ALICANTE. Vox no se da por satisfecho en las indagaciones sobre las supuestas irregularidades registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Su escrito de conclusiones respecto a los trabajos desarrollados por la comisión de fiscalización sobre ese residencial recrimina la falta de transparencia y la existencia de obstáculos que habrían impedido alcanzar el fin pretendido -esclarecer cuál fue el procedimiento seguido en la construcción y venta de esas viviendas- y determinar si de ello se derivarían responsabilidades políticas.
Y, además, enumera dos circunstancias concretas que habrían impedido profundizar en ese propósito: las ausencias del exalcalde socialista Gabriel Echávarri como máximo responsable municipal en el momento en el que se dio inicio al expediente de venta de la parcela pública en la que se construyeron las viviendas, y la del actual alcalde, el popular Luis Barcala, como principal dirigente en el momento en el que se produjo su adjudicación y se concretó la venta de los 140 pisos. Vox considera que sus dos testimonios habrían permitido resolver dudas sobre cómo se gestó la operación de subasta de la parcela municipal de Playa de San Juan y cuáles fueron los controles o qué pudo fallar en ellos en el momento en el que se produjo su adjudicación y en la venta de las viviendas finales.
Con todo, su propuesta de dictamen no llega a solicitar que se depuren responsabilidades políticas concretas, ni plantea la solicitud de dimisión del actual primer edil, a pesar de que sí lo hizo el pasado mes de febrero, después de que se produjese la comparecencia de Barcala para ofrecer explicaciones en el pleno extraordinario forzado por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
En primer término, el escrito de conclusiones de Vox deja claro que el fin de la comisión era únicamente determinar la posible existencia de responsabilidades políticas. No penales o administrativas, puesto que esa es la función que le corresponde al juzgado que instruye diligencias sobre el proceso seguido para la construcción y venta de los pisos de Les Naus. Y el análisis final al que Vox asegura haber llegado es que en los trabajos desarrollados desde el pasado marzo no se ha conseguido esclarecer con "la profundidad" y la eficacia que se debiera si los procedimientos seguidos fueron los correctos y si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de algún dirigente político.
En esta línea, Vox sostiene que no se ha procurado en tiempo y forma a los grupos políticos toda la documentación que se ha solicitado para poder revisar esos procedimientos y, además, subraya que de las 27 personas propuestas para comparecer ante la comisión, solo lo han acabado acudiendo a sus sesiones cuatro personas, a la vista del informe jurídico emitido por el secretario municipal en el que se apuntaba que la participación en ese foro era voluntaria. "La ausencia de sus explicaciones ha impedido a los distintos miembros de la comisión contrastar documentalmente los hechos con el conocimiento directo de quienes participaron en ellos", apunta su propuesta de conclusiones. "Sin comparecencias no hay preguntas; sin preguntas no hay respuestas; y sin respuestas no puede existir un esclarecimiento completo", resume.
Respecto a esas cuatro comparecencias, Vox apunta que el técnico José Luis Ortuño (ya jubilado) que participó en la redacción del pliego de condiciones de la venta del solar explicó que el proceso se inició en 2016 bajo el mandato del extinto tripartito formado por PSOE, Guanyar y Compromís y subraya que manifestó que el expediente estuvo dos años "circulando por el ayuntamiento", al margen de que también considerase llamativa la rapidez con la que se registró la primera oferta interesada en adquirir el solar: la presentada, precisamente, por la cooperativa Residencial Les Naus.
En lo que concierne al testimonio del responsable de la Policía Local, Antonio Tomás, que supervisó las visitas a los pisos para comprobar cuáles estaban habitadas y por quién, una vez que trascendió la polémica sobre la identidad de sus compradores y sobre la posibilidad de que se estuviesen alquilando o revendiendo a terceros, Vox apunta que su testimonio permitió constatar que esas comprobaciones resultaron insuficientes, puesto que no se realizó un seguimiento posterior. "La Policía hizo una comprobación limitada, detectó incidencias y después no recibió instrucciones para realizar seguimiento. Por tanto, la duda que surge no es solamente qué encontró la Policía, sino qué hizo la Administración con aquello que la Policía encontró", sostiene Vox.
