ALICANTE. El concurso organizado por la Autoridad Portuaria de Alicante para rehabilitar y transformar el edificio del faro del Cabo de las Puertas en restaurante genera más competencia de la que podía aventurarse en un contexto marcado por la crisis del coronavirus. Así, salvo retirada o descarte de última hora, la convocatoria se decidirá entre cinco propuestas hosteleras distintas interesadas en asumir la explotación, atraídas -entre otros puntos- por la singularidad del emplazamiento.
La identidad de los cinco licitadores y el contenido concreto de sus distintas propuestas de rehabilitación no trascenderá hasta que se produzca la apertura de sobres, prevista para el próximo miércoles, día 29, según fuentes consultadas por este diario. Será en ese acto cuando se concrete la fecha en la que podría producirse la adjudicación.
La Autoridad Portuaria convocó el concurso después de que una primera empresa hostelera presentase una primera solicitud de autorización de uso del inmueble. Se trata del trámite previsto con el propósito de ofrecer el inmueble de titularidad pública a cualquier otro interesado, ya que la recuperación para uso hostelero es una de las posibilidades contempladas en el programa Faros de España puesto en marcha por Puertos del Estado con el fin de garantizar la conservación de los edificios de ayuda a la navegación y darles un uso alternativo.
La licitación, aprobada por el consejo de administración del Puerto en abril, partía con un plazo de la concesión de 15 años, prorrogables por otros cinco años más. La superficie sujeta a concesión afecta a 1.861,66 metros cuadrados que corresponden con el edificio que servía de residencia al técnico de señales marítimas y el almacén anexo a la torre del faro, entre los más de 52.000 metros que componen la parcela en la que se ubica. Así, la torre en la que se encuentra la linterna seguirá quedando reservada para uso exclusivo de la Autoridad Portuaria.
El concesionario pagará un canon por ocupación de suelo y una tasa de actividad a calcular sobre el volumen de negocio, que no podrá ser inferior a 450.000 euros
Al margen del coste de rehabilitación de las instalaciones, la concesión queda ligada al pago de un canon anual en función de la superficie de ocupación de suelo (que se calculará cuando finalicen las obras), así como al pago de una tasa adicional por actividad. Su importe también dependerá de las ofertas que presenten los propios licitadores, ya que el concurso prevé que se calcule con la aplicación de un gravamen de entre un 2 y un 8% del volumen de negocio mínimo ofertado. Esa cifra no podrá ser inferior a los 450.000 euros para el conjunto de la concesión, según concreta el pliego de condiciones.
Una vez adjudicado, el concesionario dispondrá de un plazo de tres meses para presentar el proyecto de rehabilitación definitivo y deberá empezar las obras en otro plazo adicional de seis meses más, para finalizarlas como máximo un año después.