Hace más de un año que el club llegó a un principio de acuerdo con los acreedores ordinarios para la modificación de este convenio vigente desde 2013, si bien su apoyo está condicionado a un pacto previo con la Agencia Tributaria que aún no se ha producido y que tampoco tiene visos de cerrarse a corto plazo. No obstante, el Hércules va a dar el preceptivo paso previo, en sede judicial, para poder formalizar una modificación en las próximas semanas o meses (según cómo evolucione la negociación con el fisco). La razón para que el club realice este movimiento responde, como viene contando Alicante Plaza en los últimos días, a que el próximo día 27 expira el plazo que tiene el Hércules para instar esa modificación ante el juez, de acuerdo con la reforma de la Ley Concursal de mayo de 2015.
La primera posibilidad, la de alegar que ya ha habido un incumplimiento, consistiría en poner de manifiesto en el Juzgado de lo Mercantil algo que el club deslizó a los accionistas hace seis meses: que no se cubrieron las dos ampliaciones de capital por importe de 1,5 millones de euros que se contemplaban en el plan de viabilidad aprobado en 2013. Las mismas se convocaron en noviembre de ese año tras la aprobación de los accionistas, se llevaron a cabo en 2014 y 2015, logrando el club obtener aportaciones dinerarias por importe de 750.576 euros en el caso de la primera ampliación y de 288 euros en el de la segunda. Según ha podido constatar Alicante Plaza, no hay unanimidad sobre si lo anterior, que no se capitalizara el club en los tres millones de euros previstos, se puede considerar un incumplimiento o no toda vez que el plan de viabilidad obligaba a la convocatoria, algo que sí se hizo y, por otro lado, pese a no lograr obtenerse la citada suma de dinero el Hércules ha ido cumpliendo con sus obligaciones.
Es por ello que parece que tiene más visos de prosperar, y de hecho todo apunta a que es lo que alegará finalmente el Hércules, que va a haber un incumplimiento inminente del convenio que consistiría en la incapacidad para cumplir con la obligación de abonar a los acreedores 1,3 millones de euros el próximo 30 de junio, una exigencia que se ha ido posponiendo los dos últimos ejercicios gracias a que el convenio que se pretende modificar contemplaba la posibilidad de suspender el cumplimiento por ese lapso de tiempo. El Hércules, en Segunda División B y sin capacidad económica, se acogió a dicha alternativa hace dos años con la esperanza de regresar al fútbol profesional antes y así, como ocurriera por última vez en junio de 2014, poder cumplir con el pago de la citada suma.
Foto: Juan Carlos Soler
