ALICANTE. Fin de trayecto. La comisión de fiscalización constituida en el Ayuntamiento de Alicante para revisar los procedimientos seguidos en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por Residencial Les Naus sobre un solar municipal vendido entre 2018 y 2022 se cerró este viernes sin que los cinco grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) que votaron a favor de constituir ese foro de análisis para esclarecer las supuestas irregularidades detectadas en el desarrollo de esa promoción fuesen capaces de alcanzar un dictamen compartido sobre lo ocurrido. Cada formación política optó por votar sus propias conclusiones (salvo en el caso de las del eje progresista, que sumaron apoyos recíprocos), como ya ha informado este diario.
En parte, ese era el resultado esperable. No obstante, sí resultó hasta cierto punto sorpresivo que ni tan solo se intentase alcanzar un consenso de mínimos en cuestiones que podían suscitar un posible entendimiento. Entre ellas, el planteamiento de medidas correctoras y el refuerzo de los mecanismos de control para evitar que puedan volver a producirse situaciones similares en el futuro.
Las cinco formaciones coincidieron en que las VPP de Les Naus había dado pie a la existencia de "fallos", sí, que -según asumieron todas- habrían propiciado que algunos de los pisos fuesen adquiridos por personas (para la izquierda, próximas al PP- que no debían haber accedido a ellos, al margen de que -al menos, la oposición- también ponga en discusión la venta de la parcela municipal en la que se levantó la promoción.
Con todo, lo cierto es que nadie concretó en qué consistieron esos fallos, ni los tipificó. Es decir, nadie explicitó qué errores se habían cometido y cuál era su naturaleza (presunto delito, falta de ética, fallo administrativo...). Tampoco hubo ninguna alusión a que se hubiese producido un posible uso de información privilegiada con el fin de beneficiar a alguien (en la venta de la parcela o en la compra de los pisos), ni se señaló que se adoptase algún acuerdo concreto que fuese irregular. A lo más lejos que se llegó por parte de los grupos del eje progresista -y, en particular el PSOE- fue a señalar la ausencia de un sistema de "control integral" para garantizar que el patrimonio municipal tuviese el destino debido, como apuntó la edil Silvia Castell.
En principio, salvo que la instrucción judicial en curso concluya otra cosa, la polémica sigue girando por ahora en torno a tres cuestiones esenciales. La primera, la existencia de un supuesto conflicto de interés o de una presunta incompatibilidad, como se advertía en el informe emitido por la jefatura del servicio de Patrimonio el pasado enero, al constatar la presencia de cargos públicos o funcionarios vinculados al Ayuntamiento en el listado de cooperativistas que compraron pisos en Les Naus.
Entre ellos, como ya es sabido, figuraban la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (que se inscribió en la cooperativa a finales de 2018, cinco años antes de ser concejal); los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman (que ha regresado a su puesto previo como jefa de Contratación); los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, y otros nueve empleados municipales no adscritos a los departamentos que participaron en decisiones relacionadas con la promoción (Patrimonio, Urbanismo y Contratación).
La segunda cuestión, si alguien del equipo de gobierno -y el alcalde, Luis Barcala, en particular- conocía la existencia de esa circunstancia (que personas vinculadas al Ayuntamiento habían comprado viviendas en el residencial, como Gómez, número 3 de la lista electoral del PP, a quien la oposición persiste en presentar como allegada a la familia del alcalde) antes de que parte del contenido de ese informe se filtrase y se hiciese público. Y, en ese caso, si se trató de ocultarlo de forma premeditada con el fin de evitar que trascendiese ante la ciudadanía para impedir un previsible desgaste político, en el supuesto de que se constatase la existencia de algún tipo de anomalía en el acceso a esas viviendas; que pudiese interpretarse que no hubo la transparencia debida; o que se considerase que se produjo una conducta reprobable en el ejercicio de responsabilidades públicas.
Y la tercera cuestión, precisamente, es si los cooperativistas que adquirieron esas viviendas (los vinculados al ayuntamiento y el resto) cumplían o no los requisitos de límite de renta establecidos en el decreto autonómico regulador para poder acceder a una VPP. Hasta ahora, el único dato que se conoce al respecto es que el que recoge el informe elaborado por la Conselleria de Vivienda tras revisar los 140 contratos de los cooperativistas (aportado ante el juzgado que instruye las diligencias) en el que se concluye que seis de ellos no reunían esas condiciones y que otros no aportaron la información adicional que se les había vuelto a reclamar en el momento de esa revisión, con lo que se presumía que también superaban esos límites en cuanto a ingresos.
