ALICANTE. Indicios de asunción de responsabilidades, y muestras de un control insuficiente. Esas son las dos principales evidencias que se pusieron de manifiesto este miércoles en la primera ronda de declaraciones en la causa que investiga supuestas anomalías en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022.
Los tres comparecientes que proporcionaron explicaciones en calidad de testigos-peritos ante la jueza instructora precisaron, en primer término que fue Roberto Palencia, el técnico expedientado por la Conselleria de Vivienda por haber omitido su propia información económica, al validar el contrato de compra del piso de su mujer (la arquitecta municipal Elsa Lloret), quien visó los contratos de los 140 pisos de la promoción. Lo hizo, según añadieron, por iniciativa propia, después de que él se arrogase personalmente esa atribución.
Al tiempo, reconocieron que no hubo nadie más que realizase una segunda comprobación posterior, puesto que se trataba de revisar una ingente cantidad de documentación, y esa era la tarea que quedaba, precisamente, en manos del funcionario que visaba cada contrato, de acuerdo con el método instaurado de forma habitual desde hacía años. Además, señalaron que se tenía plena confianza en él, puesto que era una persona con una larga trayectoria en el departamento a la que se conocía desde hacía más de dos décadas.
Al ser preguntados por cómo se realizan las comprobaciones para verificar que un comprador cumple los requisitos de acceso a una VPP, apuntaron que todas esas revisiones se efectúan de forma telemática: los ingresos económicos declarados se cotejan con los indicados en las declaraciones de renta, mientras que para contrastar si los adquirientes disponen de otra vivienda previa en propiedad, se consulta con el Registro de Propiedad. No obstante, reconocieron que no se comprueba si una persona tiene más de una vivienda que figure a nombre de una empresa donde ese comprador ejerza como administrador. Además, indicaron que es el comprador quien presenta una declaración responsable en la que informa sobre los miembros que forman parte de la unidad familiar conviviente en el piso de VPP que se pretende adquirir.
De igual modo, al ser cuestionados por los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco, sobre quién decidía las adjudicaciones de los pisos, respondieron que es el promotor -en el caso de Les Naus, la cooperativa- quien selecciona a los compradores entre los interesados en su compra y que, después, es la administración -en este caso, la Conselleria de Vivienda- quien vela porque los adquirientes cumplan los requisitos de acceso a una VPP. En este sentido, añadieron que el promotor debe ajustarse a determinados requisitos, como el de dar publicidad a las viviendas a construir, aunque no existe una normativa por la que la administración exija al promotor que cumpla ese conjunto de parámetros.
Es más, señalaron que es ahora cuando se está trabajando para introducir la obligación de su cumplimiento, en sintonía con otros cambios también anticipados por el departamento autonómico en el momento en el que trascendió la controversia sobre Les Naus, como la creación de una mesa técnica cómo órgano colegiado encargado de visar los contratos para que esa labor no quedase limitada a una única persona. Igualmente, indicaron que si se produce una renuncia en los listados de solicitantes de compra de una VPP de una determinada promoción, se analizan los mismos requisitos de acceso respecto a los demandantes que cubren esas plazas vacantes, para lo que se utiliza el mismo método de verificación de sus condiciones económicas y patrimoniales.
De nuevo en su puesto de trabajo
Por último, al ser interrogados sobre si se pusieron en contacto con el funcionario suspendido cuando trascendieron las supuestas incompatibilidades en la compra de los pisos, apuntaron que él mismo pudo haber admitido su responsabilidad en los hechos al explicar que recibieron una llamada de un responsable autonómico de la conselleria que les dio el nombre de una mujer como adquiriente de una de las viviendas, que resultó ser la esposa de dicho técnico, y que al preguntarle al funcionario si eso era cierto, él les dijo: "Lo siento, la he cagado y asumiré las consecuencias". Con todo, también apuntaron que la vigencia de su expulsión de empleo y sueldo se había extinguido y que, de hecho, había regresado a su puesto de trabajo este mismo lunes. No llegaron a indicar si había sido relegado de algunas de sus tareas habituales o si se le había apartado de la responsabilidad de visar los contratos.
Sea como fuere, todo parece indicar que el conjunto de las acusaciones -tanto la Fiscalía Anticorrupción, como el PSOE y Ciudadanos, que ejercen la acción popular- solicitarán su declaración en el futuro para que dicho funcionario aporte sus propias explicaciones. Por lo pronto, este miércoles sí se acordó girar una nueva citación para que presten declaración otros cinco funcionarios del servicio territorial de Vivienda que también participaron en el informe de revisión de los 140 contratos promovido por la conselleria después de que trascendiesen las supuestas irregularidades en la adquisición de los pisos. En principio, su comparecencia quedó fijada para el próximo viernes, 24 de abril. A partir de ahí, podría solicitarse la práctica de nuevas pruebas. Hasta ahora, no se ha aportado ningún informe respecto a la situación patrimonial de los compradores de los pisos, como el que se había solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.
