Estación de bombeo y balsa Panser, en Llaurí. Foto: CHJ ALICANTE. La propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de reducir hasta el 90% los derechos del regadío sobre los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, que este miércoles se dejó sobre la mesa para volver a votarla dentro de tres semanas, vulnera tal como está planteada en estos momentos la Ley de Aguas, según el texto refundido de 2001. Esta ley contempla la casuística de las masas de agua sobreexplotadas, y cómo hay que proceder en este caso: la medida básica es, efectivamente, reducir el volumen extraído, pero ofreciendo una alternativa para sustituir ese agua.
Concretamente, es el artículo 56.2 de la ley el que establece cómo proceder en un caso como el que tiene sobre la mesa la CHJ. Para lograr una "explotación racional" de los acuíferos, la Ley de Aguas establece que el programa de actuación podrá establecer la sustitución de derechos individuales por comunitarios, prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea (y, en tal caso, regular la explotación conjunta), vetar las nuevas concesiones y establecer un perímetro de protección alrededor del acuífero en el cual estará prohibido realizar obras o extraer áridos.
Estas medidas, especialmente la primera y la segunda (pues hace tiempo que no se otorgan nuevas concesiones y la cuarta no afecta a la gestión del agua) se traducen, en esencia, en forma de trasvase Júcar-Vinalopó. Sin embargo, que exista la tubería y que verano tras verano se acuerde con algunas comunidades de regantes enviar una determinada cantidad a un precio pactado no es lo mismo que dotar de personalidad jurídica a la transferencia, y esa es precisamente la clave. Sin tener el trasvase resuelto, cerrar los acuíferos supone no ofrecer ninguna alternativa, como exige la ley.
En ese artículo es en el que se basaron las argumentaciones de los representantes de los regantes para votar en contra de los planes de actuación sobre los acuíferos el miércoles, algo que no llegó a ser necesario. La CHJ dejó sobre la mesa el punto del orden del día, a petición de la Generalitat, para dar tiempo a los vocales a estudiar en profundidad las implicaciones y realizar las aportaciones que estimen oportunas. En todo caso, y al margen de la posible vulneración de la Ley de Aguas (que daría pie a nuevas acciones judiciales), cabe recordar que la propia declaración de los acuíferos como sobreexplotados está dirimiéndose en el TSJ, lo que podría suponer una derogación a posteriori de todas las medidas que se adopten.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acudirá este viernes a Aspe para ser testigo junto a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí de la llegada del agua enviada este verano a través de la transferencia, en su primer acto oficial tras el viaje a Portugal de esta semana. También está prevista la asistencia del presidente de la Diputación y del PPCV, Carlos Mazón. Este envío, de 18,8 hectómetros, como ha venido contando este diario, se pagará a 0,295 euros, muy cerca de los 0,3 que se calculan para un trasvase 'oficial' en un escenario de estabilidad energética (con la actual inflación, serían 0,85 euros el metro cúbico).
Un precio que, según el informe elaborado por dos expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC), provocaría una reducción de la demanda de agua en más de un 30%, que se traduciría en la pérdida de un porcentaje similar de la superficie regable del Vinalopó (unas 10.000 hectáreas) y una caída de la producción agraria y del empleo del 18% y 19% respectivamente. La consecuencia inmediata sería la pérdida de 50 millones de euros al año en producción agraria en la zona, que aporta unos 400 millones anuales (230 de ellos, en zonas incluidas en el área del trasvase), según el estudio.
