ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), vuelve a defender su papel en la gestión de los procesos relacionados con la construcción de las viviendas de protección pública (VPP) promovida por Residencial Les Naus y sostiene que todas las decisiones emprendidas en su tramitación que quedaban bajo competencia municipal fueron correctas. Es decir, la venta del solar situado en el distrito de Playa de San Juan; el trámite de concesión de la licencia de obra y, por último, la liquidación del impuesto de plusvalía de los 140 pisos construidos. Los populares sostienen que todo se ajustó a la normativa vigente. Y, además, vuelven a poner el foco en el inicio del expediente de enajenación, para apuntar la decisión de poner la parcela en venta la adoptó "a mediados de 2016" el extinto tripartito formado por PSOE, Guanyar y Compromís, como ya señaló el alcalde, Luis Barcala, el pasado febrero, durante la comparecencia plenaria forzada por los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Así se pone de manifiesto en el escrito de conclusiones aportado por el PP en la fase de cierre de la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Un escrito con una extensión de 12 páginas, rubricado por la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, que ya habría quedado registrado para su comunicación al resto de fuerzas políticas, a la espera de que se conozca el resto de escritos de conclusiones aportados por PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Por partes. En primer lugar, respecto a la venta del solar, el PP sostiene, a partir de las manifestaciones formuladas por el extécnico de Patrimonio, José Luis Ortuño (uno de los funcionarios que participó en la redacción del pliego de condiciones de venta del solar, ya jubilado), que fue la exedil de Hacienda por el PSOE, Sofía Morales, quien dio inicio al expediente de la subasta con la intención de cubrir el coste de una indemnización pendiente con Hansa Urbana con los ingresos obtenidos de esa enajenación. El PP insiste en que también fue el extinto tripartito quien eligió la parcela concreta a subastar, a la que el técnico municipal -uno de los cuatro únicos comparecientes que decidieron participar en la comisión- calificó como "la joya de la corona" por su emplazamiento en el distrito de Playas.
En esta línea, también apunta que la introducción del criterio de anticipación en el registro de la oferta como fórmula de desempate entre los licitadores interesados en esa licitación no fue una decisión de carácter político que se adoptase bajo el mandato del PP, sino que se planteó bajo el periodo de gobierno del tripartito a propuesta de una de las técnicas del Servicio de Contratación, ya fallecida, y que se mantuvo, después, a lo largo de todo el procedimiento, que el PP decidió reactivar después de que se produjese su acceso al poder, en abril de 2018, como consecuencia de la dimisión del socialista Gabriel Echávarri como alcalde (en un contexto en el que éste afrontaba dos imputaciones judiciales distintas).
Así, el PP subraya, en relación al procedimiento de venta del suelo que "no se ha llevado a cabo ninguna actuación dentro del procedimiento de licitación que pueda tener el más mínimo reparo acerca de que no se hayan seguido escrupulosamente las normas". Es más, en ese mismo escrito de conclusiones, se apunta que tampoco se puso en duda en ningún momento que las cinco empresas que concurrieron en el concurso no cumpliesen las condiciones para ser admitidas. Y añade que fue el propio PP, ya en diciembre de 2018, quien aceptó uno de los recursos presentados contra el pliego de condiciones (el interpuesto por Block Arquitectura) respecto a la introducción de esa cláusula de desempate y suspendió el primer concurso con la intención de promover una nueva licitación en la que se dejase sin efecto el controvertido criterio de la anticipación en la presentación de las propuestas.
No obstante, el PP remarca que fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de julio de 2021 quien estimó el contencioso presentado por Residencial Les Naus frente a la anulación del primer concurso, y quien confirmó que el proceso de venta del solar debía retomarse manteniendo esa misma cláusula de desempate. Con ello, el escrito de conclusiones de los populares descarta que se incluyese dicho sistema "para favorecer algo o a alguien". Y, además, añade que, finalmente, tras la apertura de las tres únicas empresas que mantuvieron su interés en el concurso, no resultó necesario que se usase dicho criterio para decantar la adjudicación del solar. Por todo ello, las conclusiones del PP apuntan que "a la vista de toda la documentación correspondiente al procedimiento de enajenación de la parcela desde su aprobación por la Junta de Gobierno, no existe ninguna actuación que no se haya ajustado a la normativa".
Concesión de licencia y liquidación de plusvalía
Otro tanto de lo mismo se aplicaría respecto al trámite de concesión de licencia de obra. En este sentido, el escrito de conclusiones del PP señala que, en el desenlace de la comisión, nada se ha planteado que pueda poner en duda la legalidad del otorgamiento de ese permiso. "Toda la tramitación ha seguido los cauces procedimentales reglados para estos expedientes, estando la garantía de los técnicos municipales", apunta el escrito, sin añadir mayores valoraciones.