Sin conclusiones concluyentes
Lo cierto es que el desarrollo de la comisión municipal no ha permitido arrojar certezas definitivas sobre ninguna de esas tres cuestiones. Estrictamente, ese no era su cometido ni podía serlo puesto que ese órgano carecía de competencias para desentrañarlas. Así lo reflejaron en mayor o menor medida los representantes de los cinco grupos políticos, que apuntaron que la comisión no se había constituido para depurar responsabilidades penales o civiles, sino para tratar de esclarecer qué había sucedido, y si el Ayuntamiento había dado los pasos correctos en el desarrollo de esa promoción. Eso sí, como mínimo, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem coincidieron en que podía haberse aportado mayor transparencia para tratar de descifrar esos tres aspectos centrales, si todos los comparecientes propuestos -incluidos Gómez y el propio alcalde- hubiesen aceptado exponerse ante la comisión para responder a las preguntas que se les hubiese podido formular.
Así que, al cierre de sus trabajos, la comisión solo ha permitido determinar que se habían producido esos "fallos" que nadie detalló durante esa última sesión de la comisión de este viernes (quizá porque, en algunos casos, sí se recogían en los escritos de conclusiones de cada grupo). En realidad, el supuesto debate de las conclusiones planteadas acabó derivando en una disputa sobre la atribución de responsabilidades políticas respecto a esos errores. Y no solo con acusaciones por parte de los cuatro grupos de la oposición respecto a la gestión del equipo de gobierno, del PP. También con ataques entre los propios grupos opositores.
En esta línea, Vox volvió a poner el foco en el inicio del expediente por parte del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), en 2016. De hecho, imputó a esas tres formaciones la decisión de promover la subasta de suelo como origen del problema. Es más, insistió en que fue el tripartito quien también eligió esa parcela concreta situada en el distrito de Playa de San Juan, y no cualquier otra que "pudiese estar situada en un barrio de la Zona Norte", según apuntó su portavoz, Carmen Robledillo.
Entre tanto, los tres grupos del eje progresista tampoco escatimaron en críticas hacia Vox, al acusarles de actuar como si formasen parte del equipo de gobierno, según señaló el portavoz de Compromís, Rafa Mas. Así, recordó que los voxistas habían evitado hasta en dos ocasiones la reprobación de Barcala por su supuesta responsabilidad sobre "el escándalo" de Les Naus y que habían secundado la mayoría de las propuestas políticas planteadas por los populares a lo largo del mandato (presupuestos municipales, ordenanzas, etc.). Así que las intervenciones se acabaron convirtiendo en un cruce de reproches en el que la izquierda optó por dividir el tiro entre PP y Vox (quizá sin medir bien la consecuencia de la pérdida de eficacia) en lugar de concentrar todo el fuego de la crítica en el papel del equipo de gobierno y de Barcala.
Esa guerra política puso el foco, de nuevo, en la posibilidad de que el PP conociese la existencia de posibles incompatibilidades en la identidad de los compradores de los pisos y lo ocultase. PSOE, Compromís y EU Podem volvieron a traer a colación el relato que el exconcejal de Patrimonio y Hacienda, Toni Gallego, reprodujo en su declaración ante el juzgado respecto a las circunstancias en las que él aseguró que había sabido que Gómez era una de las propietarias de los pisos. Y aunque el PP esgrimió como prueba en contrario la documentación que había aportado al juzgado para corregir la versión de Gallego (un certificado sobre la remisión de un correo a todos los concejales del PP con el reparto de intervenciones en el pleno de julio de 2024), PSOE, Compromís y EU Podem no se dieron por satisfechos. Consideraron que esa documentación no permitía demostrar que Gallego hubiese abierto ese correo. Y que tampoco permitía descartar que se hubiese producido un cambio de última hora en la responsabilidad de contestar a la pregunta de Compromís sobre la adjudicación de los pisos.
Es más, según pudo constatar este diario, el propio Gallego mantuvo en privado su versión este viernes, en contacto con otros representantes políticos, a quienes manifestó que la remisión de ese correo no significaba nada. Así, que -de nuevo, como sobre el conjunto de las incógnitas planteadas- será el juzgado que instruye las diligencias quien tendrá que dirimir si las manifestaciones de Gallego juegan algún papel relevante a la hora de precisar las supuestas irregularidades que se investigan respecto a la gestión de los pisos. Y, en su caso, si esas manifestaciones del exconcejal tienen credibilidad y validez.
