Los representantes municipales que formaron parte de la comisión de investigación.ALICANTE. Las anomalías en el procedimiento de contratación de las obras impulsadas desde el Patronato Municipal de la Vivienda a finales de 2017 para acondicionar la sede provisional de la Concejalía de Juventud, en un local de la calle Cisneros, llegan ahora a la que puede ser la fase final de la controversia. El actual equipo de Gobierno, un bipartito compuesto por 9 ediles del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs), pretende aprobar en comisión de Hacienda, el próximo lunes, el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que resulta necesario para acordar el pago de los trabajos efectuados.
En concreto, se trata de autorizar un gasto de 59.240 euros (impuestos incluidos) para que la dos empresas a las que se encomendó la tarea de adaptación del local puedan cobrar por ello. El pago se divide en dos conceptos: las obras de reforma, desarrolladas por Kúbica Soluciones Integrales, por 49.501 euros (con impuestos), y la instalación de una plataforma elevadora, a cargo de Forte Electromecánica, por 9.739 euros (también con impuestos).
El encargo de dichas obras fue objeto de fiscalización en el último tramo del pasado mandato tras la constitución de una comisión de investigación, a la vista del informe de reparo de legalidad evacuado por el interventor municipal en el que advertía de la posible existencia de un supuesto fraccionamiento de contratos.
La comisión de investigación no consideró probada la existencia de un fraccionamiento pero conminó a abrir una reflexión sobre la continuidad del Patronato
Al cierre de los trabajos de dicha comisión, los grupos políticos que constituían la corporación municipal (PP, PSOE, Guanyar, Cs y Compromís) acordaron un dictamen de conclusiones en el que no se consideraba acreditada la existencia de ese fraccionamiento, pero sí se subrayaba que la tramitación del expediente no había sido correcta. Es más, en ese dictamen se reprendía expresamente al gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor, por no informar a los sucesivos presidentes del organismo autónomo (tres concejales distintos entre noviembre de 2017 y abril de 2018) respecto a las decisiones adoptadas, lo que dificultó "sus funciones de control y dirección".
Por último, en esas mismas conclusiones se emplazaba a autorizar el pago de los trabajos efectuados y se emplazaba a revisar "el modelo del Patronato Municipal de la Vivienda como órgano de gestión de servicios públicos, valorando la conveniencia de su continuidad". Por lo pronto, esa reflexión no se ha abordado desde el arranque del actual mandato, hace un mes, lo que no implica que no vaya a abrirse una reflexión sobre el futuro del organismo autónomo a lo largo del presente mandato.
En todo caso, la propuesta que se eleva a la consideración de la comisión de Hacienda, primero, y del pleno, después, remarca que las obras de reforma del local se realizaron al margen del procedimiento de contratación legalmente previsto. No obstante, se plantea su autorización de pago para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto, ya que los trabajos se realizaron.
