ALICANTE. Duelo entre administraciones con un tramo del litoral de Alicante como objeto de deseo que se decanta en favor de la Dirección General de Costa y el Mar. Esa instancia del Gobierno central le gana -por ahora- la partida a la Autoridad Portuaria de Alicante en la disputa entablada respecto a la titularidad de una pastilla de suelo de 2.111 metros cuadrados situada en el frente marítimo de la avenida de Villajoyosa, en el extremo final del Paseo de Gómiz. Es decir, justo en el área en el que se encontraban las instalaciones del antiguo beach club Isla Marina, que cedió el testigo tras su cierre hace seis años años a la nueva sala-restaurante de Lamarr, gestionada por el grupo Murri.

La contienda por la titularidad de esos terrenos se decanta provisionalmente en favor de Costas a partir de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 11 de septiembre. En ella, se confirma la validez del deslinde de dominio público marítimo terrestre aprobado en el año 2016, por el que ese suelo queda integrado en ese régimen de titularidad. Y, con ello, se ratifica la vigencia de la orden ministerial dictada el 30 de diciembre de 2020 por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que se denegaba a la Autoridad Portuaria el derecho de ocupación de esos terrenos, al amparo el régimen transitorio de la Ley 22/88 de 28 de julio de Costas, por no cumplir con los requisitos establecidos legalmente. Entre ellos, la ausencia de inscripción registral de ese suelo como dominio público portuario, según fuentes consultadas.

La Autoridad Portuaria discrepó de esa orden ministerial, al sostener que sí solicitó la adscripción de ese suelo mediante el trámite de inmatriculación, y decidió interponer un recurso contencioso-administrativo para que esos terrenos continuasen quedando bajo su responsabilidad. No obstante, el fallo de la Audiencia Nacional desestima esa impugnación y confirma ahora la orden ministerial, que le denegaba la concesión administrativa de ese espacio. Con todo, la Autoridad Portuaria no cede en su empeño y pretende seguir reivindicando la gestión de ese suelo. Así, ya ha concertado un contrato de asesoría jurídica para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en busca de una sentencia que revoque la decisión del ministerio y le asigne el control de ese espacio. 

Concesión hasta 2027

Está por ver qué incidencia puede tener ese litigio respecto a la concesión o autorización hostelera vigente en la actualidad en lo que concierne a qué administración concreta (Costas o la Autoridad Portuaria) asume las competencias sobre su posible otorgamiento. En principio, no habrá ninguna incidencia a corto plazo, toda vez que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha adquirido firmeza ni la alcanzará hasta que exista pronunciamiento del Supremo respecto al recurso del Puerto.

En todo caso, lo cierto es que la franja de suelo en disputa solo afectaría a parte de las instalaciones asociadas a ese uso hostelero. En concreto, a una fracción de su espacio de terraza y a la zona de acceso al agua anexa, que quedaría subarrendada a una empresa especializada en los deportes náuticos para la práctica de surf y paddle surf. De ahí que, al menos, el funcionamiento del restaurante de costa quede al margen de la disputa jurídica. Como informó este diario, el Grupo Murri tomó el relevo a la antigua Isla Marina en 2019 para relanzar el espacio como punto de encuentro gastronómico. Su concesión vencería en diciembre de 2027 con lo que todavía restarían dos años antes de que se despeje el posible uso futuro del espacio y quién debería conceder una hipotética próxima concesión, limitada o no por la franja de dominio público marítimo terrestre.