A partir de ahí, no se planteó ninguna propuesta compartida, o que se tratase de poner en común, sobre qué medidas podrían adoptarse para evitar que en el futuro pudiese plantearse una situación polémica similar a la registrada en el caso de Les Naus. PSOE, Vox, Compromís y EU sí las habían planteado con mayor o menor profundidad en sus respectivos escritos de conclusiones, al proponer que se habilitasen mecanismos para garantizar la trazabilidad de todos los procesos relacionados con la venta de suelo municipal. O, directamente, habían propuesto que el suelo municipal siguiese siéndolo de forma permanente, de modo que fuese la administración quien promoviese vivienda de forma directa, sin vender ese suelo a terceros. Incluso sugirieron, como cuestión paralela, que se modificase el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para mejorar el funcionamiento de las futuras comisiones de fiscalización que pudiesen constituirse con el fin de que resultasen operativas.
Este viernes, nadie hizo prácticamente nada por defender esas aportaciones en el transcurso de la comisión. A lo sumo, solo Castell deslizó -más como crítica que como sugerencia- que los procedimientos en curso sobre la venta de otros solares municipales destinados a la construcción de VPP siguen dejando la decisión de la venta de los pisos en manos de los promotores (como sucede con todas las promociones acogidas al Plan Vive de la Generalitat, según remarcó), en lo que pudo interpretarse como un criterio o modelo a revertir, de forma que sea la administración quien controle su comercialización.
Además, tampoco el PP exhibió las decisiones que sí se han implementado al menos en el caso de los pliegos de la subasta de la parcela municipal de la calle Ceuta (adjudicada a Abala Infraestructuras hace menos de dos semanas) con el fin de reforzar los controles y los mecanismos de supervisión susceptibles de evitar la posible concurrencia de incompatibilidades o conflictos de interés. Se trata de medidas (adoptadas ya con la licitación en marcha, cuando ya había trascendido la controversia sobre Les Naus) como la suscripción de tres declaraciones en las que se descarte vínculos familiares o personales entre funcionarios, constructores y beneficiarios de los pisos; la exigencia de dar publicidad a la venta de las viviendas; y la obligación de concretar un criterio de venta imparcial que, no obstante, se seguía dejando a criterio del promotor adjudicatario. Son mecanismos, eso sí, que no se han aplicado en los concursos sobre otras cinco parcelas municipales cedidas a la Conselleria de Vivienda también destinadas a la promoción de VPP en el marco del Plan Vive.
Legalidad, cambio normativo, preguntas, alarmas...
¿Qué otros extremos hasta cierto punto relevantes o novedosos deparó esa última sesión de la comisión? En primer lugar, que el PP volvió a defender que el trabajo desarrollado había permitido constatar que el Ayuntamiento había seguido de forma correcta todos los procedimientos que quedaban bajo competencia municipal. Es decir, que esos procedimientos se ajustaron a la legalidad. Eso sí, fue el mismo presidente de la comisión, Manuel Villar, el primero en introducir la existencia de "fallos" en esa normativa. O en su aplicación. En cualquier caso, dos cuestiones que dependen de la Generalitat (y de la Conselleria de Vivienda, en lo que respecta a las comprobaciones de requisitos de los compradores de las VPP). Así, en último término, planteó la necesidad de que se introdujesen modificaciones en esa regulación "para que esto no vuelva a suceder", como reivindicó Barcala días después de que trascendiese la controversia.
- Los concejales que forman parte de la comisión municipal sobre las VPP de Les Naus. -
Además, Villar defendió que el procedimiento de venta del suelo se activó bajo el mandato del tripartito; que el PP paralizó el proceso después de constatar que se había presentado un recurso contra la cláusula que primaba la anticipación en el registro de la oferta en caso de empate a puntuaciones entre los licitadores; y que fue el TSJ quien forzó a reanudar el concurso manteniendo esa cláusula. Al tiempo, admitió que se les pudiese afear que la promoción no había cumplido los tiempos previstos (aunque le quitó trascendencia a ese hecho y no explicó por qué no se aplicaron penalizaciones) y solo ejerció la autocrítica al reconocer que no era de recibo que en enero todavía no se hubiese procedido a liquidar el impuesto de plusvalía sobre viviendas, a pesar de que se habían escriturado en el verano de 2025. Eso sí, también usó ese retraso en esa gestión fiscal como argumento para sostener que el PP no sabía nada de la identidad de los compradores hasta que se conoció el informe de Patrimonio, a principios de este año. Y, por último, cuestionó qué información podía manejar Compromís cuando, en julio de 2024, decidió plantear al equipo de gobierno la pregunta plenaria que respondió Gallego sobre cómo se adjudicaban las viviendas de Les Naus. Es más, Villar preguntó por qué los valencianistas no compartieron esa posible información sobre una hipotética sospecha de irregularidades que pudieron manejar entonces.