Además, el escrito también se refiere a las dudas que se ha llegado a esgrimir por parte de grupos municipales, entre ellos Vox, respecto al momento en el que se tuvo conocimiento de la identidad de los compradores -entre los que figuraba la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, además del arquitecto municipal Francisco Nieto y de dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, entre otros funcionarios municipales- para señalar que la documentación presentada para liquidar el pago de ese impuesto se registró en el segundo semestre de 2025 pero "no se había iniciado la tramitación cuando fue remitido a Patrimonio el listado de adquirientes de las viviendas por la Cooperativa Fraorgi".
Es decir, que, según el PP, no se tuvo conocimiento de quiénes compraron vivienda hasta finales del pasado mes de enero, cuando trascendió el contenido del informe de advertencia de Patrimonio en el que se apuntaba la posible existencia de una posible incompatibilidad o conflicto de interés, dados los vínculos detectados entre los compradores y algunos cargos públicos o funcionarios municipales. Según concretó el equipo de gobierno en un informe posterior, entre los cooperativistas que adquirieron una vivienda figuraban un total de 10 personas que guardaban algún tipo de relación con el ayuntamiento: la exconcejal de Urbanismo y otros nueve funcionarios. Con todo, se concluía que ninguno de ellos realizaron gestiones o tomaron decisiones relacionadas con las VPP de Les Naus.
A partir de ahí, el escrito de conclusiones del PP hace alusión al resto de actuaciones de promoción de vivienda pública sobre suelo municipal -que también eran objeto inicial de la comisión, aunque, en realidad, no ha llegado a profundizarse en ningún otro proyecto- para señalar que no existe constancia de ningún reproche respecto a ningún otro procedimiento, salvo respecto al criterio político de decidir cómo ponía en marcha esas actuaciones: mediante procedimientos de subasta de suelo, y no de ejecución directa.
Por todo ello, el escrito del PP subraya que el Ayuntamiento -y por tanto, el equipo de gobierno- solo asumió la venta del suelo, la concesión de licencia de obra y la liquidación del impuesto de plusvalía, "sin que el ayuntamiento seleccionase a los potenciales cooperativistas". Así, descarga en la propia cooperativa y en la Conselleria de Vivienda -aunque sin llegar a citarla- la responsabilidad de la comercialización de las viviendas entre los socios cooperativistas. "El Ayuntamiento no eligió las personas que tenían el derecho o la posibilidad de ser los adquirientes de los inmuebles. Y el Ayuntamiento no tramitó ningún expediente relativo a si los adquirientes cumplían los requisitos legales para poder tener acceso a dichas viviendas", abunda su propuesta de conclusiones. Al respecto, el escrito sostiene que "el Ayuntamiento no tuvo ninguna intervención en la constitución de la cooperativa" y que "tampoco buscó a los posibles compradores y, evidentemente, no intervino en la elección de los mismos". "Reiteramos que el Ayuntamiento de Alicante no es competente para tramitar los expedientes relativos a los posibles adquirente y si cumplían los requisitos legales para ello", subraya el escrito.
De igual modo, los populares sostienen que no se tuvo conocimiento de quiénes habían comprado casa en el residencial hasta que Patrimonio pudo cotejar el listado de compradores en enero de 2026 para cerrar el expediente de comprobaciones respecto a si el solar había tenido el fin pretendido: acoger la construcción de vivienda protegida. De ahí que el PP defienda que, a su juicio, la comisión "ha servido para dejar a las claras que los procedimientos administrativos llevados a cabo dentro de este Ayuntamiento se han ajustado escrupulosamente a la legalidad y que el equipo de gobierno no tuvo intervención alguna en la elección de los propietarios de los inmuebles". Todo ello, sin mencionar nada -se presupone que para desmentir- un hipotético tráfico de influencias o de uso de información privilegiada en la adjudicación del solar, o en la identidad de la empresa que iba a convertirse en compradora del suelo. Eso sí, el escrito sí atribuye al resto de grupos políticos municipales su intención de "buscar responsabilidades inexistentes, confundiendo y manipulando las pruebas y todas las evidencias" en busca de un "supuesto rédito electoral".
Al margen de ello, el escrito incide en que el objetivo de la comisión era analizar únicamente los procedimientos que dependían del Ayuntamiento; señala que existe una comisión de investigación en curso en Les Corts e incide en que también continúan tramitándose diligencias de investigación en los juzgados para determinar la posible existencia de anomalías, tras recordar que el propio Ayuntamiento acudió a Fiscalía a presentar una denuncia cuando se tuvo conocimiento de las supuestas incompatibilidades apuntadas en el informe de Patrimonio, con el fin de que se utilizasen los medios al alcance de la justicia para realizar las comprobaciones pertinentes que, según recalca el PP, no estarían al alcance del Ayuntamiento.
