ALICANTE. Llega la hora de las preguntas. Aunque está por ver en qué grado pueden llegar a tener respuesta. Las indagaciones sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 arrancan esta semana en un doble frente: el municipal y el judicial.

El primero de ellos tiene su primera cita marcada este mismo martes, día 14. Se trata del desarrollo de las primeras comparecencias ante la comisión de fiscalización promovida por los grupos progresistas que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) para esclarecer si hubo anomalías en la tramitación de dicha promoción, después de que trascendiese la identidad de algunos de los compradores de esos pisos.

Como viene informando este diario, entre los socios cooperativistas que los adquirieron figuran la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman (que ahora ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación); dos arquitectos municipales (Francisco Nieto y Elsa Lloret), así como otros nueve funcionarios municipales no vinculados a las áreas de Urbanismo o Contratación, y la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez (que ejerció como asesor municipal en los dos últimos mandatos previos, desde 2015 hasta 2023).

Además, el objetivo de esa comisión sería evitar que puedan reproducirse esas hipotéticas anomalías en otros proyectos para la construcción de VPP que se desarrollen sobre parcelas municipales, como las que se prevé construir sobre el solar de la Calle Ceuta, en el barrio de San Blas (objeto de otra subasta convocada por el Ayuntamiento, después de que el equipo de gobierno, del PP, renunciase a promover esos pisos de forma directa) o las que se edificarán sobre otros cinco solares cedidos a la Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) en el marco del Plan Vive. 

El segundo frente llegará un día después, el miércoles 15, cuando está previsto que presten testimonio tres técnicos de la Conselleria de Vivienda ante la jueza que asume la instrucción de las diligencias sobre la controversia, a instancias de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias directamente ante el juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Benalúa, después de que se hubiesen registrado hasta cuatro denuncias previas ante la Fiscalía.

En el escenario municipal, la sesión de la comisión -retrasada respecto a este lunes (la fecha acordada inicialmente) para que no coincidiese con el acto de presentación del proyecto del Parque Central- debería permitir que se arrojase luz sobre el inicio del expediente respecto a la enajenación de la parcela del distrito de Playa de San Juan en el que se construyeron los 140 pisos de Residencial Les Naus: un solar situado entre la avenida Historiador Vicente Ramos y la calle las Redes que, antes de que se decidiese subastar para promover VPP, llegó a plantearse como emplazamiento para construir la nueva comandancia de la Guardia Civil y que incluso llegó a plantearse como fórmula de pago en una operación de permuta con el Obispado de Orihuela-Alicante para que el Ayuntamiento pudiese disponer del edificio del antiguo Asilo de Benalúa.

Como mínimo, ese habría sido el propósito de las citaciones planteadas por los representantes de los grupos opositores al detallar la primera ronda de comparecientes. Y ese es el foco sobre el que girarían gran parte de las preguntas que se pretende trasladar a los técnicos municipales llamados a comparecer, tras la revisión de la documentación sobre el conjunto de los expedientes municipales relacionados con Les Naus que se ha puesto a su disposición (entre los que insisten en denunciar que existen omisiones, como el informe elaborado por la Policía Local en las visitas giradas a la urbanización para comprobar cuántos de esos pisos estaban ocupados y la identidad de sus moradores). 

El acuerdo concertado -tras un tenso debate- entre los cinco grupos políticos representados en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) preveía que, en esa primera sesión de trabajo de la comisión, se solicitase la presencia de los dos máximos responsables del área de Patrimonio, que advirtieron de la existencia de una posible incompatibilidad o conflicto de interés al conocer la identidad de los compradores de los pisos en la última fase del contrato de enajenación del suelo: la de la comprobación de que ese solar había tenido el destino para el que estaba reservado y por el que se convocó la subasta. Es decir, que se construyeron VPP y que se vendieron. Esos funcionarios dieron la voz de alarma a través de un informe fechado a finales de enero, días antes de que la polémica se publicase en los medios de comunicación. Según la versión que ha mantenido el equipo de gobierno, ese aviso fue el que llevó al alcalde, Luis Barcala, a solicitar la apertura de un expediente de averiguación de hechos. En sus conclusiones, no se hallaron incompatibilidades, aunque se acabó presentando una denuncia en Fiscalía.

Además, los cinco grupos políticos también solicitaron que, en esa primera reunión, se llamase a comparecer ante la comisión a los técnicos que elaboraron los pliegos de condiciones de la subasta del solar: dos funcionarios ya jubilados. Y, por último, también se convino que se citase a los dos técnicos que estuvieron a cargo del seguimiento del contrato de venta del solar, entre los que figura el arquitecto Francisco Nieto, dada su participación en algunas de las reuniones celebradas en esa tarea, pese a que no llegó a ser designado como director responsable de su control.

Sin obligación de comparecer ni de responder

No obstante, esa primera sesión podría no resultar tan productiva como podría desearse para tratar de obtener aclaraciones, como pretenden los grupos opositores puesto que está en el aire la presencia de varios de los técnicos llamados a comparecer. Lo cierto es que ninguno de los comparecientes está obligado a atender al llamamiento. Y, como mínimo, los dos técnicos de Patrimonio ya han confirmado que no acudirán a la comisión, según pudo constatar este diario, por lo que no existirá la posibilidad de cuestionarles sobre ningún aspecto. Al tiempo, no existiría tampoco ninguna certeza respecto a la posibilidad de que acudan los dos técnicos que elaboraron el pliego de la subasta. Se les giró invitación a sus domicilios a través del servicio postal y, al menos hasta mediados de la semana pasada, no constaba respuesta por su parte.