El PSOE, por su parte, señaló que el pliego de condiciones de 2018 no era el que se acordó en 2016 y puso el foco en que todo el procedimiento de la venta de suelo y de las comprobaciones del cumplimiento del contrato eran competencia municipal, a pesar de que el PP tratase de echar balones fuera para defender su gestión. En este sentido, consideró que el equipo de gobierno no había ejercido el control debido, a pesar de que surgieron circunstancias que deberían haber hecho "saltar todas las alarmas".
Así, entre otros puntos, recriminó que no se actuase cuando se constató que Residencial Les Naus había incumplido los plazos de construcción comprometidos. O cuando -según sostuvo Castell- también se flexibilizaron las condiciones para reconocer su solvencia. Además, señaló la existencia de omisiones o incorrecciones en el informe de averiguación de hechos encargado por el alcalde al secretario municipal cuando trascendió la controversia, en la medida en que no se había tenido en cuenta que Gómez y Pérez-Hickman sí habían participado en el expediente de Les Naus: Gómez al estar presente en la reunión en la que se aprobó el cambio de responsable del contrato, y Pérez-Hickman al emitir un escrito sobre ello. También reprochó que fuese Pérez-Hickman -cuando todavía no había regresado a su plaza como jefa de Contratación- quien remitiese un escrito al secretario detallando cuáles habían sido las gestiones realizadas por ese departamento, cuando esa información debía haberla aportado quien entonces ejercía como jefa del área, María Sellés.
En tercer lugar, al margen de apuntar al tripartito como iniciador del proceso de subasta, Vox lamentó que los representantes del PP hubiesen optado por no comparecer ante la comisión si no tenían nada que ocultar, después de dejar claro que las adjudicaciones de los pisos entre compradores era una cuestión que dependía de la cooperativa, y que quedaba después bajo la supervisión de la Conselleria de Vivienda.
En cuarto término, Compromís puso el foco en el vacío de información que, a su juicio, existió respecto a qué gestiones o decisiones se adoptaron desde que, el 15 de enero, la jefa de Patrimonio comunicó a la edil del área, Nayma Beldjilali, la existencia de esas posibles incompatibilidades entre los cargos públicos que compraron vivienda en Les Naus, y el momento en el que el alcalde decidió abrir un expediente de averiguación de hechos, doce días después. Además, su portavoz, Rafa Mas, se cuestionó si alguien de la cooperativa pudo alertar al equipo de gobierno en el verano de 2024 cuando él mismo llamó para preguntar sobre el proceso de adjudicación de las viviendas, dado que poco después se decidió quitar las competencias de Patrimonio a Gómez para cedérselas a Gallego, en lo que insinuó que pudo tratarse de un intento de proteger a la exregidora. Y, de igual modo, se preguntó por qué no se había apartado de sus funciones por pérdida de confianza tanto a Pérez-Hickman como a los arquitectos municipales que figuran como investigados en la causa, hasta el punto de insinuar que quizá el PP temiese que esos funcionarios pudiesen conocer información que no quisiera que desvelasen.
Por último, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, insistió en acusar al PP de jugar un doble juego contradictorio al haber "zancadilleado" el funcionamiento de la comisión para impedir su funcionamiento y, después, tratar de utilizarla para asegurar que había sido útil para demostrar que todos los procedimientos se habían ajustado a la legalidad. Además, volvió a insistir en la necesidad de transparencia y reiteró que el suelo público municipal debía seguir siéndolo, de forma que se destinase a la promoción de vivienda pública destinada al alquiler asequible. Pero nadie recogió el guante ni de esa propuesta, ni para plantear ninguna otra susceptible de generar consenso. Está por ver si el pleno extraordinario que pretende forzar el eje progresista para debatir en público las conclusiones de la comisión puede convertirse en una nueva oportunidad para hacerlo.
