ALICANTE. Los trabajos de la comisión municipal de fiscalización sobre las presuntas irregularidades registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 llegan a su fin. Ese foro político de análisis de los expedientes y procedimientos seguidos se ha cerrado este viernes tras la exposición de las conclusiones formuladas por el conjunto de grupos políticos municipales (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem), sin que se haya alcanzado un dictamen compartido capaz de prosperar por mayoría absoluta. Así, la comisión ha concluido con la votación de las cinco propuestas de conclusiones planteadas la semana pasada, sin que se haya intentado una hipotética redacción sobre los aspectos compartidos que pudiese generar consenso. Ni tan solo en lo que respecta a la posibilidad de que se adopten medidas correctoras a futuro para evitar que puedan producirse situaciones similares de presuntos conflictos de interés o supuestas incompatibilidades, con herramientas que permitiesen reforzar los controles de ese tipo de procedimientos, como habían sugerido Vox y Esquerra Unida Podem en sus respectivos escritos de conclusiones.
De este modo, las conclusiones del PP han sumado el equivalente a los 14 concejales de su grupo, y el rechazo de los 15 concejales que suman PSOE (8), Vox (4), Compromís (2) y EU Podem (1). Las del PSOE, Compromís y EU Podem han recabado el equivalente a los once concejales que representan a los tres grupos. Y las de Vox solo han sumado la de sus propios concejales. Todo, a pesar de que el diagnóstico compartido por las cinco formaciones políticas es que el proceso administrativo relacionado con la construcción y compra de esas viviendas sobre suelo municipal habría registrado fallos, sin entrar a valorar posibles responsabilidades de carácter penal o civil, que debe dilucidar el juzgado que instruye las diligencias sobre el procedimiento seguido en la gestación de esas VPP.
Eso sí, esa unidad se ha roto en lo que respecta a las causas o responsabilidades políticas de esos fallos. En los ejes centrales de esas conclusiones, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha insistido en que los procedimientos que quedaban bajo la responsabilidad del Ayuntamiento fueron correctos y ajustados a la normativa, y ha señalado que debería revisarse y corregirse ese marco regulador para evitar que esos fallos puedan volver a producirse en el futuro. Con ello, se habría mantenido la tesis que defendió el propio alcalde, Luis Barcala, días después de que trascendiese la polémica, cuando instó a que se promoviese un cambio legislativo para reforzar los controles y evitar que las VPP pudiesen quedar en manos de personas que no cumpliesen los requisitos de renta económica limitada. Además, el PP también ha sostenido que, a diferencia de lo que se ha tratado de dar a entender, el procedimiento de venta del solar se puso en marcha en 2016 bajo la etapa de gestión del extinto tripartito.
Por su parte, el grupo municipal de Vox ha planteado que en esos fallos registrados en el proceso existiría una responsabilidad compartida, ya que el inicio del expediente de venta de la parcela -lo que incluye la elección del solar a subastar- fue decisión del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), mientras que su adjudicación y todos los acuerdos posteriores fueron competencia del Partido Popular (PP). Y PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han limitado toda la responsabilidad política al PP al considerar que no aplicó los controles que hubiesen sido necesarios para supervisar los procedimientos de venta del solar y del cumplimiento del contrato, a pesar de que hubo informes y circunstancias que deberían haber disparado todas las alarmas, según ha sostenido la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló. En esta línea, los tres grupos del eje progresista han señalado como máximo responsable de esos supuestos fallos en los procedimientos municipales al propio alcalde, a quien han recriminado su decisión de no comparecer ante la comisión para aportar explicaciones que pudiesen haber ayudado a esclarecer lo sucedido.
En esta línea, las tres formaciones han coincidido en volver a reclamar su dimisión. Además, Compromís también ha añadido la exigencia de que también dimita la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, tras incidir en que no se ha podido determinar por qué no actuó desde el 15 de enero, cuando la jefa del departamento le informó de una supuesta incompatibilidad o conflicto de interés al conocer la identidad de los compradores de los pisos y su vinculación con cargos políticos o funcionarios municipales, y el 27 de enero, cuando, según ha venido sosteniendo el alcalde, tuvo conocimiento del informe definitivo evacuado por Patrimonio sobre esas supuestas incompatibilidades, lo que le llevó a encargar un informe de averiguación de hechos sobre lo sucedido. Al tiempo, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem también ha considerado que el presidente de la comisión, Manuel Villar, también debía asumir responsabilidades por la forma en la que había dirigido ese foro de trabajo y haberse negado, también, a comparecer para responder a las preguntas que pudiesen formularle.
Por último, también ha habido discrepancias respecto a si la propia comisión había cumplido los fines para los que fue creada. El PP ha considerado que sí habría quedado claro que los procedimientos que dependían del Ayuntamiento habían sido los correctos, mientras que tanto Vox como los tres grupos del eje progresista han lamentado la falta de documentación y el hecho de que se haya favorecido que las personas llamadas a comparecer se hayan ausentado.
Todo ello, al margen de la discusión planteada en torno a cuándo conoció realmente el equipo de gobierno la identidad de los compradores de los pisos, y si trató de ocultarlo, entre los que se encontraba la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, dos arquitectos municipales y los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, además de otros nueve funcionarios municipales no vinculados con las áreas de Patrimonio, Urbanismo o Contratación. Una disputa que se ha centrado, esta vez, en las manifestaciones ofrecidas por el exconcejal de Patrimonio, Toni Gallego, ante el juzgado, el pasado miércoles, en las que volvió a reiterar -como ya declaró en la comisión de investigación de las Cortes- que él supo en julio de 2024 que Gómez era una de las cooperativistas que compró vivienda en el residencial porque ella se lo dijo minutos antes del pleno de ese mes, cuando, además, le pidió que fuese él quien respondiese a una pregunta plenaria registrada por Compromís respecto a los criterios para la compra de esos pisos.
En este sentido, el PP ha vuelto a defender que las manifestaciones de Gallego no eran correctas y ha aportado un certificado informático sobre el correo remitido a todos los concejales del equipo de gobierno 14 horas antes de la sesión plenaria con el reparto de las intervenciones en ese pleno y el sentido del voto en cada punto del pleno, que también se ha registrado ante el juzgado que instruye las diligencias sobre las presuntas anomalías detectadas en la gestión y venta de las VPP, como ya ha informado este diario.
Este diario publicará este sábado un análisis sobre el alcance de cada una de las propuestas y las implicaciones de su debate.