Y sobre las comparecencias del secretario general de Provía, Jesualdo Ros, y del interventor municipal, Francisco Guardiola, Vox señala que no aportaron ningún dato de relevancia, más allá de poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el mercado de la vivienda o la imposibilidad de que el máximo responsable de la fiscalización económica del Ayuntamiento no recordase su participación en el expediente concreto de enajenación del solar de Les Naus.
A partir de ahí, el escrito de conclusiones de Vox pone el acento en las ausencias de Echávarri y de Barcala. Sobre el primero, apunta que "la incomparecencia de Gabriel Echávarri impidió a esta comisión obtener directamente del entonces alcalde las explicaciones relativas a la decisión política de enajenar la parcela municipal y a los objetivos perseguidos con dicha operación", a pesar de que Vox refleje que el exalcalde socialista había alegado que no podía aportar ninguna información al respecto al no haber tenido participación directa sobre el expediente de venta.
Y sobre el segundo, Vox señala que "la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, revestía especial relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, al ostentar la Alcaldía cuando, en enero de 2026, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de las circunstancias que rodeaban la adjudicación de las viviendas de Les Naus, momento en el que explotó todo. Su comparecencia habría permitido a esta comisión conocer de primera mano la cronología de las actuaciones de la Alcaldía, la fecha y forma en que recibió la información, las instrucciones impartidas a los distintos servicios municipales y las decisiones adoptadas tras tener conocimiento de las posibles irregularidades", sostiene. Y añade: "Por ello, la ausencia del alcalde es una de las limitaciones que han condicionado el completo esclarecimiento político y administrativo de los hechos". Todo, a pesar de que los propios representantes de Vox también apuntan que Barcala justificó su ausencia con el argumento de que ya había comparecido en pleno para ofrecer explicaciones y que no tenía más información que aportar.
Ese cúmulo de elementos llevan a Vox a plantear la necesidad de que el Ayuntamiento de Alicante articule los mecanismos necesarios para que puedan mejorar el funcionamiento de sus comisiones con el fin de que puedan alcanzar los fines para las que se constituyen. Y, además, también reclama que se mejoren los mecanismos de control respecto al uso del suelo público para evitar que puedan producirse polémicas como las suscitadas en torno a las viviendas de Les Naus.
De este modo, señala que se produzca una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno para establecer uan regulación específica sobre el funcionamiento de las comisiones de control en la que se fijen "reglas claras sobre citaciones, comparecencias, excusas y reprogramaciones", que se garantice que toda la documentación necesaria se encuentre a disposición de los grupos políticos con suficiente antelación" y qu se procure el "apoyo jurídico y técnico suficiente para los trabajos de investigación".
Además, también sugiere la "revisión de los mecanismos municipales de prevención y detección de conflictos de intereses", "el establecimiento de controles reforzados para cualquier futura promoción de vivienda protegida sobre suelo municipal", la "garantía de trazabilidad completa en la adjudicación de VPP" y la "publicación y conservación de los informes y decisiones que permitan a cualquier ciudadano comprobar cómo se ha gestionado el patrimonio público". En este sentido, Vox recalca que "la principal conclusión de esta comisión es que el Ayuntamiento de Alicante debe recuperar un principio elemental: el suelo público y la vivienda protegida tienen que gestionarse con controles reforzados y con una transparencia absoluta".
¿Qué recorrido pueden tener esas propuestas y las conclusiones alcanzadas por Vox? Está por ver cuál puede ser el posicionamiento del resto de grupos políticos representados en la corporación y si resulta viable alcanzar un dictamen compartido que pueda ser votado por una mayoría de ellos. En caso contrario, se procederá a votar cada uno de los escritos de conclusiones y quedará aprobado el que reúna un mayor número de votos. Hasta el momento, ya han trascendido el escrito de conclusiones planteado por el PP en el que defiende la legalidad de todos los procedimientos que dependían del Ayuntamiento. Se prevé que PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem den a conocer sus propios planteamientos este martes.
