ALTEA. La promotora de unas parcelas ubicadas en Marymontaña II de Altea, Residencial Finca Pons SL, ha exigido públicamente al Ayuntamiento de Altea que suspenda la tramitación del Plan General Estructural. Una documentación que sigue pendiente de aprobación por parte de la Generalitat Valenciana. La empresa acusa al Consistorio de una "actuación manifiestamente irregular" en relación con el sector 6 SNUP Marymontaña II, zona conocida como Porto Senso. 

La mercantil ha denunciado este martes la "prolongada inactividad administrativa, el incumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados y la omisión de las actuaciones indispensables para dar cumplimiento efectivo al desarrollo urbanístico del ámbito". Como ha venido explicando de largo Plaza, la tramitación del Plan General Estructural de Altea ha superado diversas fases, no sin polémica incluida. El pasado pleno aprobaron de manera provisional el mismo, pero con una ausencia: un informe firmado por la Dirección General de Puertos, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente. La intención del gobierno local era trasladar todo el expediente para su aprobación a la Generalitat para forzar al departamento autonómico que se pronuncie y seguir con el procedimiento.

Volviendo a las críticas de la empresa, esta asegura que la administración local "lejos de impulsar las determinaciones acordadas, ha mantenido durante años una conducta de pasividad materialmente obstructiva, dejando sin ejecutar la nueva programación del sector tras la resolución del anterior programa en 2017 y permitiendo, con ello, el deterioro progresivo de la urbanización y la consolidación de una situación de bloqueo urbanístico incompatible con los principios de eficacia, impulso de oficio, buena administración y seguridad jurídica".

A continuación, asegura que los escritos presentados por la promotora ante el Consistorio y los servicios territoriales de urbanismo en Alicante "evidencian que el Ayuntamiento ha incumplido sus propias resoluciones, entre ellas y de forma especialmente flagrante el acuerdo plenario del 22 de junio de 2017, en el que no solo se resolvió la adjudicación del programa, sino que además se acordó incoar las actuaciones necesarias para una nueva programación de los terrenos". En este punto, recuerdan que han pasado ocho años, bajo lo que consideran ante una falta de actuación municipal efectiva para dar cumplimiento a ese mandato, "lo que ha generado una situación de inactividad injustificable y jurídicamente insostenible". 

Pero no se queda ahí, sino que apuntan a que el Ayuntamiento ha "mantenido una posición que desconoce la realidad física y jurídica del sector, persistiendo en una ordenación que no se corresponde con el estado de ejecución del ámbito ni con los derechos ya consolidados por los propietarios que cumplieron con las cargas urbanísticas que les fueron exigidas". Ante lo cual, consideran que no se han tenido una posición neutra y "ha agravado el deterioro de las obras" además de "perpetuar una situación de paralización que solo beneficia a la inercia administrativa".

Perjuicios

A consecuencia de todo ello, la promotora menciona la producción de daños "inciertos, efectivos y económicamente evaluables a los propietarios afectados" y prosigue: "La falta de impulso municipal impide el normal ejercicio de las facultades dominicales, frustra la legítima expectativa de edificación y mantiene a los titulares de suelo en una  posición de grave inseguridad jurídica, con perjuicios patrimoniales que se han visto agravados por la degradación del ámbito urbanístico".

Para la empresa, no debería trasladarse a los propietarios el coste de una paralización cuya causa atribuyen a la propia administración local. Es más, apuntan a que el Ayuntamiento conocía "desde hace años" la imposibilidad de culminar el programa anterior y la necesidad de articular "una respuesta urbanística eficaz", al tiempo que consideran que "ha incumplido su deber de actuar con diligencia, con el resultado de un bloqueo que compromete directamente los derechos de los afectados".

Solución propuesta

La promotora propone a cambio que el Ayuntamiento tramite un Programa de Actuación Aislada "que constituiría una vía jurídicamente idónea para minimizar los perjuicios y permitir la culminación de las obras pendientes en el ámbito afectado". Una solución que aseguran es compatible con la "necesidad" de ofrecer una respuesta a los propietarios y evita "perpetuar una situación de paralización que la propia administración ha contribuido a crear". Además, defienden que permitiría avanzar en la finalización de la urbanización de la parcela "sin supeditarla a una nueva incierta programación general del sector". La negativa a esta propuesta, aseguran, "carece de justificación suficiente y revela una voluntad de mantener el problema sin resolver, en perjuicio de quienes ya han soportado el cumplimiento de sus cargas urbanísticas". 

Además de los perjuicios que dicen haber ocasionado a los propietarios, apuntan a la responsabilidad patrimonial eventual de la administración por "funcionamiento anormal del servicio público, al haberse producido daños  efectivos, evaluables económicamente e individualizados como consecuencia  directa de la inactividad municipal". 

"A ello se suma que, de confirmarse el uso irregular o la indebida aplicación de los recursos derivados de la ejecución de garantías urbanísticas, podrían derivarse responsabilidades por alcance respecto de los intervinientes en la gestión pública que hubieran participado en la disposición de esos fondos o en la omisión de las actuaciones exigibles para su correcta destinación", recoge el comunicado de la empresa. Y añaden que esta eventualidad no es menor, "pues la persistencia en la inactividad, unida a la falta de ejecución de los acuerdos firmes adoptados por el propio Ayuntamiento, puede proyectar consecuencias  jurídicas más allá del ámbito estrictamente administrativo". 

Asimismo, defienden que los hechos descritos podrían ser constitutivos, en su caso, de otras responsabilidades de distinto orden, incluidas las de carácter disciplinario, contable, patrimonial o incluso penal, "si de la instrucción o de la ulterior comprobación de los hechos resultara la concurrencia de conductas tipificadas o de actuaciones dolosas o gravemente negligentes en la gestión del expediente". En  todo caso, aclaran, corresponderá a los órganos competentes determinar el alcance de tales responsabilidades, sin que pueda descartarse que la "prolongada omisión administrativa haya causado un perjuicio jurídicamente resarcible y atribuible a quienes hayan intervenido en la adopción o mantenimiento de esa situación". 

Petición a la Conselleria

Frente a toda esta situación y acusaciones por parte de Residencial Finca Pons SL, la empresa ha interesado a los servicios territoriales de Urbanismo que acuerden la suspensión y en su caso denegación de la aprobación definitiva del Plan General Estructural de Altea dentro de sus competencias de tutela de la legalidad urbanística. La solicitud se hace hasta que el planeamiento "se ajuste a la realidad material y jurídica del sector y a los acuerdos que la propia administración municipal ha adoptado y no ha ejecutado". 

En este sentido, la promotora defiende que su aprobación supondría consolidar una situación de hecho generada por la "propia inactividad municipal, con grave perjuicio para los propietarios afectados y con el riesgo cierto de consumar una actuación administrativa contraria a Derecho".