El tripartito azuza a PP y C's con la Memoria Histórica en plena disputa sobre los presupuestos 

ALICANTE. La pugna por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica volverá este jueves al salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante. El tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís colocará a PP y Ciudadanos (C's) en la tesitura de tener que retratarse sobre los términos y las formas de su aplicación, en plena polémica por la actualización del callejero de la ciudad, con una declaración institucional por la que se insta al Gobierno Central a dar cumplimiento real a ese texto, aprobado en 2007. 

En concreto, la iniciativa insiste en que, desde la entrada en vigor de esa ley, su desarrollo está siendo muy laxo hasta el punto de que "para que se cumpla [...] hay que llegar normalmente a los tribunales e incluso a pesar de ser condenados a eliminar los símbolos franquistas" en algunos casos los responsables públicos de las administraciones demandadas -entre los que se cita a algunos alcaldes del PP, como los de Guadiana del Caudillo o Alberche del Caudillo-, "se niegan a cumplir esa sentencia". Además, la propuesta del tripartito subraya que existen algunos colectivos como la Fundación Francisco que siguen recibiendo subvenciones del Estado. Por todo ello, la declaración exige al Gobierno central que vele por la eficacia de la norma y que retire las ayudas concedidas a colectivos que incumplan esa ley.

La declaración institucional (que requiere del voto de al menos un concejal de la oposición para que quede aprobada, ya que el tripartito no cuenta con mayoría) no pasaría de ser un gesto con escasa repercusión y prácticamente nula eficacia, como otras tantas iniciativas similares sobre competencias y decisiones que competen a otras administraciones. Sin embargo, cobra especial trascendencia en la medida en que agita la contienda con los dos grupos de la oposición que, justo en las últimas horas acaban de redoblar sus críticas al procedimiento seguido por el tripartito para actualizar el callejero, en un momento en el que el tripartito necesita de cierto grado de entendimiento para poder aprobar los presupuestos municipales de 2017. Como viene publicando Alicante Plaza, sin el respaldo explícito o tácito de PP o de C's, el tripartito queda en manos del voto de los dos concejales no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) y expuesto a tener que prorrogar las cuentas de 2016 o a recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza para forzar su aprobación de manera automática.  

Es más, la iniciativa del tripartito se encuadra en un contexto de máxima ebullición en torno al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ya que una de las diez condiciones impuestas por C's para propiciar la aprobación de los presupuestos de 2017 -que el tripartito ya ha descartado- era precisamente la paralización de las acciones llevadas a cabo por la Concejalía de Memoria Histórica para cambiar la denominación de hasta 45 calles hasta que se resolviese el recurso de reposición presentado el pasado 25 de noviembre. En ese recurso, C's denunciaba la falta de consenso que había imperado en la aprobación de las nuevas denominaciones -el tripartito alega que se creó una comisión con representantes políticos, culturales y sociales para definirlas- y exigía que el acuerdo se debatiese en pleno, no en Junta de Gobierno (donde sólo están representados PSOE, Guanyar y Compromís).

Es más, según advirtió este martes el portavoz popular, Luis Barcala, mediante un escrito presentado por registro, los concejales del tripartito podrían quedar expuestos a responsabilidades personales si continúan llevando a cabo la sustitución de las placas, ya que se ha solicitado la suspensión cautelar de ese acuerdo mientras se dirime el fondo del recurso. El juzgado todavía no se ha pronunciado sobre esa petición del PP.

Bellido también reaccionó este martes a las críticas del PP y las atribuyó a un "ataque de cuernos" por haber perdido protagonismo en asuntos como la aprobación de los presupuestos en favor de otros partidos como Ciudadanos. Bellido sí admitió algunos errores en la rotulación de las placas y dijo que se solventarían.

Entre tanto, el borrador de presupuestos sigue la tramitación prevista y ya está en manos del interventor municipal, que debe emitir un informe sobre su corrección en el plazo de diez días. Después se elevará al escrutinio del Ministerio de Hacienda para que también se pronuncie sobre su validez o exija rectificaciones. El documento se abordará después en una Comisión de Hacienda y, más tarde, se elevará a Junta de Gobierno para su aprobación. Sólo entonces quedará abierto a la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos políticos, con las restricciones que se recogen en el reglamento de funcionamiento municipal (sin transferencia de fondos entre las distintas áreas municipales).