ALICANTE. La primera ronda de comparecencias en la comisión municipal sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 quedó limitada este martes a las respuestas procuradas por José Luis Ortuño, un único técnico municipal, ya jubilado, que participó en la redacción del pliego del concurso sobre la venta de esa parcela. Los otros cinco funcionarios o exfuncionarios a los que se había girado convocatoria declinaron participar en ese foro de análisis compuesto por concejales de los cinco grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem), al no existir ninguna obligación de hacerlo (la asistencia es voluntaria), lo que motivó la decepción de las formaciones que ejercen funciones de oposición.

De hecho, sus representantes lamentaron que su inasistencia no hubiese permitido disipar dudas relacionadas con los informes emitidos en enero, en los que se dio la voz de alerta sobre la existencia de una supuesta incompatibilidad o conflicto de interés, una vez conocida la identidad de los compradores de los pisos (entre los que se encontraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez), o sobre cómo se efectuó el seguimiento del contrato, una vez adjudicada la parcela a la cooperativa que construyó los pisos objeto de la controversia. En concreto, esos cinco técnicos eran la jefa del área de Patrimonio, Paloma Romero; otro técnico del mismo departamento que participó en la redacción de esos informes de advertencia de las supuestas anomalías, Pablo Torregrosa; el jefe del área de Patrimonio cuando se redactó el pliego de condiciones, Elpídio Vázquez (ya jubilado); el arquitecto municipal Francisco Nieto (uno de los adquirientes de los pisos) que participó en las reuniones de seguimiento del contrato; y el técnico Antonio Faura, que ejerció como director de ese contrato.

En todo caso, la comparecencia de Ortuño sí sirvió para que se aportase información adicional respecto al proceso de venta del solar público del distrito de Playa de San Juan en el que se edificó esa parcela. En primer término, Ortuño precisó que se optó por vender esa parcela municipal en concreto, a la que calificó como "la joya de la corona" entre todas las parcelas disponibles, por su emplazamiento en ese distrito, con el fin de atraer a los promotores y garantizarse la concurrencia en el concurso, en un contexto en el que no se promovía vivienda protegida porque los empresarios del sector aseguraban que los parámetros fijados no lo hacían rentable. En esta línea, explicó que en el pliego se habían introducido elementos como la dotación de una piscina, puntos de carga para vehículos eléctricos y pistas deportivas para que la promoción resultase aún más atractiva y se incorporasen servicios en beneficio de los adquirientes.

En segundo lugar, indicó -como había explicado el alcalde, el popular Luis Barcala, en el pleno extraordinario forzado por los grupos opositores del eje progresista, el pasado febrero- que el proceso de enajenación se inició en 2016, bajo el mandato del extinto tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, con la intención inicial de disponer del rédito de la venta para saldar la indemnización que se debía abonar a Hansa Urbana en el trámite de ejecución de sentencia, después de que el Ayuntamiento asumiese un exceso de aprovechamiento urbanístico en el desarrollo de un plan parcial ejecutado por dicha promotora. Un pago que, finalmente, se acabó realizando con fondos propios, y no con los ingresos obtenidos por la venta del solar.

En tercer término, precisó que la venta contó con, primero, con el visto bueno del departamento de Urbanismo, entonces dirigido por Miguel Ángel Pavón (Guanyar), y que, después, el expediente quedó en manos del área de Patrimonio y Hacienda, que en aquel momento coordinaba Sofía Morales (PSOE), hasta que pasó a Contratación, entonces gestionada por Natxo Bellido (Compromís). No obstante, señaló que, a partir de 2017, el expediente quedó paralizado, sin que él tuviese constancia oficial de cuál fue la motivación que pudo justificar esa suspensión del proceso. Después, fue ya en 2018, cuando se produjo el cambio de gobierno y la toma de posesión de Barcala, cuando se acabó retomando el expediente y cuando se convocó de manera efectiva el concurso.

En cuarto lugar, Ortuño explicó que se había incluido la anticipación en el registro de la oferta como cláusula de desempate (en el supuesto de que dos licitadores lograsen la misma puntuación) tras elevar consultas a una técnica de Contratación, recientemente fallecida, puesto que, según aseguró, en el momento de redacción del pliego no se estipulaba otro mecanismo como el del sorteo o el de la contratación de un mayor número de empleados para el desarrollo de las obras, por ejemplo. 