Igualmente, no ha trascendido que Nieto y el director del contrato hayan confirmado su asistencia. Además, en el caso de que alguno de ellos participe en la sesión, tampoco estaría obligado a contestar a las preguntas que se les formule. Por si fuera poco, no tendrían por qué responder necesariamente con la verdad. Eso sí, sus manifestaciones podrían acabar siendo trasladadas al juzgado instructor por parte de alguno de los grupos políticos: una circunstancia de la que se les advertirá antes de su posible comparecencia, como hizo constar el presidente de la comisión y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, en la reunión constitutiva de ese órgano municipal.

De este modo, por el momento solo se tiene constancia efectiva de las peticiones de comparecencia, pero no de su resultado. Una situación que podría extenderse para la segunda sesión de la comisión, que debería celebrarse el 24 de abril, con la presencia de los técnicos que participaron en el expediente urbanístico de concesión de licencia para la construcción del residencial, en el que los grupos políticos concertaron que se llamase a comparecer al jefe del área de concesión de permisos, así como a la arquitecta municipal Elsa Lloret, que compró una de las viviendas en el residencial y que, a su vez, es esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que validó los 140 contratos de compra de los pisos.

Hasta ahora, no consta que se les haya girado citación, como tampoco ha sucedido en el caso de los comparecientes previstos para la tercera sesión, a desarrollar el 11 de mayo, centrada, esta vez, en representantes políticos. Entre ellos, se prevé llamar a comparecer a varios cargos del extinto tripartito para que expliquen los pormenores del inicio del expediente de subasta, que se abordaron a partir de 2016, según las explicaciones facilitadas por el propio Barcala en su comparecencia ante el pleno, a instancias de los grupos opositores. En esta línea, se prevé girar invitación al exalcalde socialista, Gabriel Echávarri; a la exedil de Hacienda, Sofía Morales; y al exedil de Contratación, Natxo Bellido. También se aspira a que comparezcan el exconcejal de Hacienda por el PP, Carlos Castillo; y a la exedil de Contratación, María Dolores Padilla; y a la exconcejal de Urbanismo, Mari Carmen de España, que asumieron esas competencias tras la ruptura del tripartito.  En principio, en esa sesión también podría solicitarse la comparecencia de la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman. Por ahora solo algunos de ellos, como Bellido o Castillo, han mostrado su disposición a acudir a la comisión, siempre que sus ocupaciones se lo permitan. El resto de comparecencias no se ha llegado a precisar en fechas concretas, aunque sí se ha anticipado la intención de que llamar al actual alcalde, Luis Barcala; a la consellera de Vivienda, Susana Camarero; al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su sustituto en el cargo, Juan Francisco Pérez Llorca. Este último, como mínimo, ya manifestó este viernes -en su visita a las obras de construcción de la Estación Central del Tranvía en Alicante- que estudiaría la petición en el momento en el que llegase, aunque apuntó que la deriva que había observado que estaban teniendo ese tipo de comisiones no servía para desentrañar los hechos, y que de ello ya se encargaba la justicia.

Cita en el juzgado

Precisamente, en lo que respecta al escenario judicial, la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante prevé tomar declaración este miércoles a tres funcionarios autonómicos del Servicio Territorial de Vivienda en Alicante. Se trata del director territorial de la conselleria en Alicante, Juan Manuel Galbis; de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas; y del secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Caturla. Todos están citados en calidad de testigos. Tienen la obligación de acudir (bajo apercibimiento de multa) y, además, de decir verdad. Su llamamiento se produce a instancias de la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que puedan ofrecer explicaciones adicionales respecto al informe evacuado por el departamento autonómico respecto a las comprobaciones realizadas en los contratos de compra de los 140 pisos visados por el funcionario Roberto Palencia, ya suspendido de empleo y sueldo después de que se advirtiese que había validado el correspondiente a su propia esposa (Elsa Lloret) sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) a pesar de formar parte de la misma unidad familiar conviviente.

En ese informe, aportado al juzgado, se concluía que seis de los adquirientes de los pisos no cumplían los requisitos establecidos en el decreto regulador de acceso a una VPP para comprar una vivienda de esa tipología (básicamente, no tener otra vivienda en propiedad y no contar con ingresos anuales superiores a los 54.600 euros, que pueden superar los 60.000 euros en determinados supuestos, como tener hijos o mayores a cargo). Además, en ese informe también se señalaba que otros tres socios cooperativistas no había aportado la información adicional que se les había requerido en varias ocasiones para poder verificar si se ajustaban a esas condiciones, por lo que se presumiría que tampoco las cumplían. El objetivo de Anticorrupción sería conocer qué tipo de comprobaciones se habían realizado y cómo se visaban esos contratos de forma habitual, entre otros puntos. Todo parece indicar que se producirán próximas citaciones a partir del testimonio que ofrezcan esos tres primeros testigos. Hasta el momento, no se ha practicado ninguna otra prueba adicional, al margen de la solicitud de informe sobre el patrimonio de los 140 adquirientes encomendado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).