ALICANTE. La comisión municipal promovida por los tres grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante para fiscalizar la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en el distrito de Playa de San Juan, así como cualquier otra promoción de VPP desarrolladas o a desarrollar en el marco del Plan Vive, comienza a funcionar con la determinación de un primer calendario de trabajo. 

Las cinco formaciones representadas en la corporación -PP, PSOE, Vox, Compromís y EU Podem- han cerrado este viernes las fechas y parte del contenido de las cuatro primeras sesiones de análisis que se abrirán con las comparecencias de los funcionarios municipales que pudieron tener algún tipo de participación en los expedientes que dependieron del Ayuntamiento en los 140 pisos de Residencial Les Naus. Es decir, la venta del solar municipal en el que se construyeron (un proceso que se inició en 2018 y se completó en 2022, por sentencia del Tribunal Superior de Justicia), y la concesión de la licencia de obra para su construcción.

Ese es el pacto que se ha conseguido alcanzar tras cerca de una hora de pulso y discusión respecto al listado de comparecientes a los que se girará solicitud de intervención ante la comisión, en el que se ha aplazado las citaciones respecto a los representantes políticos a partir de la tercera sesión, tras un enfrentamiento dialéctico entre los representantes de PSOE, Compromís y EU Podem (partidarios de que citar en último lugar a los cargos políticos) y los de Vox (que han abogado por seguir un orden cronológico y cuestionar también a los primeros políticos que intervineron en el proceso con antelación).

A la postre, se ha convenido que la primera de esas sesiones de trabajo de la comisión se celebrará el próximo lunes 13 de abril con las comparecencias de los técnicos municipales vinculados al área de Patrimonio, y los dos que elaboraron el pliego de condiciones de la subasta del solar en el que se construyeron las viviendas de la polémica (ambos ya jubilados). Entre ellos, figuran la jefa del área que emitió el primer informe en el que se alertaba de la posible existencia de una incompatibilidad o posible conflicto de interés, en la medida en que entre los adquirientes de los pisos se incluía la ya exconcejal de urbanismo, Rocío Gómez; un primer arquitecto municipal, Francisco Nieto (también citado a comparecer en la misma reunión), y los hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que vuelve a ocupar su plaza como jefa de Contratación.

La segunda sesión tendrá lugar el viernes 24 de abril, con la presencia de cinco técnicos del área de Urbanismo con la intención de que puedan ofrecer explicaciones respecto al expediente de concesión de la licencia de obra. Entre ellos figura el jefe del área de Licencias, así como la arquitecta municipal Elsa Lloret, que también fue una de las adquirientes de los pisos (y sobre la que concurre la circunstancia de ser la esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos de los 140 pisos). 

Los políticos en activo, después

La tercera sesión tendrá lugar el 11 de mayo. Será en esa reunión en la que se producirán las primeras comparecencias de representantes políticos, entre los que figuran tres cargos del extinto tripartito a propuesta de Vox. Se trata del exalcalde socialista Gabriel Echávarri; del exconcejal de Contratación, Natxo Bellido (Compromís); y de la exconcejala de Hacienda, Sofía Morales (PSOE). El objetivo de Vox sería que pudiesen ofrecer explicaciones sobre el inicio del expediente de venta del solar, toda vez que fue en 2016 cuando se iniciaron sus primeros trámites, según el relato ofrecido hasta ahora por el propio alcalde, Luis Barcala, en la comparecencia ante el pleno forzada por los tres grupos del eje progresista días después de que trascendiese la controversia sobre la identidad de los compradores de los pisos.

Además, también se cursará solicitud para que comparezcan el exconcejal de Hacienda del PP, Carlos Castillo; de la exconcejal de Contratación, María Dolores Padilla; y de la exconcejal de Urbanismo, Mari Carmen de España. Los tres asumieron esas responsabilidades tras la dimisión de Echávarri, entre abril de 2018 y las elecciones de mayo de 2019. En esa misma jornada también está previsto que se cite ante la comisión a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman.

Por último, los cinco grupos políticos han convenido que la cuarta y -de momento- última sesión programada se celebre el 22 de mayo. Eso sí, no se ha llegado a plantear qué comparecencias se pretende que se produzcan entonces, a la espera de conocer el desarrollo de las primeras sesiones. En principio, se prevé que las sesiones de trabajo puedan extenderse más allá de esa fecha, puesto que todavía deberían agendarse las citaciones planteadas por los grupos del eje progresista respecto a los policías que giraron visita a las viviendas de Les Naus para comprobar cuántas viviendas estaban ocupadas por sus propietarios; así como la de la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, o la de concejales en activo como Nayma Beldjilali o el propio alcalde Luis Barcala. Además, también se ha anticipado la intención de solicitar la comparecencia de la consellera de Vivienda, Susana Camarero, y del expresidente del Consell, Carlos Mazón, entre otros.

En todo caso, el vicealcalde, edil de Recursos Humanos y presidente de la comisión, Manuel Villar, ha vuelto a incidir este viernes en que ninguna de las personas a las que se invite a comparecer ante la comisión están obligadas a hacerlo. Ni tan solo los funcionarios. Además, ha insistido que, aquellos que sí decidan acudir, podrán no contestar a las preguntas que se les formulen. Y, como ya hizo este jueves, ha apuntado que se advertirá a los comparecientes de que existe la posibilidad que sus explicaciones puedan derivarse al juzgado que instruye las diligencias penales sobre las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de gestión y compra de las viviendas.

Confidencialidad en la documentación

Al tiempo, Villar ha precisado, en el arranque de la comisión de este viernes, que todos los grupos políticos municipales tendrán a su disposición (previsiblemente este mismo viernes, cuando se había anunciado que se facilitaría este pasado miércoles) la documentación que obra en el Ayuntamiento respecto a la gestión de las viviendas de Residencial Les Naus, de forma que la podrán consultar a través de una plataforma informática a la que se tendrá acceso mediante claves personales.

Eso sí, ha insistido en que esa documentación no difundirse ni hacerse pública, puesto que contiene datos personales y debe velarse por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, por lo que se ha emplazado a todos los miembros de la comisión a firmar un compromiso de confidencialidad, en el que se indica expresamente que esa información no podrá imprimirse, ni descargarse, ni remitirse a terceros.