Un pliego dos años "moviéndose" en el Ayuntamiento

Al hilo de esa circunstancia, también mostró su extrañeza por el hecho de que la cooperativa Residencial Les Naus presentase su oferta solo un día después de que se abriese el plazo para hacerlo (el plazo se abrió el 5 de septiembre de 2018 y el registro se produjo el día 6), mientras que el segundo licitador lo hizo doce días después, como había denunciado públicamente el grupo municipal de Esquerra Unida Podem, semanas después de que trascendiese la polémica por la identidad de los compradores de los pisos. Al respecto, Ortuño señaló que era cierto que el concurso no exigía la presentación de un anteproyecto, pero sí evidenció su sorpresa por la rapidez en la que se produjo el registro de la oferta de Les Naus "porque había que preparar una plica" y eso requería cierto tiempo, según apuntó.

Eso sí, Ortuño también manifestó que el concurso estuvo moviéndose durante cerca de dos años, entre 2016 y 2018, por varios departamentos municipales: desde Urbanismo a Patrimonio y de ahí a Contratación. Con ello, no descartó la posibilidad de que alguien hubiese tenido acceso a las condiciones del concurso, y que hubiese podido informar de ello a los licitadores interesados en optar a la compra del solar, aunque tampoco llegó a asegurar que el pliego se hubiese filtrado o que se contase con información privilegiada. "No sé si filtró porque no tengo pruebas; el expediente estuvo moviéndose dos años, tuvo acceso medio ayuntamiento", dijo.

De igual modo, el técnico apuntó que el PP decidió suspender y anular el concurso a la vista de los recursos de reposición presentados por Provía y por una promotora que no llegó a concurrir en el proceso. Y confirmó que se retomó en 2022, después de que el TSJ aceptase el recurso presentado por Residencial Les Naus tras aceptar la validez de la cláusula de la anticipación como fórmula de desempate. En todo caso, también indicó que no se tuvo que recurrir a esa cláusula puesto que la oferta de Les Naus fue la que sumó mayor puntuación (en concreto, al ofrecer más plazas de estacionamiento con estación de carga para vehículos eléctricos). Además, añadió que él y el área de Patrimonio perdieron la pista al expediente una vez que entró en Contratación, por lo que ya no tuvo ninguna intervención sobre el expediente desde la convocatoria de 2018, finalmente suspendida.

Es más, indicó que no tuvo conocimiento de las modificaciones introducidas en el pliego que se acabó publicando, en las que, según le planteó la portavoz del PSOE, Ana Barceló, se variaron las superficies de la piscina y de las pistas deportivas, y se relajaron las condiciones de la cláusula suspensiva, de forma que se consideró que resultaba suficiente que el adjudicatario hubiese registrado la solicitud de calificación de vivienda protegida ante la Conselleria de Vivienda en el plazo de doce meses, en lugar de requerir que se dispusiese de esa calificación ya aprobada. No obstante, Ortuño sí apuntó que, una vez abiertas las ofertas presentadas (cinco en total, aunque tres acabaron retirándose) él había suscrito un informe en el que se reconocía la solvencia de Residencial Les Naus a pesar de que ese mismo informe consideraba que, en realidad, no cumplía esas condiciones, y que, finalmente, se tuvo en cuenta que la entidad gestora de la cooperativa, Fraorgi, sí disponía de capacidad económica suficiente, en la medida en que había acreditado la disposición de siete millones en una cuenta bancaria. Y, además, había acreditado que había conseguido la concesión de un crédito para financiar la construcción de la promoción. 

Además, a preguntas de Barceló, también indicó que, entre otros requisitos, a Residencial Les Naus no se había exigido un aval ni un seguro de indenmización con una cobertura de cinco millones porque se trataba de una cooperativa constituida ad hoc y no podía tener capacidad para cumplir esos requisitos, como sucedía con la mayoría de los casos en los que se iniciaba una promoción, en los que se constituía una sociedad promotora ex profeso. Al margen de ello, señaló que no había tenido nunca ninguna reunión con el actual alcalde, Luis Barcala, y que solía mantener trato con los concejales responsables del área de Patrimonio, entre los que citó a Carlos Castillo y al exconcejal de Ciudadanos, Adrián Santos Pérez. Y, por último, sostuvo que, si él hubiese tenido conocimiento de alguna supuesta incompatibilidad como la conocida en el caso de la promoción de Les Naus, lo que habría hecho habría sido ponerla en conocimiento del concejal responsable de su departamento.

Tras esa única comparecencia, la comisión retomará los trabajos el próximo 24 de abril, cuando se ha previsto la convocatoria de los técnicos vinculados al área de Urbanismo que pudieron participar en el expediente de concesión de la licencia de obra, entre otros puntos. Eso sí, está por ver quiénes de los funcionarios que los grupos opositores plantearon que se llamase a comparecer acabarán acudiendo para someterse a sus preguntas.