Más inspección, multas más altas y sin fumar en la playa: el plan opositor ante la suciedad en Alicante

ALICANTE. El debate sobre la limpieza (o la falta de ella) vuelve al primer plano de la actualidad municipal en Alicante con el cierre de plazo para la presentación de enmiendas políticas a la propuesta de actualización de la ordenanza municipal específica promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). Las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- han presentado sus respectivas aportaciones con las que pretenden forzar cambios en su redacción que puedan contribuir a mejorar la imagen de la escena urbana: uno de los aspectos que mayor controversia sigue generando desde hace más de dos mandatos, a pesar de la renovación de la contrata del servicio materializada en 2023. 

Cada uno de los cuatro grupos opositores ha tratado de poner el foco en determinadas aportaciones concretas. En primer término, el PSOE -que presenta una batería de 27 modificaciones- ha apostado, principalmente, por reforzar el papel de los inspectores municipales a cargo de la supervisión del servicio con el fin de que puedan fiscalizar su prestación, sin oponerse a que puedan quedar capacitados para iniciar expedientes de infracción en caso de detectar comportamientos indebidos. Es decir, una de las principales novedades recogidas en la propuesta elaborada por el PP. Los socialistas no se oponen a esa nueva potestad, pero sí inciden en que la imposición de sanciones es potestad de la Policía Local, para que los inspectores se centren en su función específica.

Al margen de ello, el PSOE también reclama que se consideren como infracciones graves (y no leves) comportamientos como miccionar o defecar en la vía pública, que se prohíba el triaje entre los residuos depositados en los contenedores, que se castigue la introducción de envases, colillas o cigarros en las zonas de baño, o que se prohíba el lavado de vehículos en la vía pública, por ejemplo.

En segundo término, el grupo municipal de Vox -que ya había expresado su apoyo al texto propuesto por el PP- aboga fundamentalmente por un refuerzo en la cuantía de las sanciones respecto a algunas de las infracciones que generan mayor grado de suciedad, como miccionar en la vía pública o no recoger las deposiciones de las mascotas. Así lo ha destacado el edil Óscar Castillo al señalar que "la ordenanza en sí ya era buena, pero hemos querido reforzar lo que venimos diciendo de tener mano dura con los incívicos por ello vamos a aumentar gran parte de las sanciones a los infractores". Así, a modo de ejemplo, en el texto actual de la ordenanza se prevé una multa de 600 euros por miccionar en la vía pública, que Vox plantea elevar hasta los 750 euros.

Además, entre las enmiendas de Vox también se plantea mejorar "la determinación de la responsabilidad del reparto de publicidad, principalmente en vehículos, sancionando tanto a la empresa anunciante como a la anunciadora para que respondan de manera solidaria, entre otras muchas enmiendas como la de aumentar la capacidad de recoger los residuos de poda". En todo caso, ha considerado que "es evidente que va a ser necesario aumentar la publicidad y la concienciación de los alicantinos pero también mejorar el control de la ejecución del servicio de limpieza y, ante todo, la capacidad inspectora del Ayuntamiento" con el propósito de que "Alicante deje de ser la segunda ciudad más sucia de España".

En tercer lugar, Compromís registra cinco enmiendas concretas entre las que destaca la incorporación de la prohibición de fumar en todos los arenales de la ciudad con el objetivo de que quede recogida una de las propuestas más votadas en la consulta pública promovida por el Ayuntamiento en la tramitación de la ordenanza. 

Además, también plantea que se exonere a los organizadores de manifestaciones debidamente autorizadas de la obligación de presentar una memoria sobre la limpieza del acto o de asumir el pago de un devengo en el supuesto de que deba asumirla el ayuntamiento. Y, por último, incide en la necesidad de la puesta en marcha de campañas informativas y de sensibilización, con apoyo de educadores ambientales.

En esta línea, el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha apuntado que "Compromís no bloqueará la nueva ordenanza si tienen a consideración nuestras enmiendas y se convoca de urgencia la auditoría de limpieza que fue creada en el pleno de septiembre. Solo, analizando el actual servicio de limpieza y el cumplimiento de la actual ordenanza, podremos avanzar en materia de limpieza", ha considerado. "Hemos planteado enmiendas para mejorar la normativa en materia de limpieza, teniendo en cuenta que la anterior normativa no se ha cumplido en un 80 %", ha lamentado.

Por último, Esquerra Unida Podem ha registrado un paquete de 29 enmiendas parciales, además de una enmienda a la totalidad, con la que solicita que el equipo de gobierno desista de su propuesta para elaborar un nuevo texto consensuado en la comisión de Medio ambiente que pueda ser participado de forma efectiva por la ciudadanía, según ha detallado su portavoz municipal, Manolo Copé. 

Por lo que respecta a las enmiendas parciales, al margen de exigir que la normativa se adapte en varios aspectos a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la confluencia solicita que se provea una red de baños públicos; que se impulsen campañas de concienciación y, sobre todo que, se ponga en marcha el sistema de recogida de residuos puerta a puerta con una primera experiencia piloto en el centro, en las partidas rurales y en urbanizaciones que cuenten con 300 metros cuadrados de jardín, además de que se propicie la creación de puntos de compostaje comunitario y que se provean bonificaciones fiscales por su uso, entre otros puntos.

Esa batería de aportaciones queda ahora sujeta a análisis por parte de los técnicos de la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos con el fin de precisar su conveniencia e idoneidad para plantear un informe de resolución en el que se proponga su admisión o rechazo. En principio, todo parece indicar que la ordenanza quedará sometida a debate y votación para su aprobación inicial en el pleno de noviembre.