Toni Mayor. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. La patronal hotelera de Benidorm y Comunitat Valenciana acusó este martes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sostener el modelo de economía sumergida en el que se basan las viviendas turísticas ofertadas por plataformas web. Así lo denunció a través de un comunicado la asociación tras conocer el recurso de la entidad a las medidas aprobadas en los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián con medidas restrictivas.
Estos tres municipios habían elaborado una normativa local que para la CNMC es una patada a los derechos de la libre competencia. Según explican, enviaron un requerimiento a las tres administraciones para que les explicaran la necesidad de tomar esta decisión, o en algunos casos, pedir que se retirara. Pero no obtuvieron respuesta, según denunciaron.
Es por esto que la CNMC ha recurrido dichas normativas municipales ya que entienden que impide la entrada de nuevos operadores y consolida a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados.
Por ejemplo, Madrid reclamaba que consigan una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas, eliminando en al menos un año toda posibilidad de otorgarlas en ciertas zonas de la capital. En San Sebastián y Bilbao sólo estaba reconocida esta posibilidad en las plantas bajas o primeras de los inmuebles.
Entre las consecuencias que creen que se puede derivar de las restricciones, la CNMC indica que provocaría "precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos de estas tres ciudades". Algo con lo que no están de acuerdo desde el lobby de la Costa Blanca: "Estos argumentos son vacíos y se caen simplemente al observar cómo hemos sido testigos estos dos últimos años de una auténtica exposición en la 'hotelización' de viviendas sin control, limites ni normativas y desde luego ni se ha abaratado el precio ni se ha aumentado la calidad".
Es más, desde Hosbec aseguran que las consecuencias han sido totalmente contrarias elevando el precio medio del alquiler de viviendas. Además, afirman que se ha reducido considerablemente el parque de viviendas disponibles para el arrendamiento urbano, se han generado problemas de convivencia entre vecinos y relaciones en las comunidades de propietarios y "se han activado conatos de turismofobia de una actividad que se ha venido desarrollando de forma pacífica desde principios de los años 60 en España".
Asimismo, apuntan como una de las consecuencias la reducción progresiva en el gasto medio por turista, y el incremento de los costes municipales necesarios para mantener los servicios básicos de las ciudades como seguridad, limpieza, orden público, urbanidad etc.
Por su parte, la CNMC considera que estas medidas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos. "En ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos", afirmaron.
No obstante, desde Hosbec aseguran que "la CNMC se olvida que las viviendas en cualquier municipio se construyen para ser residencia permanente o temporal de las personas, y no para ser hoteles encubiertos que puedan comercializarse como tales sin cumplir las exigentes normas de los establecimientos hoteleros". Además de recordar una vez más que muchas de estas actividades turísticas no se declaran al fisco.
A continuación, les dicen olvidar que la residencia de las personas es la actividad autorizada en estas viviendas por su propia definición, pero no es posible extender el concepto de residencia a estancias de 1,2 o 3 días, ni a despedidas de soltero/a como viene sucediendo en el presente. Por lo tanto, no se puede considerar una actividad económica y tratarla como tal según la opinión de los hoteleros.
Este lunes, la CNMC animaba más aún el debate con la publicación de un estudio sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en España en el que recomienda una revisión en profundidad de la normativa aprobada en los últimos años dirigida a "unificar criterios", así como eliminar restricciones. A continuación, afirmaba que muchas de las normas autonómicas y locales en España no superan el test de necesidad y proporcionalidad, y la proliferación de las mismas aumenta el poder restrictivo.
Pero no se quedan ahí, sino que consideran que algunos de los efectos negativos atribuidos como el ruido o los efectos sobre el medio ambiente, por ejemplo, son derivadas del conjunto de la actividad turística y "precisan de un enfoque regulatorio global sobre el sector".
Para finalizar, destaca una de lo que ellos creen que es un aspecto positivo de este fenómeno: "Las viviendas turísticas contribuyen, además, a una utilización más racional de los espacios urbanos, ya que, a diferencia de otras formas de alojamiento turístico, pueden ser habitadas con carácter habitual por los residentes y arrendadas a los viajeros en los momentos de mayor demanda". Con todo, el informe considera que "las viviendas turísticas aportan riqueza a los ciudadanos, contribuyen a recuperar barrios tradicionalmente degradados y tienen un efecto positivo de arrastre sobre el comercio local y sobre el turismo en su conjunto".
Por todo ello la CNMC considera que la regulación tiene que estar motivada por "la existencia de un fallo de mercado o una razón imperiosa de interés general", y, además, debe ser proporcionada.
