casa de Máquinas.

La denuncia se dirige contra cerca de una veintena de personas entre las que se incluye a los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno durante el pasado mandato, así como los integrantes de ese mismo órgano de representación política en la actualidad. En esta línea, en la relación de denunciados figura también el mismo alcalde, Luis Barcala, aunque, por el momento, no se habría acordado su citación, según fuentes consultadas. 

Todo parece indicar que la Fiscalía podría solicitar también su comparecencia en función de la información que pudiesen aportar los primeros investigados al prestar testimonio respecto al procedimiento seguido para acordar esa adscripción de uso sobre el edificio público, cuya planta baja se puso a disposición de la empresa mixta Aguas de Alicante para que desarrollase las instalaciones del CIA después de que se produjese su cesión desde el área municipal de Patrimonio que dirigía Adrián Santos Pérez a la Agencia de Desarrollo Local que coordina Mari Carmen de España. Se trata de un procedimiento habitual que se ha seguido para la cesión de uso de otros edificios municipales, como los cines Aba 6, desde Patrimonio a Cultura, o los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, ahora bajo la competencia de la Concejalía de Turismo.

Eso sí, ese traspaso de las competencias sobre el edificio de la calle Italia se aprobó después de que se emitiese un certificado de compatibilidad urbanística negativo y de que se desestimase la concesión de licencia de obra y actividad solicitada por Aguas de Alicante para realizar la reforma sobre la planta baja del inmueble. En ese momento, se desistió de esa tramitación y el proyecto se reorientó íntegramente a través de la Agencia Local de Desarrollo, que también ha promovido la adaptación de la planta superior del edificio como una suerte de centro de formación sobre nuevas competencias digitales y de promoción del emprendimiento en el marco de la iniciativa Alicante Futura. De hecho, las obras de ambas actuaciones están ya concluidas y pendientes de inauguración.

Hasta ahora, el equipo de gobierno ha descartado la existencia de toda anomalía en el procedimiento al defender que el nuevo uso conferido al edificio sí tiene vinculación con la formación. Además, ha sostenido que esa adscripción de uso estaba amparada por el PGOU siempre que se promoviese una modificación puntual que adaptase el suelo al nuevo destino en el margen de cuatro años. Por lo pronto, ya se ha promovido ese cambio urbanístico con una propuesta por al que se plantea la desclasificación del uso docente para dicha parcela, así como para otros tres solares que disponen de la misma consideración.